Como bien señaló la gobernadora de Yucatán, la obra pública no puede detenerse, porque eso significaría contraer la economía. La obra pública genera empleos directos, carreteras, vías, banquetas, parques, mejoras en infraestructura en municipios, instalaciones de agua potable, alumbrado público, el malecón de Progreso, etc.
La deuda pública no siempre cae bien a los demás. Pero hay que tomar en consideración que Yucatán no es un Estado industrial que genere miles de empleos directos y grandes salarios. La actividad empresarial en la entidad se centra en la prestación de los servicios y en el turismo. Yucatán dispone de un presupuesto compuesto en un 90% por las participaciones federales y el resto por la producción interna.
Pocos saben que el gobierno federal no ha aportado sus participaciones de manera oportuna, y en muchas ocasiones ha puesto trabas administrativas difíciles de salvar el monto de lo que no se percibirá por participaciones federales será de poco más de 1,400 millones de pesos. En algunas situaciones por la falta de una firma de algún funcionario y en otras por el requerimiento de algún estudio sacado de la manga. Sin duda, no ha habido romance entre el gobierno federal y el gobierno del Estado.
De los 1,870 millones de pesos que se obtendrán, 500 millones serán utilizados para el cumplimiento de diversos compromisos contraídos con anterioridad y por lo tanto son ineludible. El gobierno no se guarda el dinero, lo pone a trabajar. No sería buena estrategia una moratoria, por eso es bueno que el gobierno cumpla con sus compromisos.
El resto del préstamo servirá para fomentar las condiciones económicas necesarias para la inversión privada y pública, indispensables para la activación de la economía local. Ni despidos ni falta de obra, ese es el compromiso del ejecutivo estatal para la adquisición de éste préstamo.
Ahora bien, será necesario que la administración de dichos recursos impacte rápidamente en la economía local. No me cabe la menor duda que el problema no es la transparencia y la rendición de cuentas sino el rendimiento de dicha inversión. Y digo esto, porque existen los procedimientos institucionales que regulan la transparencia en el accionar del gobierno; pero en el caso del rendimiento de la mencionada inversión creo que deberá notarse en el bolsillo de la gente lo más pronto posible. La confianza de la población radica en la acción solidaria del gobierno, es decir, si la población siente la ayuda, apoyará esto y mucho más.
En cuanto al alcalde de Mérida que le pide al gobierno del Estado que del empréstito que adquirirá le toque una porción para inversiones en la Ciudad, considero que es oportunista. Como le recordó la gobernadora, nunca participó en los trabajos de planeación para presentar la solicitud del préstamo en cuestión, pero también le recordó que gracias a la Ley de Presupuesto, podrá adquirir su propio préstamo en el momento que así lo desee.
Al alcalde no le saldrán bien las cuentas si registra un préstamo a largo plazo, pues su periodo de gobierno está próximo a acabarse. Ha presumido de sus buenas maneras de gobernar, por eso pensó en “pegar su chicle” pero no en el árbol para salvar al centro histórico, sino en la voluntad de la gobernadora. Una jugada más política que nada. Se ve que César Bojorquez no es político pero si un administrador muy oportunista.
