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43 empleados despedidos por presuntos actos de corrupción regresan exhonerados a sus puestos

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Según informes recabados en el propio ayuntamiento, la decisión más reciente sobre ese caso con el que se quiso aplicar la política de “Cero tolerancia contra la corrupción” en la Comuna es que los 30 empleados que seguían suspendidos, sin que cobren pero también sin que se les pueda despedir, serán reincorporados a sus puestos, “para que hagan algo”.

Esta última decisión fue tomada por la Dirección de la Contraloría, que es la que ha tenido que pagar los salarios caídos de los suspendidos.

El contralor municipal, Juan Carlos Gálvez Mujica, explicó que ya se concluyeron 12 resoluciones, de entre las cuales sólo en dos se pudieron aplicar sanciones, mientras que a los 10 empleados restantes se les reincorporó a sus puestos con la obligación de pagarles por los días que no se les permitió laborar.

Faltan 30 resoluciones más, pero como el ayuntamiento no puede suspender por más de tres meses a los trabajadores sin que se concluya alguna investigación, la Contraloría decidió regresarlos a trabajar, mientras se hacen los últimos pasos para finiquitar sus casos.

La medida de suspenderlos la dio a conocer en febrero el entonces contralor, Alberto Rodríguez Carrillo, quien aseguró que en tres meses determinarían las responsabilidades de los malos elementos. Un mes más tarde Rodríguez Carrillo renunció.
 
Los suspendidos, en su mayoría inspectores de las diversas áreas del ayuntamiento y elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito municipal, dejaron de laborar y sus salarios fueron suspendidos.

De los 42 empleados suspendidos, 10 son sindicalizados, pero las condiciones tanto de los de confianza como de esta decena de trabajadores son las mismas. De ese total, 24 pertenecen a la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito.

A finales del año pasado el entonces titular de la Contraloría informó que 2009 cerró con 34 sanciones a trabajadores municipales, y otros cuatro fueron dados de baja.
Excesos en sus funciones y actos de corrupción fueron el común denominador de las investigaciones que realizó la Contraloría a personal perteneciente a las direcciones de Fiscalización, Comercio en Vía Pública y la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito, principalmente.

En el caso de los oficiales de Tránsito, Policía Turística y Seguridad Preventiva, las quejas generalmente apuntaban hacia abusos de autoridad al momento de realizar arrestos, y extorsiones cuando se aplicaban multas y sanciones, como en el caso de los inspectores de áreas como Fiscalización y Comercio en Vía Pública.

Sin embargo, aún no se concluyen los expedientes y de seguir más días sin que laboren los investigados, el ayuntamiento deberá pagarles si resultan absueltos.

En su momento la lideresa del Sindicato Único de Trabajadores del Ayuntamiento de Benito Juárez, Delia Alvarado, comentó que la medida sólo era para llamar la atención.

El problema básico que hace que se demore la resolución de los casos es que los expedientes que se les integraron a los suspendidos se integraron en grupo, por lo que se analizan y tienen que resolverse también en bloque, lo que evidentemente dificulta precisar culpas y sanciones