El PRI, en la rebatinga de quién da más, ha sugerido realizar una reforma constitucional para desaparecer el financiamiento público y los legisladores plurinominales federales y locales. Esto ya cuando el pasado 8 de septiembre arrancó el calendario escolar y en la Constitución Política mexicana en el artículo 105 se establece que antes de 90 días de iniciado el proceso electoral no se puede realizar cambios en material electoral.
Ahora bien… ¿qué significa una reforma constitucional?
Todo inicia con una iniciativa de ley que deberá presentarse a una de las cámaras legislativas. La aprobación se debe dar por mayoría calificada, es decir, el 75 por ciento más uno. La aprobación debe pasar por ambas cámaras, tanto la de diputados como la de senadores.
Una vez aprobada por amas cámaras se tiene que enviar a todas las legislaturas locales. Es necesario que se cuente, por lo menos, con 17 aprobación de la reforma en los congresos locales. Recibidas las evidencias de aprobación por el Congreso entonces procede la promulgación y entrada en vigencia.
Entonces deberán modificarse las leyes reglamentarias. Se tiene que ajustar la legislación con el texto constitucional aprobado.
Como se trata de la desaparición de los legisladores locales, es decir, de los diputados, es necesario que cada entidad emprenda también un proceso para cambiar sus propias constituciones y armonizar las leyes locales con las nuevas normas federales.
¿Se cuenta con el tiempo para cumplir con la ruta establecida para que los cambios cumplan con la legalidad?
Entiendo que muchas veces lo político termina sobrepasando la legalidad. Pero es muy claro que ante un hecho consumado como lo es el inicio del proceso electoral hay un impedimento legal para modificar la ley electoral.
Además, el impacto económico no va a ser inmediato. Las desapariciones de las diputaciones plurinominales en las entidades federativas solo aplicarían en los estados en donde hay elecciones en este 2018. No se le puede quitar a quien ya asumió un cargo para ejercerlo en un tiempo determinado la investidura legislativa.
Es más que claro que la propuesta no tiene un camino sencillo y llano de pasar de forma inmediata y expedita.
