El acuífero está sobreexplotado y hay desabasto de energía eléctrica en Baja California Sur, acusan asociaciones
La Paz, 27 Feb (Notimex).- Ante el anuncio de nuevos proyectos hoteleros en La Paz, organizaciones solicitaron una reunión con el alcalde Rubén Muñoz para conocer si el municipio puede hacer frente a los requerimientos económicos, sociales y ambientales que representan.
Además solicitaron se tomen las medidas adecuadas para no agravar la crítica situación existente respecto del agua y la energía.
Las asociaciones civiles Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), Centro para la Diversidad Biológica, el Colectivo de Académicos Sudcalifornianos, Cómo Vamos La Paz, Ponguinguiola y la Sociedad de Historia Natural Niparajá, dijeron conocer los enormes retos de la ciudad en materia de agua.
“Sin embargo, no sabemos si ya se otorgaron las licencias de construcción o se han otorgado derechos de conexión a nuevos desarrollos de alto impacto”, señalaron Alejandra Campos, de Sociedad de Historia Natural Niparajá, y Lucía Fraustro, directora de Cómo Vamos La Paz.
Un estudio del Instituto Municipal de Planeación de Los Cabos (IMPLAN) estima que para la operación de cada nuevo cuarto de hotel migran en promedio 12 personas, por lo que para cubrir los servicios básicos de cada persona (agua, drenaje, electricidad, alumbrado y vialidades, etc.) se genera un costo inicial aproximado de 84 mil pesos.
Es decir, que cada nuevo cuarto de hotel significa un gasto de más de un millón de pesos para el Ayuntamiento, a lo que tendrían que sumarse los costos en materia de salud y educación, además de, en su caso, el impacto ambiental de los proyectos.
Respecto al cumplimiento de la normas ambientales, indicaron que no está claro cómo se mantendrá la capacidad de carga (cantidad de impactos o daños que pueden sufrir por uso directo o factores externos) de ecosistemas clave como El Mogote y Balandra, ubicados en La Paz e inscritos en la lista de Humedales de Importancia Internacional bajo la Convención Ramsar.
“La Isla Espíritu Santo y Balandra son áreas naturales protegidas y sitios Patrimonio de la Humanidad, por lo que el Estado mexicano tiene obligaciones internacionales para preservarlos, frente al desarrollo de nueva infraestructura que pueda ponerlos en riesgo”, señaló Camilo Thompson, abogado de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA).
Datos proporcionados por el alcalde Ruben Muñoz en 2019, atribuidos a la Conagua, indican que La Paz tiene un déficit hídrico de 7.4 millones de metros cúbicos anuales.
Por otra parte, el año pasado la crisis energética en el estado generó una serie de apagones, por lo que el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) declaró al Sistema Eléctrico de Baja California Sur en estado de emergencia, por lo que la construcción de siete proyectos turísticos podría agravar la situación de la ciudad.
“Necesitamos que se considere la crisis de agua y energía que vive la región, antes de aprobar cualquier proyecto que pueda agravar la situación, por lo que las organizaciones solicitamos una reunión con el alcalde para externar nuestras preocupaciones y conocer las soluciones previstas”, finalizó Mario Sánchez, director Regional Noroeste del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA).