Esta figura es contraria a los derechos de niñas, niños y adolescentes, especialmente en materia de educación sexual y reproductiva; contraviene el carácter laico del Estado como eje rector de una sociedad plural y diversa
Lamentan que Congreso de Nuevo León haya modificado su marco jurídico en materia de educación e introduce una idea de carácter ético-religioso, discriminatoria y enfocada a penalizar la interrupción anticipada del embarazo
Palacio Legislativo, 15-07-2020 (Norilegis).- Diputadas de Morena alertaron sobre las implicaciones inconstitucionales que la figura de pin parental tiene contra los derechos de niñas, niños y adolescentes, especialmente en materia de educación sexual y reproductiva, que contraviene el carácter laico del Estado como eje rector de una sociedad plural y diversa.
En un comunicado, lamentaron que algunas entidades federativas hayan modificado sus leyes de educación para permitir esta figura que viola, no sólo la Constitución y las leyes generales, sino incluso los instrumentos internacionales en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes.
La diputada Adela Piña Bernal, presidenta de la Comisión de Educación, sostuvo que en el caso específico de Nuevo León, la modificación propone “crear conciencia sobre el respeto a la vida desde la concepción hasta la muerte natural”, lo cual ofrece una idea de carácter ético-religioso, discriminatoria por razón de género y enfocada a la penalización de la interrupción anticipada del embarazo.
“Recibir educación sexual y reproductiva y en materia de valores, es un derecho de la más alta importancia que no puede ni debe ser limitado para su enseñanza por las madres y padres de familia o tutores de niñas, niños y adolescentes, aduciendo convicciones de carácter ético o moral”.
En ese sentido, puntualizó que, en su carácter de legisladoras, no habrá oposición a que madres y padres eduquen a sus hijos e hijas dentro de sus hogares “en los valores que prefieran mientras esto respete sus libertades”.
“Sin embargo, en el ámbito de lo público, el Estado, como rector de la educación, debe velar siempre por la pluralidad, el respeto a los derechos humanos, la integralidad y la laicidad y eso es lo que haremos valer desde la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión”, declaró.
Por ello, Piña Bernal informó que se presentó una iniciativa para adicionar un artículo a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a fin de reconocer el derecho que tienen quienes ejercen la patria potestad de éstos de intervenir en la educación que se les habrá de dar, “siempre que el ejercicio de este derecho no implique limitar o negar la enseñanza de cualquier contenido educativo de los planes y programas de estudio oficiales, entre ellos, valores así como educación sexual y reproductiva”.
La diputada Wendy Briceño Zuloaga, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, sentenció que el pin parental es inconstitucional “y una muestra a calca de las corrientes más retrógradas, regresivas y anti- derechos que están surgiendo en algunos países”.
Es incongruente apelar a la Constitución para suprimir los derechos de mujeres, comunidad LGBTTTQ+, y de familias diversas, en el sentido de que en el país hay por lo menos 11 tipos de familia distintos y la forma tradicional a la que los defensores del pin parental apela, está basada en prejuicios de realidad pasada ya caduca que promueven la discriminación.
Llamó a las y los legisladores locales a no caer en las trampas de grupos anti- derechos, pues en su calidad de congresistas deben garantizar las libertades, la inclusión y la democracia.
Por su parte, la diputada Rosalba Valencia Cruz, presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia, recordó que en la base de la Convención sobre los Derechos del Niño se encuentra el mayor reconocimiento a niñas y niños como sujetos de derecho y no como objetos de protección.
Alertó que regiones donde se discuten iniciativas como el pin parental, responden a graves retrocesos que atentan y vulneran derechos fundamentales de la juventud mexicana.
“La educación debe impulsar el aseguramiento, protección y conocimiento de los derechos de niñas, niños y adolescentes y la forma de ejercerlos”, concluyó.
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