El Pleno del Senado de la República aprobó en lo general en votación nominal, por 70 votos a favor, 47 en contra y cero abstenciones, crear la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República.
La misma reglamenta la organización, funcionamiento y ejercicio de las atribuciones de la Fiscalía, como un órgano público autónomo a cargo de las funciones otorgadas al Ministerio Público de la Federación.
El texto establece que serán funciones del fiscal: investigar y perseguir los delitos; ejercer acción penal; procurar la reparación del daño de las víctimas; adoptar y, en su caso, promover la adopción de medidas de protección en favor de las víctimas, testigos u otros sujetos procesales.
También podrá intervenir en el proceso de ejecución penal, en acciones de extradición activa y pasiva, así como en las acciones de inconstitucionalidad o controversias constitucionales.
Dota al titular de la Fiscalía la facultad para elaborar el Plan de Persecución Penal que deberá considerar las prioridades nacionales establecidas en la política criminal para orientar las atribuciones institucionales, las prioridades en la investigación, persecución y ejercicio de la acción penal; así como los objetivos de la institución en el corto, mediano y largo plazos.
El Fiscal General deberá presentar dicho documento, al inicio de su gestión, ante el Senado de la República, y posteriormente un informe anual de los resultados y modificaciones al mismo.
La Fiscalía General de la República contará con cuatro Fiscalías Especializadas: en Materia de Derechos Humanos; en Delitos Electorales; en Combate a la Corrupción; y de Asuntos Internos. Los titulares serán designados y removidos por el Fiscal General.
El nombramiento del Fiscal General se sujetará a lo estipulado en el artículo 102, Apartado A, de la Constitución, es decir: a partir de la ausencia definitiva del fiscal General, el Senado de la República contará con 20 días para integrar una lista de al menos 10 candidatos, que enviará al Ejecutivo Federal, quien tendrá 10 días para formular una terna que regresará al Senado para que el Pleno elija al fiscal General.
Si el Ejecutivo no recibiera la lista en el plazo citado, enviará libremente al Senado una terna y designará provisionalmente al fiscal General, quien ejercería sus funciones hasta que haya una designación definitiva. El encargado de la Fiscalía podrá formar parte de la terna.
La Ley Orgánica establece que el titular de la Fiscalía sólo podrá ser removido por el Presidente de la República por incumplir de manera reiterada los fines institucionales; por participar, tolerar, consentir o apoyar violaciones graves a los derechos humanos, o cometer violaciones graves a la Constitución.
También crea una Coordinación General de la Fiscalía General, y faculta al coordinador General para suplir al Fiscal General en sus ausencias; representará legalmente a la Fiscalía en los asuntos jurídicos de acciones promovidas en su contra.
Asimismo, se encargará de coordinar y colaborar con entidades gubernamentales nacionales e internacionales para la implementación de esquemas de seguridad de víctimas, testigos y demás sujetos procesales.
La Fiscalía General contará con un Órgano Interno de Control que deberá prevenir, corregir, investigar y calificar actos u omisiones que puedan constituir responsabilidades administrativas de sus servidores públicos.
El titular del Órgano Interno de Control será designado por la Cámara de Diputados, con el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes. Durará en su encargo cuatro años y podrá ser designado para un periodo inmediato posterior.
La Ley Orgánica crea un Consejo Ciudadano, como órgano especializado de consulta y de carácter honorífico, que emitirá recomendaciones sobre el desempeño de la Fiscalía. Estará integrado por cinco ciudadanos que desempeñarán el cargo por cinco años improrrogables.
El ingreso, reclutamiento, ascensos, estímulos y recompensas del personal de la Fiscalía General de la República será regulado por el Centro de Formación y Servicio Profesional de Carrera; el cual pretende prevenir violaciones a derechos humanos y actos de corrupción.
Dentro de su estructura, la Fiscalía tendrá tres coordinaciones: una de Investigación y Persecución Penal; otra de Métodos de Investigación; y una de Planeación y Administración.
El senador Ramón Menchaca presentó el dictamen a nombre de las comisiones de Justicia y de Estudios Legislativos. Dijo que la ley, que consta de 64 artículos y 20 transitorios, genera inquietud y polémica, aunque con ella se dispondrá de un instrumento del Estado para combatir la corrupción y la impunidad.
Dijo que hará eficientes los esfuerzos realizados para transformar nuestro sistema de justicia, particularmente al sistema penal. Resaltó la creación de un órgano de asuntos internos, porque actualmente la justicia está envuelta en controversias de corrupción y es señalada como ineficiente.
POSICIONAMIENTOS DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS
Al iniciar la ronda de posicionamientos, la Mesa Directiva concedió el uso de la palabra al senador Emilio Álvarez Icaza, sin Grupo, previa consulta a los Grupos Parlamentarios.
El senador dijo que el 15 por ciento de las iniciativas que se han presentado en la LXIV Legislatura son de carácter punitivo, a lo que se refirió como un modelo fracasado. Dijo que es una lógica que pretende responder a la falta de justicia, pero lo que resarcirá esa demanda, subrayó sólo será una Fiscalía autónoma e independiente.
Para conseguir esa meta es necesario reformar el artículo 102 constitucional, señaló. “Porque si no tenemos una Fiscalía federal autónoma e independiente, sin la intervención del Presidente, se va a reproducir en los estados”.
A nombre de Encuentro Social, la senadora Sasil De León aseguró que esta cambiará la manera de administrar y procurar la justicia en el país, a través de un nuevo modelo flexible.
Dijo que en esta nueva etapa democrática habrá resistencias naturales a los programas y planes de gobierno del Presidente electo. Sin embargo, consideró que las posturas en contra de este proyecto no tienen argumentos de fondo.
El senador Juan Zepeda, del PRD, advirtió que este ordenamiento no puede ser aprobado como se plantea. Tiene que pasar por una reforma al 102 Constitucional para sacar al Presidente de la República –sea quien sea– de la esfera de decisión en la designación del Fiscal General y cumplir con el anhelo de acabar con la corrupción y garantizar una Fiscalía autónoma. En ese sentido, se refirió a la propuesta como “una simple simulación”.
Para el senador Miguel Ángel Macera, también del PRD, se trataba de crear una institución autónoma, pero el dictamen establece que el Fiscal General podrá ser removido directamente por el Presidente de la República.
El proyecto, dijo, tampoco toma en cuenta al Instituto Nacional de Ciencias Penales. Y preguntó: ¿lo vamos a borrar de un plumazo, con 40 años de historia? ¿Cómo se va a regular la relación con la policía de investigación?
A nombre del Grupo Parlamentario del PVEM, Israel Zamora destacó que la Fiscalía General de la República, cuya creación tiene un retraso de cuatro años, será el órgano más importante de procuración de justicia y pilar fundamental del Sistema Nacional Anticorrupción.
Afirmó que con este dictamen se establece un plan de persecución penal, que reorientará los recursos humanos, materiales y financieros para dar prioridad a las situaciones que más transgreden a la sociedad.
Geovanna Bañuelos, senadora del PT, a su vez, subrayó que México está agraviado por las omisiones y errores de sus autoridades. Solicitó actuar con congruencia, jubilar a la PGR y avanzar a una verdadera procuración de justicia.
Destacó que ahora comienza el proceso de transformación legal e institucional que la República demanda. La justicia selectiva no será característica de los nuevos tiempos, sí el combate frontal a la corrupción, delincuencia e impunidad. Agregó que con esta, el Senado sentará las bases para revertir el atraso y descomposición que priva en la procuración de justicia del país.
El senador Samuel García, de Movimiento Ciudadano, aseguró por su parte que en el dictamen persiste la subordinación al Ejecutivo. El personal de la PGR se traslada a la nueva Fiscalía “con vicios, cuotas y compadres”, sólo cambia el nombre. Tampoco se incluyen tecnologías, tratados e intercambio de datos. Por ello, su Grupo Parlamentario está en contra de un “fiscal carnal”.
En su opinión, no habrá reforma constitucional en un año: “se los firmo”. Vine al Senado para revertir el gasolinazo y por una Fiscalía que sirva. Por eso no voy con este dictamen. Primero debemos tener una reforma constitucional y luego al Fiscal, agregó.
Al fijar la postura del PRI, la senadora Claudia Anaya consideró que el futuro Fiscal no debería tener la facultad de remover a los fiscales especiales, coordinadores e integrantes del Consejo Consultivo, porque esto no permitirá la independencia en la investigación.
Recordó que las organizaciones de la sociedad civil advirtieron que para reducir la impunidad y hacer efectiva la justicia, es necesario conceder autonomía a la Fiscalía General. “Hoy quienes voten a favor, harán lo que tanto han criticado: no hay reforma al 102”.
Por su parte, el PAN manifestó su rechazo en voz de Damián Zepeda, quien se refirió a la Fiscalía General como la institución más importante para combatir inseguridad, corrupción e impunidad.
Para que verdaderamente funcione, acotó, es necesario blindar todo el esquema de la Fiscalía con un andamiaje institucional que dote de independencia a todas las áreas en la realización de las sus respectivas funciones.
Por el Grupo Parlamentario de Morena, la senadora Olga Sánchez Cordero lamentó que, en ocasiones, la procuración de justicia haya sido utilizada como instrumento de persecución entre adversarios políticos. No podemos seguir dando prioridad a negociaciones políticas, ignorando las necesidades del país y sin escuchar a la sociedad civil, dijo.
Aseguró que la creación de la Fiscalía es un parteaguas en el combate a la corrupción, en el abatimiento de los altos índices delictivos y en el restablecimiento del Estado de Derecho. “La nación ya no tolera más indiferencia ni negligencia en esta institución, sumamente sensible para nuestro país”.
En la etapa de discusión en lo general del dictamen, 10 senadoras y senadores de todos los Grupos Parlamentarios expusieron las razones de su voto, a favor o en contra.
El proyecto aprobado derivó de dos iniciativas presentadas en el Senado de la República, para expedir la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República. Una de ellas fue propuesta por los senadores Ricardo Monreal, Olga Sánchez Cordero y Julio Menchaca, con aval del Grupo Parlamentario de Morena. La otra fue presentada por el senador Juan Zepeda, del Grupo Parlamentario del PRD.
Después de la votación en lo general, se discute el proyecto de Ley en lo particular, donde se hicieron reservas a diversos artículos.
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