Cámara de Diputados modifica el artículo 3 de la Ley General de Cultura Física y Deporte
El dictamen, avalado por unanimidad de 451 votos, se remitió al Senado para sus efectos constitucionales
La Cámara de Diputados, durante su sesión semipresencial, aprobó por unanimidad de 451 votos a favor, el dictamen que adiciona la fracción XIV al artículo 3 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, a fin de establecer la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres y la no discriminación por razón de género.
El documento, remitido al Senado de la República para sus efectos constitucionales, busca una mayor participación de la mujer en la práctica de actividades físicas en el tiempo libre, así como su inclusión en el deporte de alta competición, toda vez que sólo así se logrará una igualdad sustantiva.
Al fundamentar el dictamen, vía plataforma digital, el diputado Ernesto Vargas Contreras (Encuentro Social), argumentó que la aprobación de esta reforma garantiza que el Estado brinde las mismas condiciones a las mujeres que a los hombres para participar en el deporte, la cultura física y la educación física.
Recalcó que lamentablemente en la actualidad no se ha garantizado un trato idéntico, por lo que los estereotipos y roles influyen en la práctica del deporte, pues están ligados a la masculinidad, por lo que muchas mujeres que se desempeñan en estas disciplinas se sienten menos valoradas y con menos oportunidades de participación.
Indicó que de Acuerdo con el Instituto Nacional de las Mujeres y la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, las mujeres se encuentran en desventaja en la práctica deportiva, por lo que con esta aprobación se garantizará la igualdad sustantiva en esta área.
La diputada del PAN, María de los Ángeles Gutiérrez Valdez, indicó que con la aprobación de esta reforma se fortalece y hace visible el papel de la mujer en el ámbito deportivo y se elimina cualquier acto de discriminación por razón de género, fomentando con ello la disminución de la brecha de desigualdad.
Subrayó que estas acciones contribuirán a que se establezca la obligación expresa de garantizar la igualdad, con lo que se cumplirá con los objetivos de la Agenda 2030, al generar políticas públicas y esquemas específicos que impulsen la equidad de género y de oportunidades.
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