Aumento sin prevención, combate a las drogas sin sentido y razón

Uno de los temas que hoy se discuten es el cambio en la estrategia de combate de las drogas. El gobierno federal anunció en días pasados, después de su participación de la Reunión Especial de las Asamblea General de la ONU, una serie de 10 lineamientos que marcan una gran diferencia con respecto al rol que la nación mexicana ejecutaba en el combate contra las drogas.

En primera instancia hay que reconocer que el problema tiene una naturaleza compleja. Se tiene que ver desde diferentes aristas por la cadena en la producción, almacenaje, distribución y adquisición. A partir de la década de los 90’s la consolidación de los grupos delincuenciales dedicados a cada una de las etapas de la cadena en cárteles vino a transformar el mercado.

No podemos negar que, en el caso de México durante los 70’s y mitad de los 80’s los grupos dedicados al narcotráfico se dedican más a la logística del paso de la droga desde los países sudamericanos hacia los Estados Unidos donde se tenía el mayor consumo de ellas. Algunos expertos afirman que fue una época de control, inclusive del pago extralegal de impuestos a las autoridades para realizar esas prácticas sin persecución de las autoridades responsables.

El panorama cambio en los 90’s. Los grupos delincuenciales obtuvieron más poder de operación, reacción y financiero para expandir sus actividades ilícitas relacionadas con el mercado de las drogas. Se impulsa a finales de la década el consumo en territorio mexicano. Surge entonces el narcomenudeo. México no sólo era de paso, sino también de consumo.

Es entonces cuando en la década pasada surge el llamado a una guerra frontal contra el narcotráfico. Se instó a los cuerpos de seguridad con la participación del Ejército y la Marina, una cruzada para recuperar las calles de las manos de esos grupos de delincuencia organizada que fomentaban el consumo de drogas. Los resultados fueron desastrosos. Las calles, en lugar de convertirse en espacios de paz y armonía en la convivencia social, se volvieron campos de batalla donde han muerto varías decenas de miles de mexicanos, hombres, mujeres y niños, algunos culpables, otros inocentes.

La lucha se centró en lo que llamaban la desarticulación de los cárteles de la droga con la detención de los cabecillas. Pero ante la falta de investigación en inteligencia financiera que eliminará los recursos económicos, la solo detención de cabecillas abrían nuevas posibilidades a los mandos inferiores a formar sus propios grupos y disputar los territorios, desatando guerras internas en las organizaciones criminales. Los efectos de las acciones nos han llevado a una lucha que no parece tener cuartel con resultados cruentos y no efectivos para los objetivos que se proyectaban alcanzar.

Hoy se plantea revirar el asunto y atender la lucha desde la última etapa de la cadena de valor. No significa no atender la producción y distribución ilegal de la droga. Se trata de asumir un compromiso en el ataque al consumo. En una lógica con sentido común, si menos consumen, el mercado se acorta.

Pero eso implica para el Estado ocuparse de tareas en las cuales no ha querido invertir de forma clara y contundente. La concientización y la atención de los drogadictos se hacen desde la sociedad civil organizada o de forma privada. La primera no cuenta con los recursos económicos, ni la infraestructura adecuada y pertinente para ser efectivos. La privada, en cuanto la atención en la rehabilitación resulta muy onerosa y parece exclusiva de un sector con alto poder adquisitivo.

No existen políticas públicas que orienten acciones en el sector de salud pública para atender a la prevención en el consumo de drogas. Mucho menos en la hospitalización, desintoxicación y rehabilitación de los drogadictos.

El punto no es el aumento del gramaje de la mariguana o del uso medicinal de la misma que ya está amparado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así sea cinco o 28 gramos, es necesario contar ahora con políticas que se orienten a una estrategia más integral en la prevención y rehabilitación. Se entiende que el aumento propuesto en el gramaje se orienta a la no criminalización del drogadicto por la portación y uso. Pero de nada servirá la medida si no acompaña de acción preventivas.

Los que están a favor de la no prohibición les asiste la razón de que el consumo es algo que está garantizado. Llegar al punto de cero drogas resulta una utopía. Pero no debe quedar en el mundo ideal y de las buenas intenciones lo que el gobierno debe hacer para evitar que el consumo aumente. Es parte de la atención de la salud pública y del bienestar social fundamentales en su acción de gobierno.