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Bachelet: “Los disturbios en Ecuador tuvieron un alto costo humano”

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Una misión de la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos visitó Ecuador del 21 de octubre al 8 de noviembre para recopilar información de primera mano e identificar posibles abusos a las garantías fundamentales cometidos durante las protestas debidas al anuncio de un paquete de austeridad que incluía la eliminación del subsidio al combustible y una serie de medidas económicas y fiscales.

 

Al divulgar los hallazgos de ese equipo, Michele Bachelet declaró este viernes que los disturbios tuvieron un alto costo humano. “Las personas deberían poder expresar sus quejas sin temor a ser lesionadas o detenidas. Al mismo tiempo, es importante que los manifestantes no recurran a la violencia”, subrayó.

 

Según los datos recabados, durante los 11 días de disturbios sociales (del 3 al 13 de octubre), al menos nueve personas murieron y 1507 resultaron heridas, entre las que figuraban 435 miembros de las fuerzas de seguridad. El número de detenidos ascendió a 1.382. Hay denuncias de que muchas de estas personas fueron detenidas arbitrariamente.

 

Bachelet instó a todos los actores de la sociedad ecuatoriana a dialogar para prevenir nuevos conflictos y construir una sociedad inclusiva, intercultural y pacífica.

 

Violencia e investigaciones

Asimismo, pidió realizar investigaciones independientes, imparciales y transparentes sobre las denuncias de violaciones a los derechos humanos y abusos – incluyendo muertes, violaciones de las normas internacionales sobre el uso de la fuerza, y detenciones arbitrarias – y el saqueo y la destrucción de propiedades públicas y privadas, entre otras, perpetrados durante las manifestaciones.

 

La Alta Comisionada reconoció que la Fiscalía y la Policía han iniciado 17 y 31 investigaciones respectivamente, pero hizo hincapié en que deben indagarse las circunstancias que rodearon a todas las muertes y los casos de heridos graves.

 

Además, recalcó la necesidad de que se revisen los protocolos internos relativos al uso de la fuerza y que las autoridades se aseguren de que dichos procedimientos se ajustan a las normas y los criterios internacionales.

 

Algunos manifestantes también recurrieron a la violencia y varios individuos sin identificar han sido acusados de incitar y ejercer actos violentos. Disturbios, bloqueos de carreteras, saqueos, destrucción de propiedades públicas y privadas, cortes del suministro de agua, y daños a instalaciones de producción de petróleo se usaron para mostrar descontento. Según datos gubernamentales, más de 400 agentes de la policía y militares fueron retenidos contra su voluntad, y en varios casos fueron sometidos a vejaciones y malos tratos.

 

La sociedad civil, por su parte, reportó más de 100 agresiones a periodistas, tanto por las fuerzas de seguridad como por los manifestantes, e indicó que fue cortada la señal de algunos medios de comunicación.

 

En este renglón, llamó a las autoridades a abstenerse de hacer declaraciones o emprender acciones que estigmaticen a los pueblos indígenas y a los extranjeros, así como a los periodistas y opositores políticos, para evitar exponerlos a riesgos adicionales.

 

Detenciones

Con respecto a las presuntas detenciones arbitrarias, los arrestos masivos y las denuncias de tratos crueles y falta de debido proceso, Bachelet consideró que el Gobierno debería velar porque a los liberados sin cargos no se les atribuyan antecedentes penales como consecuencia del arresto.

 

“Por la misma razón, quienes sí han sido imputados deberían obtener un juicio justo y un trato acorde a la normativa internacional”, afirmó la Alta Comisionada, que también pugnó por la reparación de las víctimas.

 

Participación de todos los sectores

En cuanto a las causas de la crisis, la Oficina de la Alta Comisionada recomendó al Gobierno que promueva una estrategia de participación de todos los ecuatorianos en los asuntos públicos y vele porque ésta sea implementada.

 

Aseveró que la discriminación histórica y persistente contra los pueblos indígenas constituye una barrera que dificulta la eliminación de las desigualdades económicas estructurales y destacó la necesidad de que el Gobierno reconozca y aborde este problema con eficacia.

 

“La desigualdad social y económica sigue siendo un obstáculo estructural al desarrollo de amplios sectores de la sociedad, que durante generaciones se han sentido excluidos y que no ven perspectivas de futuro”, declaró Bachelet. “Es sumamente importante que la sociedad en su conjunto, con el liderazgo del Gobierno, emprenda la búsqueda de vías que lleven a la comprensión mutua, con miras a construir una sociedad integradora, pluricultural y pacífica”.

 

Finalmente, la Alta Comisionada agradeció a las autoridades ecuatorianas que permitieran el escrutinio internacional y que las instituciones del Estados colaboraran con la misión.

 

El equipo de la Oficina se entrevistó, con funcionarios gubernamentales de alto nivel y con representantes de la sociedad civil, grupos indígenas, periodistas, sindicalistas, trabajadores del sector sanitario y empresarios, así como con testigos y víctimas de la violencia. 

 

 

 

 

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