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Bloqueo de taxistas al palacio de Gobierno, un tema de Ley.

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Esta semana, a quinientos noventa y nueve unidades de transporte público, entre taxis y rutas camioneras, les fue retirada la concesión para prestar el servicio en Mérida y en otros municipios del Estado.

Estos vehículos representan alrededor del 18% del padrón total de taxis, situación que impacta en la vida de los ciudadanos, quienes utilizan este medio para llegar a sus escuelas, trabajos o consultas médicas.

A veces se nos olvida que éstas son concesiones públicas, normadas por el Gobierno del Estado a través de su Dirección de Transporte es una facultad transferida hacia un grupo de particulares para satisfacer una demanda específica.

Para que éstos colectivos taxistas les fuese otorgada la concesión, debieron de haber entregado, en tiempo y en derecho, una determinada documentación así como cumplir con los requisitos que marca la autoridad y la Ley en la materia.

Después, deben de acudir con regularidad a la inspección vehicular en un cierto plazo, para que les sea renovado el derecho de seguir prestando el servicio; de no hacerlo, las sanciones van desde lo económico hasta la revocación de la concesión.

Una de las respuestas de los chafiretes fue bloquear con sus unidades la entrada a Palacio de Gobierno, práctica arcaica realizada a manera de presión desde hace muchas décadas. En esta ocasión solamente 50 se presentaron, se les escuchó unos minutos y se retiraron.

El transporte público y sus relaciones con el poder siempre han sido un tema complejo y alimentado por los intereses político-electorales; monopolios rampantes sindicalistas que cobraban cientos de miles de pesos para el otorgamiento de la “placa”.

Por décadas, los liderazgos se enquistaron en las cumbres sociopolíticas, intercambiando el músculo que representaban sus taxis a cambio de prebendas y concesiones; pero llegaron las plataformas tecnológicas, innovadoras en parte pero alejadas del marco regulatorio.

En algo tienen razón los taxistas: muchas de estas empresas como Uber, no pagan impuestos estatales por el servicio en Yucatán pero sí en otros estados como la Ciudad de México, donde, por cada viaje realizado, el prestador del servicio y el usuario erogan una contribución.

Se está dejando a la deriva este tema. Todas las unidades que transporten a un yucateco tienen que estar supervisadas y reguladas minuciosamente, preservando la seguridad del pasajero así como la calidad del mismo.

Otro aspecto que no se ha tomado en cuenta es que dichas plataformas no ofrecen a sus trabajadores ninguna garantía social e individual, no cuentan con prestaciones médicas, fondos de retiro o acceso a una jubilación digna.

¿Dónde se encuentran las autoridades estatales y federales en la materia? Cualquier persona que abre un negocio tiene que entrar al padrón de contribuyente, garantizando una vida digna a quienes con su trabajo, hacen crecer a la empresa.

El único beneficiado – en parte – es el consumidor, porque al haber una competencia abierta, se generan las condiciones de un precio justo. Sin embargo, hay que ser justos y equilibrados en las responsabilidades y obligaciones.

En el Reino Unido, por ejemplo, miles de choferes de Uber se manifestaron en contra de estas prácticas, exigiéndole a los directivos de la plataforma se cumpla con lo exigido por la ley laboral. Actualmente el caso se encuentra en litigio, pero sentará un precedente muy importante para los demás países.

La importancia de vivir bajo el amparo de la Ley es la certidumbre de vivir con orden y tranquilidad para todos los habitantes. Mientras tanto, estamos pasivos e ignominiosos ante la realidad de lo ilegal.