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Buscan garantizar el derecho a la vida digna de las personas adultas mayores

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La senadora María Leonor Noyola Cervantes, del Grupo Parlamentario del PVEM, presentó una iniciativa encaminada a realizar campañas de prevención de violencia y concientización de los derechos de las personas adultas mayores.

 

La exposición de motivos detalla que, según cifras del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) y el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), en nuestro país existen poco más de 10 millones de personas mayores de 60 años y más, lo que representa un 10 por ciento del total de la población. La esperanza de vida en México ha aumentado a los 75.1 años en promedio.

 

Además, aproximadamente el 70 por ciento de éstos son víctimas de abuso, que incluye el despojo de bienes, violencia psicológica y física, y abandono. Este tipo de violencia, sentencia, constituye una violación de los derechos humanos.

 

El texto referido indica que el número de quejas en materia de violación a los derechos fundamentales y humanos de dicho sector no es muy alto, implicando una baja judicialización de los casos de abuso contra éstos, lo cual se debe primordialmente a la falta de difusión de las leyes que los protegen.

 

Debido a esto, el escrito considera necesario fortalecer los aspectos de difusión, con el fin de que la sociedad conozca estas leyes para que la federación, las entidades y sus respectivos municipios las lleven a cabo.

 

Además, considera que incluir en la legislación campañas de prevención, garantizará que éstas sean realizadas de forma obligatoria, recurrente y formen parte de una perspectiva de largo plazo.

 

Con esta iniciativa, buscan que las familias, la comunidad, la sociedad y el gobierno, garanticen a la población adulta mayor el ejercicio del derecho a la vida, la salud, la alimentación, la educación, la cultura, el deporte, el ocio, el trabajo, la ciudadanía, la libertad, la dignidad, el respeto y la convivencia familiar y comunitaria.

 

La iniciativa con proyecto de decreto, por el que se adicionan las fracciones XX al artículo 10, IV al artículo 13 y XXXI al artículo 28 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, fue turnada a las Comisiones Unidas de Desarrollo y Bienestar Social; y de Estudios Legislativos.

 

 

 

 

 

 

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