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Buscan proteger ahorros en bancos que dejen de operar

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El senador Ovidio Peralta Suárez propuso reformas a las leyes de Protección al Ahorro Bancario y de Instituciones de Crédito, con el objetivo de proteger a las personas que tienen ahorros depositados en bancos que les sea revocado el permiso para seguir operando y les sean devueltos una vez que esas instituciones resuelvan sus compromisos pendientes con el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB).

 

Al presentar una iniciativa con proyecto de decreto con ese fin, el legislador de Morena explicó que el Instituto deberá pagar los ahorros conforme al seguro de depósito que resguarda, en caso de que a una institución que presta el servicio de banca y crédito se le retire la autorización para fungir como tal por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

 

La propuesta, adelantó, ayudará a proteger la mayor cantidad de personas que depositaron sus ahorros en alguna institución bancaria en esa eventualidad.

 

Para que el IPAB esté en posibilidad de cubrir esas cuotas, dijo, será necesario aumentar el pago de las mismas por parte de los bancos autorizados para fungir como tal, a efecto de que la Junta de Gobierno de ese organismo tenga un margen considerable con el seguro de depósito que salvaguarde la economía de aquellos propietarios de recursos que se vieron afectados por la remoción de la autorización al banco correspondiente.

 

Señaló que numerosos acreedores se ven afectados de sobremanera cuando acuden al banco que haya entrado en estado de liquidación para poder obtener el pago de las obligaciones que le habían garantizado:

 

“Gran parte de dichos ahorros ya no se verán resarcidos, lo que implicaría una pérdida en su patrimonio; pero con la modificación que propongo coadyuvaría a solventar los capitales a dicho sector, los que significan una gran cantidad de dinero invertido y puesto a disposición de la banca múltiple”, aseguró.

 

La propuesta fue turnada, para estudio y dictamen, a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos.

 

 

 

 

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