Ante la opacidad, el exceso de discrecionalidad y el control de la gestión administrativa que aumenta el riesgo de corrupción, característicos de los gobiernos emanados de los partidos de siempre, cualquier medición de transparencia se convierte en motivo de reconocimiento.
Todos los gobiernos están obligados a cumplir la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; sin embargo, la mayoría los sujetos obligados a acatar esta disposición apenas cumple de manera parcial lo considerado en el capítulo III de los artículos 70 al 82, puesto que el Índice de Transparencia y Disponibilidad de la Información Fiscal (ITDIF) 2017 arroja que el promedio nacional de cumplimiento es del 77.81%, es decir, 3.4 puntos por debajo de lo alcanzado en 2015.
En este sentido, Movimiento Ciudadano Yucatán considera que aún existe rezago en este rubro por parte de los organismos públicos, puesto que no están informando a cabalidad en qué gastan el dinero público, lo cual limita a los ciudadanos las consultas al respecto.
También observamos que existen lagunas en la ley que permiten a los gobernantes ocultar información, bajo el argumento de “proteger y resguardar información clasificada como reservada o confidencial”, dejando una rendija para que las entidades no sean transparentes de manera total.
Amparados en lo que contempla el título sexto del apartado Información Clasificada, en los capítulos I, II y III de las disposiciones generales de la clasificación y desclasificación de la información, abre la puerta para que los gobiernos eviten informar sobre convenios con empresas que hacen millonarias inversiones, como el que recientemente signó el Poder Ejecutivo de Yucatán con la Cervecería Yucateca, a través del Grupo Modelo que pertenece a la multinacional Anheuser- AB InBev.
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Oficina de Comunicación Social
Movimiento Ciudadano Yucatán
