La procuración e impartición de justicia en nuestro país está en manos de dos poderes del Estado: el Ejecutivo y el Judicial.
El primero en cuanto a la investigación, indagatorias y consolidación de la carpeta de investigación ante una noticia criminal. La fiscalía, en el caso específico de Yucatán, al conocer de un hecho criminal debe emprender las acciones para esclarecer el caso y presentar a los presuntos responsables ante la autoridad judicial.
Subsecuentemente los jueces, integrantes del Poder Judicial, deberán analizar la evidencia presentada y con base a los criterios establecidos en la ley calificar la actuación de los fiscales y de los cuerpos de investigación, así como también, determinar si la conducta de los presuntos responsables encaja en alguna definición legal de delito y proceder entonces a que no quede impune imponiendo una sanción o castigo.
Para este semana, ambos poderes están ante el escrutinio público por dos acontecimientos que han estremecido a la sociedad yucateca.
Primero fue el caso de la joven golpeada brutalmente por el novio karateca y, el día de ayer, por el asesinato de un policía de la unidad antisecuestro en un hecho que no queda claro y escapa de una sencilla y clara lógica.
Ambos casos que convergen en la coyuntura de inicio de un nuevo gobierno, pero que traen un cola del pasado cercano. En nuestra conciencia colectiva aún permanece el recuerdo de las feminicidios y especialmente el asesinato de Emma Molina, quien pidió en muchas ocasiones protección al gobierno de Rolando y se le fue negada. La consecuencia la conocemos todos. Una muerte que sumó a otros casos y que fue la gota que derramó el vaso y que por consecuencia indignó y motivo a pedir la alerta de género. Misma que por la operación política de la secretaria de gobierno de Rolando Zapata, Lic. Martha Góngora, no fue concedida. La aceptación de indefensión para las mujeres yucatecas no venía bien a la imagen del estado más seguro que la imagen impulsada por la anterior administración.
Ahora, en las condiciones más extrañas, un policía es asesinado de manera artera y cobarde, supuestamente por un «ataque de pánico» de quien había solicitado auxilio para atender un cas de secuestro. El sentido común, bien aplicado, nos hace dudar de «los motivos oficiales». Mucho más cuando hay indicios, a menos de 24 horas hacia atrás, de amenazas del crimen organizado desde tierras tabasqueñas.
En el primer caso la indignación ha provocado que el gobierno de Mauricio Vial se comprometa seriamente en al asesoramiento psicológico y jurídico del caso. La violencia intrafamiliar, si se podría aplicar al caso en estricto marco legal es un delito privado, que es por querella (es decir, queja de la parte afectada o víctima directa) y que admite el perdón. Por más clamor ciudadano, si la víctima así lo considera puede perdonar al agresor y con ello concluir un proceso judicial. Sin embargo se han aplicado bien y lo han enmarcado como tentativa de feminicidio atendiendo a la brutalidad del ataque y el tiempo en que tardarán en sanar las heridas de la joven. Sin saber, en los momentos de escribir estas líneas el resultado de la vinculación de proceso del caso ¿ se tendrá la voluntad y la acción política para sostener hasta el final la acusación en esos términos? ¿Podrá el judicial «juzgar» el caso como una tentativa de feminicidio?
Pero hay una pregunta más en caso de ser afirmativas la anteriores respuestas, ¿tendrá la capacidad las instancias judiciales subsecuentes a mantener un fallo en contra del agresor por feminicidio y no salir con aquello de que no es correcto y se le están violando sus derechos humanos?
Para el caso de oficial muerto es también un caso que tiene un gran importancia y relevancia. Más para los propios oficiales de seguridad de Yucatán que hoy lamentan y condenan la caída de un elemento compañero y amigo. Si la verdad de hoy, que afirma que el elemento ejecutado era un policía ejemplar y servicial, la ejecución no tiene un sentido si en cumplimiento del deber por un ataque de pánico fue la razón de que el agresor accionará el arma para matarlo, aun con el riesgo de estar manejando un vehículo y que por el resultado de la acción ponía también en peligro al mismo agresor.
Aunque la sociedad está pendiente del caminar de este caso, hay un interés mayor en los policías de saber que fue lo que realmente paso para un deslinde correcto y justo de las responsabilidades. Ellos merecen la certidumbre en su integridad y vida al momento de acudir al auxilio de una denuncia de un ciudadano.
Por lo tanto es de sumo interés que se esclarezca este lamentable hecho, por el bien de los cuerpos de seguridad y de Yucatán.
Ambos poderes, Ejecutivo y Judicial están en la mira del escrutinio ciudadano. No pueden fallar a la sociedad, ya que es necesario reconstruir la confianza de los ciudadanos en la institucionalidad que implica la percepción y calificación de los organismos públicos y la credibilidad de los marcos jurídicos.
