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CIDH concluye con destacados resultados primeras dos etapas de su Programa de Superación del Atraso Procesal

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29 de octubre de 2019

Washington, D.C. – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presenta un nuevo balance sobre los resultados obtenidos en su programa de superación del atraso procesal tras sus dos primeras etapas adoptadas para cumplir con el Objetivo Estratégico de contribuir al desarrollo de una justicia interamericana más efectiva y accesible para la reparación integral de las víctimas del Plan Estratégico de la CIDH 2017-2021.

A 60 años de su creación, la CIDH recuerda la centralidad que tiene el sistema de peticiones y casos en su mandato y la relevancia que ha tenido en la promoción y protección de los derechos humanos en el hemisferio, tanto a nivel individual como colectivo y estructural. Los informes de la Comisión sobre casos y las sentencias de la Corte Interamericana, además de la reparación concreta a las víctimas, han promovido reformas constitucionales, cambios jurisprudenciales, y representado para las víctimas de violaciones a los derechos humanos, una esperanza de justicia y reparación. Desde sus inicios, los Estados han promovido esta centralidad y apoyado a la Comisión en este mandato, que comenzó con solicitudes de información a los Estados, que pasó a formar parte del trámite de casos individuales. La CIDH fue el primer órgano internacional en tramitar peticiones individuales sin que esta facultad hubiera estado precedida por un tratado de derechos humanos que le otorgara tal competencia. Las herramientas de trabajo desarrolladas por la CIDH fueron entonces reconocidas primero por el Estatuto de 1965, luego por su Reglamento del 2 de mayo de 1967 y en 1969 con la aprobación de la Convención Americana de Derechos Humanos.

El pilar de protección y defensa, que incluye el sistema de peticiones, casos y medidas cautelares, es una herramienta fundamental para la CIDH y para todos los habitantes del hemisferio. Representa un orgullo para el continente americano, reconocido internacionalmente por su objetividad, seriedad, consistencia y calidad jurídica. Teniendo en cuenta esta centralidad, y el gran retraso procesal que se ha acumulado desde la década de los 90, la Comisión ha enfocado su prioridad en un programa de reducción del atraso procesal. Luego de un proceso de consultas que involucró a más de 500 personas y 300 entidades, la CIDH aprobó su Plan Estratégico 2017-2021 con 5 objetivos estratégicos. El refuerzo del sistema de peticiones, casos, soluciones amistosas y medidas cautelares se identificó como el primero de tales objetivos, y el primer programa del plan constituye el Programa Especial para el Atraso Procesal.

En implementación de este programa, la Secretaría Ejecutiva de la CIDH ha destinado recursos significativos en los últimos dos años, modificando sustancialmente la manera en que organiza su trabajo; haciendo más eficiente y estratégico el manejo de los recursos humanos y de los materiales de gestión y tecnológicos disponibles; y generando modelos piloto de gestión, entre otras acciones, que han sido implementadas en dos etapas:

Primera etapa:

1. Dedicación exclusiva de una Secretaría Ejecutiva Adjunta para peticiones, casos y soluciones amistosas

2. Refuerzo significativo de personal

3. Fortalecimiento de la estabilidad laboral del personal existente

4. Creación de la Sección de Medidas Cautelares

5. Creación de la Unidad de Tramitación

6. Creación de un grupo de trabajo para acompañar el proceso de superación del atraso procesal integrado por la y los Comisionados Esmeralda Arosemena, Joel Hernandez, Francisco Eguiguren, Luis Ernesto Vargas y Paulo Abrao, Secretario Ejecutivo, que lideró las consultas que se realizaron en junio de 2018 para el lanzamiento de la segunda etapa de medidas.

Desde mayo de 2018, fecha en que el Secretario Ejecutivo Paulo Abrão asumió directamente la dirección de esta Secretaría Adjunta de peticiones, casos y soluciones amistosas debido a la vacancia del cargo, y por mandato de la CIDH, comunicado de 5 de mayo de 2018, dirigió el proceso de transición y la reorganización de la Secretaría Ejecutiva con miras a avanzar aún más con la prioridad de superar el atraso procesal.

Segunda etapa de medidas:

1. Reasignar a los y las profesionales con más experiencia al sistema de peticiones y casos y en particular a sus secciones de admisibilidad y fondo;

2. Crear un equipo especial para actuar como una fuerza tarea para superar el atraso procesal en la etapa de estudio inicial;

3. Aplicar una política de archivos a fin de modificar el plazo de inactividad de las partes de 4 a 3 años para el envío de la advertencia de archivo y archivar casos en la etapa de fondo por falta de presentación de observaciones de los peticionarios en aplicación de los artículos 42.1 a) y b). El archivo se aplica entonces en casos en que la CIDH no cuenta con la información necesaria para alcanzar una decisión a pesar de los esfuerzos realizados para obtenerla;

4. Disminuir el número de solicitudes de observaciones en las etapas de admisibilidad y fondo;

5. Implementar un Plan piloto de decisiones en serie respecto de la misma temática en la etapa de admisibilidad, en base a informes modelo en temas similares;

6. Mantener la medida de acumular casos cuando hubiera identidad de partes, hechos o patrones similares, siempre respetando el derecho a la defensa e igualdad de las partes;

7. Continuar aplicando la política de desactivación;

8. Seguir con la implementación de su política de estudio anticipado de peticiones o per saltum, en particular en casos en que la decisión pueda comprobadamente remediar situaciones estructurales graves que tengan impacto en el goce de los derechos humanos o de otras situaciones en que el paso del tiempo pueda privar a la decisión de su efecto útil;

9. Actualizar el sistema informático de gestión procesal para agregar nuevas funcionalidades que faciliten en desarrollo del trabajo interno y la transparencia y efectividad.

La CIDH comunica hoy con gran satisfacción los resultados de estas dos etapas de superación del atraso procesal.

Creación de un grupo especial para superar el atraso procesal en la etapa de estudio inicial

El grupo fue creado en septiembre de 2018, integrado por un grupo de especialistas con experiencia para actuar como fuerza tarea que actualmente realiza el estudio de todas las peticiones. La tarea pendiente recibida por este grupo ascendía a 8,295 peticiones. Desde su implementación en septiembre de 2018 y durante los primeros doce meses de su vigencia, la Sección de Estudio Inicial ha atendido el 78% de la referida tarea de 8,295 asuntos, distribuidos de la siguiente manera: 985 peticiones recibidas antes de 2016; 283 peticiones recibidas en 2016; 1,232 peticiones recibidas en 2017; 1,185 peticiones recibidas en 2018. Asimismo, la sección analizó 2,748 comunicaciones posteriores recibidas en peticiones que habían sido objeto de una decisión de no apertura a trámite.

Durante 2019, la Sección de Estudio Inicial avanzó en el análisis de 4,254 asuntos pendientes en esta etapa procesal que corresponden a los años 2017 y anteriores, lo anterior representa un considerable avance para combatir el atraso procesal existente en esta primera etapa del procedimiento. Igualmente, hay que tener en cuenta que durante 2018 la CIDH recibió 2,998, la mayor cantidad de peticiones de su historia.

Resolución 1-19: De las 8,295 peticiones mencionadas anteriormente, 2,712 se referían a solicitudes de reestudio, luego de notificada la decisión de no apertura a trámite. El grupo especial realizó un estudio de todas ellas, y decidió rechazar definitivamente 2,378 y reestudiar 334 que serán evaluadas durante el primer semestre de 2020. La Resolución aprobada por la CIDH durante su 173 Período de Sesiones regula y transparenta el procedimiento para solicitar el reestudio de una petición.

Notificación de aperturas a trámite: Otra deuda histórica de la Comisión Interamericana ha sido el tiempo transcurrido entre la adopción de una decisión de apertura a trámite y la notificación del inicio de trámite a ambas partes. Al respecto, durante el presente año se han notificado 516 decisiones de inicio a trámite, por lo que se espera superar al finalizar el 2019 el máximo de notificaciones alcanzadas en un año, lo que superaría el record que se alcanzó en el 2016 cuando se notificaron 576 decisiones de esta naturaleza.

La Resolución 1/16 fue rigurosamente estudiada por la Comisión y vino a constituirse precisamente como la “resolución fundada” exigida por el Reglamento para el diferimiento de la decisión de admisibilidad hasta el debate y decisión sobre el fondo. Únicamente se aplica respecto de casos que se encuentran en una situación procesal específica que guarda concordancia con los supuestos establecidos en el Reglamento que excepcionalmente permiten dicho tratamiento. Precisamente la Resolución indica que estos supuestos se basan en la necesidad de aplicar medidas decisivas para reducir el atraso procesal y así asegurar que el transcurso del tiempo no impida que las decisiones de la Comisión tengan un efecto útil, o bien para actuar con mayor celeridad en asuntos que se encuentren vinculados con una medida cautelar, donde hay un riesgo de daño inminente.

La Resolución fue un esfuerzo encaminado a combatir el atraso procesal con transparencia. Esta medida ha posibilitado que un número significativo de casos puedan ser estudiados, con lo que se evita la necesidad de preparar, traducir, consultar y deliberar sobre dos informes separados en casos que requieren de una decisión oportuna por encontrarse en los supuestos detallados en la propia resolución.

La Comisión reconoce que el avance de estos casos en una etapa procesal conlleva mayores cargas a los Estados en cuanto a la presentación de sus observaciones sobre el fondo. A fin de atender esta situación, la Comisión decidió una implementación progresiva de esta resolución. De esta manera, la aplicación de la Resolución de 2016 ha sido realizada de la siguiente manera: 2017, 116 asuntos; 2018, 326 asuntos (197 de los cuales fueron por ser anteriores a 2006 inclusive en los supuestos señalados en la Resolución) y hasta septiembre de 2019, 12 asuntos.

Archivos: la CIDH ha venido reduciendo el plazo de inactividad permisible a la parte peticionaria, que ha pasado de cinco años en 2015 a tres en 2018. Además, entendió la falta de presentación de observaciones adicionales sobre el fondo de la parte peticionaria, requisito establecido en el artículo 37.1 del Reglamento de la CIDH, como un indicio serio de desinterés en la tramitación de un caso en los términos previstos en el artículo 42.1(b) del mismo instrumento. Es así como, verificada la inactividad procesal y notificada la posibilidad de una decisión de archivo, según lo instruye el artículo 42.2 del Reglamento, la CIDH ha adoptado la decisión de archivo de 77 asuntos en 2016, en contraste con 109 en 2017, y 152 en 2018. Hasta septiembre de 2019, la CIDH ha decidido el archivo de 29 peticiones.

Simplificación de trámites: La Secretaría implementará, de acuerdo al Reglamento, la práctica de realizar un solo traslado a las partes en etapa de admisibilidad y fondo. Esta medida se encuentra en proceso de implementación del sistema de tecnología para poder implementarlo.

Elaboración de proyectos de informe en serie para las peticiones sobre temas similares: Se logró una agilización considerable mediante la utilización de formatos de informes modelo para asuntos que requerían un análisis idéntico. Los temas de la Comisión para esta tarea fueron los de destitución de jueces; y violaciones cometidas durante las dictaduras militares. Se priorizaron también los asuntos procesalmente listos referentes a violaciones de derechos humanos de mujeres y niñas. Asimismo, se destaca positivamente la creación durante el 2019 de un Grupo para los Asuntos de Derecho Común (¨Common Law Group¨) con el fin de atender de manera prioritaria los asuntos de los Estados Miembros que cuentan con sistemas jurídicos de tal naturaleza, es decir, los Estados angloparlantes, y se está avanzando en el análisis de 21 asuntos que se encuentran procesalmente listos.

Resultados en comparación con años anteriores: en 2016 –año anterior a la implementación del PE21– la CIDH aprobó un total de 45 informes sobre admisibilidad (43 admisibles y 2 inadmisibles); dicha cifra ascendió en 2017 a 120 informes (114 admisibles y 6 inadmisibles); en 2018 a 133 (118 admisibles y 15 inadmisibles); y hasta la fecha del presente comunicado la cifra correspondiente a 2019 es de 89 informes aprobados (74 admisibles y 15 inadmisibles).

En la etapa de fondo la Comisión ha venido realizando una identificación de casos con temáticas similares para lograr un tratamiento más estandarizado de los informes, por ejemplo, respecto de casos relacionados con debido proceso penal y sancionatorio. Asimismo, la CIDH ha reducido la longitud de los informes buscando simplificarlos en salvaguarda del derecho de defensa de las partes y la calidad técnica de los mismos. Lo anterior, sumado a la especialización en portafolios de trabajo por parte del equipo técnico, ha tenido resultados significativos que resultan visibles en un incremento en la producción de informes de fondo desde que fuera adoptado el Plan Estratégico 2017-2021.

En 2016, antes de la adopción del Plan Estratégico, la CIDH aprobó 16 informes de fondo; durante 2017 incrementó su producción un 118, (35 informes); en 2018, el incremento fue de 168% (43 informes) y; durante lo que va de 2019, la Comisión ha aprobado un total de 47 informes de fondo que se traducen en un incremento de 193% informes respecto de lo producido durante 2016. Esta tendencia demuestra la efectividad de las medidas adoptadas y resulta también del incremento de personal que trabaja en la Sección de Casos el cual se ha incrementado unen un 83% al que existía en agosto de 2016.

Número de casos sometidos ante la Corte Interamericana. Antes de la adopción del Plan Estratégico el número anual promedio de casos enviados era de 16. En 2017 dicha cifra se incrementó un 6%; en 2018, un 12% y, actualmente en 2019 se han enviado un total de 27 casos lo que se traduce en un 69% más de casos sometidos a la Corte Interamericana en 2016. La Comisión cuenta con más de 30 casos en etapa de transición los que son revisados periódicamente para decidir oportunamente sobre su envío a la Corte Interamericana o su publicación. La CIDH ha participado durante el año en todas las audiencias a las cuales ha sido convocadas por la Corte Interamericana, las cuales ascienden a más de 30 y ha presentado todos los escritos requeridos tanto en casos en etapa de trámite como de supervisión de sentencia.

Soluciones amistosas, Dentro de las labores para promover el intercambio de buenas prácticas y la construcción de herramientas para facilitar el acceso de los usuarios al procedimiento, se sostuvo una mesa de diálogo con las misiones de los Estados miembros de la OEA para el lanzamiento de un proyecto piloto para la expansión del mecanismo de soluciones amistosas como una herramienta en la estrategia de la CIDH para combatir el atraso procesal. Próximamente la CIDH buscará un espacio con las organizaciones de la sociedad civil para socializar el contenido del proyecto piloto y recibir insumos para su puesta en operación.

Impulsar los procesos de negociación de acuerdos de solución amistosa: La CIDH ha facilitado 73 reuniones de trabajo y 69 videoconferencias en el 2019, que han permitido el impulso de las negociaciones y cumplimiento de acuerdos de solución amistosa. En 2016 se facilitaron 36 reuniones de trabajo sobre soluciones amistosas, en 2017 se facilitaron 52 reuniones de este tipo, y 40 en el 2018. Adicionalmente, es de indicar que la práctica de facilitar reuniones formales e informales de manera remota por videoconferencias constituye una buena práctica sin precedentes que permite acercar el mecanismo de solución amistosa a más usuarios; cabe destacar que dicha práctica no se aplicaba antes de la entrada en vigencia del Plan Estratégico de la CIDH 2017-2019. En total se han abierto 142 espacios de diálogo en 2019 en distintos procesos en negociación y seguimiento de solución amistosa, lo cual constituye un logro histórico en el sistema de peticiones y casos individuales. Entre las labores de impulso de las negociaciones de solución amistosa, la Comisión brindó asesoría técnica en 11 asuntos, a través de los cuales se pudo avanzar en la determinación de los respectivos cursos acción. Asimismo, en 2019 se han realizado con éxito cuatro visitas de trabajo sobre soluciones amistosas a Argentina, Uruguay y México, entre los meses de abril y agosto de 2019.

De otra parte, se destaca positivamente la suscripción y ejecución de 3 acuerdos de solución amistosa, en los Casos 12.961 A, Bolívar Salgado Welban y Otros; 12.961 C, Marcial Coello Medina y Otros; y 12.961 D Jorge Enrique Valladares Argueñal y Otros, aprobados por los Informes de Solución Amistosa No. 101, 105 y 104 de 2019, respectivamente. Asimismo, se destaca positivamente que en 2019 se alcanzó la cifra histórica de acuerdos de solución amistosa homologados por la Comisión. A la fecha se han emitido 14 informes de aprobación de acuerdos de solución amistosa a la luz del artículo 49 de la Convención Americana. Con esa producción se superó el record más alto en la historia de la Comisión. Asimismo, en 2016 se aprobaron 8 informes de homologación de acuerdos de solución amistosa, 5 de ellos en 2017, y 6 en 2018. De los 14 acuerdos publicados en 2019, 8 cuentan con un cumplimiento total.

En suma, en 2 años la Secretaría Ejecutiva Adjunta para el Sistema de Casos, Peticiones y Soluciones Amistosas de la CIDH ha sido reforzada al menos con 21 nuevas personas para todas sus áreas. Se trata del refuerzo más importante de recursos humanos realizado al Sistema de Casos en toda su historia. Se estima el costo anual del personal del área en agosto de 2016 era al menos U$ 2.816.600,00, y que hoy asciende al menos a U$ 4.446.100,00 lo que representa un incremento de 58%. Parte de este aumento incluye la reclasificación de funciones para integrantes del equipo del Sistema de Casos. Los costos totales de mantenimiento del Sistema de Casos incorporan adicionalmente otros gastos de traducción, participación en sesiones de la Corte (viáticos y pasajes para equipo y peritos), impresiones, y mantención del sistema informático entre otros.

La CIDH entiende que todas las medidas para superar el atraso procesal deben ser interpretadas acorde a la finalidad de aumentar la eficacia y efectividad de la respuesta a las víctimas de violaciones de derechos humanos. En este sentido, tras implementar las primeras dos etapas la CIDH ha decidido mantener con regularidad una revisión y evaluación semestral de sus medidas anunciadas e implementadas.

Parte de los cambios y mejoras en la eficiencia del trabajo de la CIDH se deben a la duplicación del presupuesto asignado por la OEA para el funcionamiento de la CIDH. Como es de conocimiento público, la duplicación del presupuesto del fondo regular no significa necesariamente una duplicación del presupuesto financiero global de la CIDH, por lo que la CIDH requiere aun para el funcionamiento de las contribuciones voluntarias.

La Presidenta de la CIDH, Esmeralda Arosemena de Troitiño expresa que “estamos muy satisfechos y esperanzados con las transformaciones promovidas y conducidas directamente por el Secretario Ejecutivo Paulo Abrão, quien asumió al salir la Secretaría Ejecutiva Adjunta para peticiones y casos desde 2018. Hoy tenemos metas claras, medibles y, principalmente, resultados concretos y visibles. La nueva estructura administrativa de la CIDH ha generado un impacto muy importante en la capacidad de respuesta de la CIDH”. “Agrega que “se deben articular las acciones para enfrentar el atraso procesal con las acciones de seguimiento de recomendaciones. El fortalecimiento de las acciones de seguimiento de recomendaciones es fundamental para enfrentar globalmente el incremento de la demanda ".

A su vez, el programa de fortalecimiento de las soluciones amistosas previsto en el Plan Estratégico deberá tener un rol fundamental para enfrentar el retraso procesal: “La expansión del uso del mecanismo de soluciones amistosas debe tener una centralidad. Una justicia adecuada es una justicia célere y con capacidad de generar una adecuada respuesta jurídica ajustada a cada caso concreto a la luz de los estándares vigentes. En este sentido, hacemos una invitación a contribuir al Plan Piloto de Soluciones Amistosas,” afirmó el Primer Vicepresidente, Comisionado Joel Hernández.

Las respuestas de la CIDH deben incorporar integralmente todos sus mandatos y herramientas de protección tales como las actividades de monitoreo y cooperación técnica para la implementación integral de las recomendaciones y estándares interamericanos. “Difundir el Sistema y aclarar sus protocolos y especificar los criterios de tramitabilidad pueden ayudar a disminuir, por ejemplo, el número de peticiones manifiestamente infundadas que generan mucho trabajo de la CIDH. Fortalecer la institucionalidad y las políticas públicas gubernamentales en materia de derechos humanos, ayudan a la prevención y apuntan a generar soluciones estructurales para un futuro con menos violaciones de derechos humanos”, sostiene el Comisionado Francisco Eguiguren.

El Comisionado Luis Ernesto Vargas resalta la importancia de incorporar experiencias comparadas exitosas en materia de atraso procesal. “Muchos países e incluso otros sistemas internacionales de protección de los derechos humanos viven desafíos similares. En adición al incremento de recursos humanos, que tiene un límite claro de financiamiento, la CIDH está en proceso de diseño de un nuevo sistema tecnológico para facilitar el acceso al SIDH”.

Para el Secretario Ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrão, “La CIDH cuenta con un mecanismo único para la protección de los derechos humanos en la región, que es el sistema de peticiones y casos y las soluciones amistosas. Agradezco el compromiso y el inmenso trabajo de todas las personas que conforman el equipo de peticiones y casos, quienes con su esfuerzo y dedicación han conseguido estos resultados históricos. Este proceso será continuado con el nombramiento de una nueva Secretaria Ejecutiva Adjunta para peticiones y casos, Marisol Blanchard Vera, quien, con más de 20 años de experiencia en el sistema interamericano, fortalecerá este mandato prioritario de la CIDH”.

 

 

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia

 

 

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