Washington, D.C. – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresa preocupación por los hechos de violencia ocurridos en la cárcel Granja Penal Pavón, en Guatemala. A consecuencia de estos hechos, 14 personas perdieron la vida, y 10 resultaron heridas. La Comisión Interamericana urge al Estado a investigar y esclarecer las circunstancias en que ocurrieron estos hechos, y en su caso, identificar y sancionar a los responsables.
De acuerdo con información de público conocimiento, el 18 de julio de 2016, en la Granja Penal Pavón, a 17 kilómetros de la Ciudad de Guatemala, se produjo un motín que habría sido consecuencia de un enfrentamiento entre dos grupos rivales que se disputaban el control al interior de la prisión. De acuerdo a la información disponible, uno de estos grupos era encabezado por el capitán retirado Byron Lima, sentenciado por el asesinato del Obispo Juan Gerardi en 1998, y el otro liderado por Marvin Montiel Marín, alias "El Taquero", sentenciado por narcotráfico. De conformidad con declaraciones a la prensa de funcionarios penitenciarios, el enfrentamiento habría iniciado tras un ataque con una granada de fragmentación contra los reclusos que cuidaban de la seguridad de Byron Lima.
Según la información recibida, 14 personas perdieron la vida en estos hechos, incluyendo Byron Lima y Johanna Birriel, una mujer argentina de 24 años de edad que estaba de visita. La información indica que cuatro de las personas fueron decapitadas y otra fue calcinada. Además, 10 reclusos resultaron heridos. Asimismo, según información oficial, al momento del enfrentamiento, 129 personas estaban de visita en el centro penitenciario, las cuales fueron evacuadas por las fuerzas de seguridad, y serán investigadas para determinar su posible participación en los hechos de violencia en referencia. El Presidente de Guatemala, Jimmy Morales, y el Ministro de Gobernación, Francisco Rivas Lara, indicaron que las autoridades respectivas continúan con la búsqueda de los responsables.
Los Estados, como garantes de los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad, tienen el deber jurídico ineludible de adoptar acciones concretas para garantizar los derechos a la vida, integridad personal y seguridad de los reclusos. Esta obligación incluye garantizar las condiciones de detención requeridas bajo los estándares internacionales en materia de derechos humanos. La Comisión Interamericana recuerda además que el Estado tiene la obligación de investigar de oficio y con la debida diligencia todas aquellas muertes de personas que se encuentran bajo su custodia. Estas investigaciones no sólo deben estar orientadas a establecer los responsables materiales de los hechos, sino también a los posibles autores intelectuales y a aquellas autoridades que pudieran ser responsables por acción u omisión.
Por otra parte, la Comisión Interamericana advierte que a finales de 2015 y a inicio de este año, hechos similares de violencia habrían tenido lugar en las cárceles guatemaltecas Granja Penal Canadá y Puerto Barrios, localizadas respectivamente en la provincia de Escuintla y en el Departamento de Izabal. Tales hechos fueron referidos por esta Comisión en sus comunicados de prensa 144/15, de 7 de diciembre de 2015, y 2/16, de 19 de enero de 2016. En este contexto, la Comisión Interamericana exhorta a las autoridades guatemaltecas para que adopten medidas apropiadas, entre ellas reformas estructurales, con el objetivo de prevenir este tipo de actos de violencia, y de investigar estos hechos con debida diligencia y sin dilación. Con este objeto, la CIDH hace un llamado para que el Estado tome medidas concretas tales como desarmar a los reclusos e imponer controles efectivos para impedir la entrada de armas y otros objetos ilícitos; mejorar la seguridad dentro de las cárceles; investigar y sancionar los actos de violencia y corrupción que tengan lugar en instalaciones penitenciarias; y prevenir el accionar de organizaciones delictivas que tengan una presencia en las cárceles.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
