Washington, D.C. – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hace un llamado al Estado de El Salvador para que cualquier iniciativa de Ley de Reconciliación Nacional sea acorde con los estándares interamericanos sobre los derechos a la justicia, la verdad, la reparación integral, así como las garantías de no repetición de las graves violaciones a los derechos humanos.
El Presidente de la Asamblea Legislativa ha manifestado públicamente la intención de aprobar la nueva Ley de Reconciliación Nacional en las próximas semanas, antes del tercer plazo establecido por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador, el cual vence el próximo 28 de febrero de 2020. Para ello se habría elaborado en el Órgano Legislativo un borrador de la Ley de Reconciliación Nacional en El Salvador. En este sentido, el 6 de enero de 2020, el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos declaró que el actual anteproyecto establece un plazo límite para que las víctimas denuncien las violaciones a los derechos humanos sufridas durante el conflicto armado y que dichas disposiciones traerían seguridad jurídica a la normativa.
Al respecto, preocupa a la CIDH que el contenido del actual anteproyecto pueda limitar las investigaciones y sanciones por las graves violaciones cometidas durante el conflicto armado interno. La Comisión recuerda que los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad son ilícitos, internacionales imprescriptibles, cualquiera que sea la fecha en que se hayan cometido. En ese sentido, la CIDH ha señalado el deber del Estado de remover todo obstáculo de jure y de facto que, impida la investigación y juzgamiento de hechos de esa naturaleza y, en su caso, sanción a los responsables, así como la búsqueda de la verdad. Además la Comisión ha señalado la obligación que tiene todo poder, órgano o autoridad del Estado Parte en la Convención de, realizar el control de convencionalidad para que los derechos humanos de las personas sometidas a su jurisdicción sean respetados y garantizados.
La Comisionada Antonia Urrejola, Relatora sobre Memoria, Verdad y Justicia declaró: “Es urgente establecer un proceso que asegure la adecuación del anteproyecto de la Ley de Reconciliación Nacional a las obligaciones internacionales que El Salvador tiene sobre los crímenes cometidos durante el conflicto armado”. “El Estado no puede aprobar disposiciones de derecho interno que lo impidan investigar y sancionar penalmente a los responsables por las graves violaciones a los derechos humanos”, enfatizó.
Por su parte, la Comisionada Margarette May Macaulay, Relatora para El Salvador afirmó: “El respeto a los derechos de las víctimas es un elemento central en la construcción de una ley como esta y debe ser garantizado”. “Esperamos que el Estado de El Salvador cumpla con su deber de asegurar la justicia por las graves violaciones a los derechos humanos practicadas en su pasado reciente”, indicó.
En su reciente visita in loco al país, realizada entre el 2 y el 4 de diciembre de 2019, la Comisión sostuvo un diálogo con diputadas y diputados del Órgano Legislativo salvadoreño y ofreció cooperación técnica a la Asamblea Legislativa en el marco del proceso de formación de la Ley de Reconciliación Nacional. El 16 de diciembre, la Presidencia de la Asamblea Legislativa aceptó el ofrecimiento de la cooperación técnica aludida mediante carta dirigida a la Secretaría Ejecutiva de la CIDH. Si bien, la CIDH valora la disposición de la Asamblea Legislativa para recibir cooperación técnica, lamenta que la misma aún no se haya concretado para que pueda ser realizada de forma oportuna y efectiva. La CIDH reitera su disposición para colaborar con el Estado con el fin de garantizar a las víctimas del conflicto armado interno el derecho a la justicia efectiva, la verdad, la reparación integral y las garantías de no repetición. La CIDH hace un llamado para que se tomen las medidas pertinentes a fin de que la cooperación técnica para la elaboración del anteproyecto de Ley de Reconciliación Nacional sea llevada a cabo de forma oportuna y efectiva.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
