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CIDH ratifica su compromiso con la defensa y promoción de los derechos humanos y la democracia

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17 de septiembre de 2019

Washington, D.C. – En el marco del Día Internacional de la Democracia, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recuerda que el respeto y la protección de los derechos humanos es un pilar fundamental del estado de derecho y la democracia. En este sentido, la CIDH recuerda la importancia de fortalecer las instituciones estatales en materia de derechos humanos y reafirma su compromiso en la cooperación que pueda ofrecer a los Estados en la materia.

En el transcurso de sus seis décadas de vigencia, el trabajo de la CIDH se ha traducido en reformas estructurales para el goce y ejercicio de los derechos humanos y los valores democráticos en toda la región. En ese marco, la Comisión Interamericana subraya la indivisibilidad e interdependencia de todos los derechos humanos, así como la innegable interrelación entre la democracia, el desarrollo sostenible y los derechos humanos. En la construcción de sociedades prósperas pacíficas y justas en el continente americano, todos los derechos humanos -civiles, políticos, económicos, sociales culturales y ambientales- deben ser garantizados sin discriminación, priorizándose sin demora las acciones dirigidas al combate de la pobreza y la desigualdad, así como a la protección del ambiente. Es por ello que es necesario redoblar los esfuerzos para la implementación de políticas públicas con enfoque en derechos humanos, que puedan generar impactos reales y concretos en el goce y ejercicio de estos derechos.

Los Estados miembros de la OEA, al adoptar la Carta Democrática Interamericana, reconocieron que es la democracia representativa el sistema en que se alcanza la estabilidad, la paz y el desarrollo de la región, siendo esencial para lograr el pleno ejercicio de los derechos fundamentales. El artículo 3 de la misma Carta, señala que son “elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos".

En ese marco, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos ha reconocido la relación existente entre el derecho a la libertad de expresión y la democracia, como una “piedra angular” de toda sociedad democrática. En ese sentido la CIDH enfatiza que, para la consolidación de los sistemas democráticos de la región, es fundamental crear un ambiente libre de amenazas para el ejercicio de la libertad de expresión. Asimismo, la CIDH ha destacado que las personas defensoras de los derechos humanos son un pilar esencial para el fortalecimiento y la consolidación de las democracias en la región. Frente al aumento de casos de amenazas, agresiones físicas y detenciones arbitrarias a las personas defensoras de derechos humanos, la CIDH renueva su llamado a aunar esfuerzos para frenar y revertir dicha tendencia.

En este sentido la CIDH ve con preocupación que en este momento en algunas latitudes del hemisferio se observe una ausencia o retroceso en la protección de los derechos humanos, en la separación de poderes, así como la reducción de espacios democráticos de participación, la falta de independencia judicial y en algunas ocasiones, la falta de elecciones libres e informadas. Adicionalmente, se observan los graves impactos de la corrupción en la vigencia de los derechos humanos como un fenómeno que afecta a los Estados del hemisferio.

Al respecto, la CIDH ha expresado su particular preocupación por la situación de la democracia en Cuba, Nicaragua y Venezuela en el Capítulo IV B de su Informe Anual 2018, entre otros mecanismos de monitoreo. Con respecto a Cuba, es de indicar que la CIDH se ha pronunciado históricamente sobre la grave inobservancia de los elementos esenciales de la democracia representativa y sus instituciones. La Comisión ha sido crítica ante la ausencia de condiciones que permitan la participación política de sectores de diversa línea de pensamiento, en particular la celebración de elecciones carentes de pluralidad. Los valores básicos de la democracia se encuentran comprometidos debido a la prohibición de asociarse con fines políticos, las arbitrarias restricciones a la libertad de expresión y el derecho de reunión.

Por otra parte, la Comisión ha manifestado su preocupación por el progresivo debilitamiento de la institucionalidad democrática en Nicaragua. La CIDH ha recibido información, a través de sus diversos mecanismos, sobre la concentración de poder por parte del Poder Ejecutivo, los casos de represión y la adopción de medidas y decretos que restringen los derechos a la libertad de expresión, asociación y de reunión esenciales. Asimismo, se ha observado la criminalización y judicialización de líderes, defensores y defensoras de derechos humanos, la supresión del periodismo independiente o crítico y la falta de garantías para el ejercicio de la libertad de prensa.

Por su parte, la CIDH ha alertado sobre el progresivo debilitamiento de la institucionalidad democrática y la situación de derechos humanos que atraviesa Venezuela. La Comisión ha observado con preocupación la violación al principio democrático de separación de poderes y el deterioro a los derechos políticos. Concretamente, ha indicado que la alteración del orden constitucional y el desconocimiento desde el punto de vista institucional del principio de separación de poderes, tiene consecuencias concretas en las y los habitantes de Venezuela quienes enfrentan serios obstáculos para ejercer sus derechos políticos y participar en la vida pública de la nación. Este debilitamiento de la institucionalidad democrática se acompaña de una crisis económica y social que provoca un serio desabastecimiento de insumos básicos.

En ese sentido, la CIDH reitera deicidamente su convicción de que el fortalecimiento de la democracia es una tarea inacabable y hace un llamado a redoblar los esfuerzos a tal fin.

La CIDH, a través de su Plan Estratégico 2017-2021, ha establecido que el fortalecimiento de las instituciones en materia de derechos humanos es un eje transversal en el uso de sus mecanismos de trabajo. Asimismo, ha establecido como uno de sus objetivos estratégicos renovar sus compromisos con la democracia, la dignidad humana, la igualdad, la justicia y las libertades fundamentales a partir de una contribución activa para el fortalecimiento de la institucionalidad y las políticas públicas con enfoque en derechos humanos de los Estados. Para ello, se ha propuesto fortalecer sus capacidades de cooperación técnica con los Estados para el fortalecimiento institucional y la formulación, implementación y evaluación de políticas públicas orientadas al respeto y garantía de los derechos y los valores democráticos.

Por todo lo expuesto, la CIDH declara que hoy más que nunca es necesario recordar que continúan vigentes los ideales que inspiraron la creación del Sistema Interamericano de Derechos Humanos expresados en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Carta Democrática y demás instrumentos interamericanos, que consagran el respeto por la dignidad de la persona humana y garantizan la libertad y la participación. Resulta fundamental y prioritario continuar trabajando para consolidar la institucionalidad democrática, el Estado de Derecho y el desarrollo económico y social en toda la región.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

 

 

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