Washington, D.C. – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) saluda la entrada en vigor de la Ley general para prevenir investigar y sancionar la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes en México. Esta importante legislación, que materializa los esfuerzos del Estado mexicano en su conjunto para eliminar esta práctica violatoria de derechos humanos, fue publicada el 26 de junio en el contexto del Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de Tortura. La CIDH hace un llamado a las autoridades estatales a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la efectiva implementación de esta ley.
La práctica de la tortura en México ha sido un tema de preocupación para la CIDH por años. En su último Informe sobre la Situación de Derechos Humanos en México, la CIDH manifestó su profunda preocupación respecto a la práctica de torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes, en particular su uso frecuente sobre personas detenidas, antes que sean puestas a disposición de un juez. En ese informe, la CIDH recomendó al Estado mexicano la adopción de una Ley General de Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. La misma recomendación habían realizado antes relatores especiales de la ONU y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. La CIDH también recomendó a México adoptar todas las medidas necesarias para asegurar que tanto a nivel federal como estatal y local, la legislación y las prácticas se ajusten a los estándares internacionales en la materia, en particular en la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura.
“Se trata de un avance sumamente significativo”, dijo la Relatora de la CIDH para México, Comisionada Esmeralda Arosemena de Troitiño. “La ley establece la absoluta prohibición de la tortura, así como la prohibición del uso de pruebas obtenidas mediante torturas, sin excepciones. Esto da cumplimiento a las recomendaciones que la Comisión Interamericana dio a México en su último Informe de País”, agregó. El Informe de País fue publicado en marzo de 2016, con base en la visita in loco realizada en 2015.
La CIDH considera que la aprobación e implementación de esta ley tiene el potencial de marcar un antes y un después en relación con el respeto y garantía de los derechos humanos de las personas que son detenidas, desde el momento de la detención hasta su presentación ante un juez o jueza. La Comisión urge al Estado a invertir los recursos financieros necesarios para su aplicación e implementación integral en todo el país.
La CIDH destaca la importante labor que tuvieron colectivos de víctimas, organizaciones de la sociedad civil, universidades y la Comisión Nacional de Derechos Humanos en la aprobación de esta histórica ley. La puesta en vigencia de esta legislación es un mensaje contundente del Estado mexicano contra la impunidad, en cumplimiento con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
