“Se ha dicho que se tendrían que duplicar la cantidad de Jueces. Esto es falso, ya que sólo un 10 por ciento de los casos llegarían a juicio, debido a que la gran mayoría se resolverían por medios alternativos, contemplados en la reforma, como la mediación, la conciliación y el arbitraje”.
El propósito de estos procesos alternos es lograr un acuerdo por medio del diálogo y la conciliación entre las partes sin que el caso llegue al ámbito de los Jueces, así éstos darán mayor atención a los casos difíciles, aclaró.
“Se ha afirmado también que en los juicios orales gana el que tenga la mejor actuación, lo cual es falso, gana quien con pruebas bien fundamentadas convenza de que tiene la razón.
“Con este sistema acusatorio adversarial queda garantizada la igualdad de partes pues el juez escuchará en forma inmediata sus alegatos y presenciará las pruebas, sin que lo afirmado por el Ministerio Público durante la fase de investigación tenga validez como prueba irrebatible”.
Cleominio Zoreda consideró que se requerirá un alto grado de preparación y profesionalismo por parte de las Fiscalías y de las policías investigadoras, lo cual si bien representará un esfuerzo financiero mayor, una vez que se encuentre operando compensará el gasto del actual sistema.
“Es cierto que implica retos para su correcto desarrollo ya que es necesario transformar la práctica jurídica, contar con recursos humanos e infraestructura adecuados y hacer un uso óptimo de la tecnología.
“Hay que tomar en cuenta que de 90 mil personas recluidas en las cárceles de nuestro país sin recibir sentencia, 75 mil de ellas están por delitos menores y representan un costo mensual para el país de 800 millones de pesos”, ilustró el legislador de acuerdo con una investigación de Guillermo Zepeda Lecuona.
A propósito, el legislador señaló que previo a la publicación de esta reforma constitucional en materia de justicia penal en junio de 2008, presentó una iniciativa para crear la Ley Federal de Justicia Alternativa que establece los medios no jurisdiccionales para la resolución de controversias sin llegar a juicio.
La iniciativa, que se encuentra en análisis de las comisiones respectivas para su dictaminación, contempla la creación de un Centro de Asistencia Jurídica, que actuaría como un órgano desconcentrado del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de audiencias de conciliación, técnicas de mediación y procedimientos de arbitraje, explicó.
Sin embargo -advirtió- la posibilidad de la justicia alternativa debe tener sus limitantes, como el caso de delitos graves violentos y delincuencia organizada, así como delincuentes reincidentes y si alguna de las partes no está dispuesta a llegar a un acuerdo reparatorio ya que la reparación del daño a la víctima es condición para que proceda.
Anotó que los casos que lleguen a juicio serán presentados ante un Juez o tribunal de juicio oral con el desahogo de las pruebas y los actos de debate en una audiencia continua, sucesiva y secuencial, salvo casos excepcionales previstos en la ley, y el Juez emitirá su fallo por medio de sentencia dentro de la misma audiencia oral.
Opinó que ésta Reforma Constitucional Penal, considerada la de mayor alcance desde 1917, partió de una realidad que revela “instituciones de justicia colapsadas, con sobrecargas de trabajo y con funcionarios que no están debidamente capacitados, así como una confianza casi nula de la sociedad en nuestro sistema de justicia penal”.
El legislador por Yucatán, indicó que la implementación de esta reforma en las entidades federativas implicará cambios de fondo en sus legislaciones y presupuesto para infraestructura y capacitación de Jueces, Ministerios Públicos, Defensores y demás involucrados en los procesos de justicia, mismos que se están dando de forma paulatina.
“Chihuahua es la única entidad que actualmente cuenta con la reforma penal en la totalidad de su territorio. Otras entidades ya como Morelos, Zacatecas, Oaxaca, el Estado e México y Nuevo León ya han iniciado el proceso. En Yucatán se creó un Comité de Implementación de la Reforma en Materia de Seguridad y Justicia para conjuntar los esfuerzos de los tres poderes del Estado y cumplir los compromisos que la reforma impone”, finalizó.
