Los ataques contra los ex combatientes de las FARC-EP en Colombia continúan siendo un gran problema, aseguró el jefe de la Misión de la ONU en ese país ante el Consejo de Seguridad.
Carlos Ruiz Massieu dijo que, en los pasados tres meses, veinte excombatientes fueron asesinados, elevando la cifra a 151 desde la firma del Acuerdo de paz.
Agregó que ha habido algunos progresos en la implementación de medidas anunciadas por el Gobierno para aumentar la seguridad y abrir investigaciones sobre estos crímenes, pero que se necesita hacer más, especialmente para abordar la falta de recursos de la entidad que está a cargo de protegerlos.
Las medidas de seguridad para todos los candidatos debe ser fortalecida.
El representante especial del Secretario General recordó que las elecciones departamentales y locales sucederán en tres semanas y que la violencia a los candidatos está afectando a los partidos políticos, incluido el de las FARC, que participa por primera vez en los comicios. “Las medidas de seguridad para todos los candidatos debe ser fortalecida", dijo.
Ruiz Massieu, además, denunció que más de 8000 excombatientes que viven fuera de las antiguas zonas territoriales tienen acceso limitado a los beneficios de la reintegración, y son más vulnerables a la violencia y a ser reclutados por otros grupos armados.
Una población que necesita la presencia del Estado
El jefe de la misión visitó la semana pasada el departamento del Putumayo, una región donde más de la mitad de la población está registrada como víctima del conflicto, pero no ha recibido “plenamente” los beneficios del Acuerdo. Allí se reunió con lideresas sociales y defensoras de derechos humanos que trabajan por sus comunidades a pesar de los obstáculos y amenazas contra sus vidas.
“La situación de estas admirables mujeres es un reflejo de la situación de miles de líderes y lideresas, defensores y defensoras de derechos humanos y comunidades que siguen siendo victimizadas por la violencia. En esta y todas mis visitas a los territorios, escucho los mismos mensajes. Las comunidades claman desarrollo, servicios básicos, seguridad y oportunidades económicas a través de una presencia integral del Estado. Adicionalmente, piden estrategias inmediatas para mejorar la protección y seguridad en las regiones, de la mano con las comunidades y las autoridades locales. Esta es sin duda la promesa del Acuerdo de Paz”, dijo.
Ruiz agregó que parte de la solución para atender esta preocupante situación yace en la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, que fue convocada por el presidente en agosto y tiene como tarea formular una política pública para el desmantelamiento de organizaciones criminales y sus redes de apoyo.
“Es esencial que las discusiones en este marco se realicen regularmente y que sus decisiones se traduzcan en acciones concretas y en el corto plazo que protejan a las comunidades y consoliden la
institucionalidad del Estado en las zonas afectadas”, dijo.
Unión ante el rearme
Carlos Ruiz Massieu también se refirió al reciente anuncio del rearme de algunos líderes de las FARC y sus seguidores y reconoció el rechazo categórico a estas acciones de todos los sectores del país, incluido el partido político FARC, que expulsó a quienes se rearmaron, y del presidente Iván Duque.
“La Jurisdicción Especial para la Paz también declaró que aquellos que se rearmen serán excluidos del tribunal y perderán los beneficios del Acuerdo”, dijo.
Por su parte el canciller colombiano, Carlos Holmes Trujillo, estuvo presente en la reunión y manifestó la gratitud del Gobierno hacia el Consejo de Seguridad y su compromiso con la implementación del acuerdo de paz.
“Muestra de ello es la adopción de resolución 2487 gracias a la cual de manera unánime decidió prorrogar por un año más el mandato de la Misión de Verificación”, dijo
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