La Comisión de Puntos Constitucionales, que preside la diputada Miroslava Carrillo Martínez (Morena), se reunió con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, a fin de continuar con el análisis de la iniciativa que busca reformar la Constitución Política, para crear la Guardia Nacional.
El funcionario federal solicitó la anuencia de los legisladores para la conformación de este organismo de seguridad y con ello ingresar, en tres años, la paz y la tranquilidad al país.
Ante los diputados, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) enfatizó que la falta de coordinación de las dependencias encargadas de la seguridad, generó la propuesta de crear la Guardia Nacional para dar tres garantías fundamentales: la primera, tiempo para crear una respuesta cercana e inmediata a la inseguridad del país, toda vez que el número de homicidios dolosos en las dos últimas administraciones ascienden a 275 mil, colocándose México como la segunda nación más insegura, y la cifra de desaparecidos es de 38 mil.
La segunda garantía, continuó, es optimizar los recursos del Estado mexicano, ya que se echa mano de los elementos que tienen, por un lado, el Ejército, con cerca de 214 mil y la Marina alrededor de 50 mil.
De esta manera precisó, 35 mil soldados y ocho mil marinos integrarán la Guardia Nacional, y el resto continuará cumpliendo con su labor de seguridad nacional y la custodia del territorio.
Enfatizó que la Guardia Nacional se constituirá como una cuarta fuerza al interior de la Secretaría de la Defensa Nacional, pues en esta dependencia recaerá su operación; sin embargo, aclaró, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana conservará la atribución de definir las políticas y estrategias de seguridad, y la definición de todas las maniobras a cargo de la nueva corporación.
Añadió que la Fuerza Armada, en la actualidad, actúa de manera ilegal, por lo que se tiene que dar el paso a la constitución de la Guardia Nacional, para regularizar la presencia de estos efectivos en tareas de seguridad pública. Subrayó que si eventualmente el Congreso toma la decisión de prescindir del Ejército “-esperemos que no sea así-, “entonces, retornaría completamente a los cuarteles. Creo que eso sería irresponsable, porque con las actuales circunstancias de violencia del país no podemos darnos este lujo”.
Enfatizó que no existe un cuerpo de seguridad civil en el que se pueda apoyar, para construir una corporación que dé respuesta en un tiempo razonable.
El diputado del PRD, Javier Salinas Narváez, expresó que los principales problemas del país son la inseguridad, la violencia, la impunidad y la corrupción. Preguntó si la única alternativa que hay para pacificar a México, es la creación de la Guardia Nacional, y si su presencia será permanente, y a eso se debe la reforma a la Constitución, o se va a establecer un plazo para el retiro.
Adriana Gabriela Medina Ortíz, diputada de MC, comentó que diversos especialistas han planteado los riesgos y el peligro que representa el aumento de efectivos militares en labores de seguridad pública; cuestionó si la estrategia es abrir todos los espacios presupuestales y policiales a las Fuerzas Armadas, y qué se hará si en algún país productor de armas se decidiera, unilateralmente, desplegar una nueva temporada de venta a la delincuencia organizada que opera en el país y pasara otro “Rápido y Furioso”.
Su compañera de bancada, Martha Tagle Martínez pidió al secretario decir cómo se desmilitarizará al país, qué pasará con los efectivos de la Policía Federal y cuáles son las funciones de seguridad pública que asumirá la Guardia Nacional. Planteó que en este análisis se tome en cuenta a los organismos internaciones, pues han declarado que las afectaciones a los derechos humanos aumentan cuando las fuerzas armadas salen a las calles.
Por el PT, el diputado Silvano Garay Ulloa destacó que se requiere una policía organizada que combata a la delincuencia y afirmó que el pendiente “ya no son los desaparecidos, sino los cuerpos aparecidos; a eso debemos abocarnos a resolver. Vamos apoyar a la Guardia Nacional”.
El diputado Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz (PES) resaltó la necesidad de encontrar una verdadera cultura de la paz, como uno de los retos más significativos para este gobierno y para la Legislatura. “Hoy requerimos un nuevo modelo y otra arquitectura institucional. Esta reforma alienta la posibilidad de alcanzar esos objetivos, para el desarrollo y el bienestar social. La Guardia Nacional actuará bajo la condición jurídica del Ministerio Público federal y la seguridad pública será función del Estado, de las entidades federativas y de los municipios”.
Raúl Gracia Guzmán, diputado del PAN expuso que no se debe chantajear para militarizar a la policía, porque se podrían provocar violaciones a los derechos humanos. “Debemos otorgar a los ciudadanos sus garantías, entre ellas: seguridad, libertad, garantía a sus bienes, confidencialidad y muchos más, que hoy se ponen en riesgo con este proyecto”.
Su correligionario, el diputado Ricardo Villarreal García manifestó que la constitución de la Guardia Nacional es, sin duda, el tema más importante, pues delinea cómo se pacificará al país, cuando la delincuencia está desbordada. Pidió que no se politice el asunto, sino que se beneficie a la sociedad”. Destacó que debe fortalecerse las corporaciones civiles y no desmantelarlas, sugirió
reunirse con los secretarios de la Defensa Nacional y de Marina, pues son ellos quienes dirigirán a esta agrupación.
De Morena, la diputada Tatiana Clouthier Carrillo dijo estar a favor de una Guardia Nacional; sin embargo, cuestionó cuál es la prisa y por qué establecerla en la Constitución. “Las dudas acaban cuando decimos: el mando es militar y permanente; no queda clara la estrategia; llama la atención que entraremos en un proceso de paz, civil y democrático, cuando no se quiere mover una coma del documento y se amenaza que se quitarán a los militares; sí queremos una Guardia Nacional, pero no como se está planteando”.
Su compañero de bancada, diputado Pablo Gómez Álvarez reiteró que la integración y carácter de la Guardia Nacional debe estar reconocida en la Constitución; además, enfatizó que lo importante de este proyecto es que se trata de una institución híbrida de carácter civil y militar, lo cual la hace diferente a otras propuestas.
En su intervención, Durazo Montaño expuso que la Policía Federal posee limitaciones para dirigir una organización como la Guardia Nacional, ya que sólo tiene capacidad para formar a tres mil 300 anuales; esto significa 20 mil elementos en el transcurso del sexenio. “Actualmente, esta corporación tiene 37 mil elementos; de ellos, alrededor de 12 mil se dedican tareas administrativas, es decir, unos 25 mil elementos son quienes garantizan la seguridad de casi 130 millones de habitantes del país”.
Aseguró que la creación de la Guardia Nacional será una vía para operar la estrategia de seguridad en el país, pues los efectivos que la integren tendrán ocho meses para capacitarse, como policías militares y navales; además, tendrán un proceso adicional de otros ocho meses, para adquirir conocimientos en el control del uso de la fuerza, respeto a los derechos humanos y la operación del nuevo Sistema de Justicia Penal.
Consideró que la única posibilidad de construir una organización que dé capacidad de respuesta al problema de la seguridad que impacte de forma mínima al presupuesto, es la creación de esta agrupación, la cual estará adscrita a la Secretaría de la Defensa Nacional, pero en términos operativos dependerá del Ejecutivo.
Su desempeño, agregó, será evaluado en tres años y en ese tiempo se determinarán los ajustes que requiera la figura de la Guardia Nacional. Asimismo, apuntó que la Ley Orgánica será la segunda etapa, la cual será sometida por el Congreso. “Así que no estamos dejando todo en un sólo hombre, de ninguna manera. Hay un gabinete de seguridad que será la instancia para la toma de decisiones estratégicas”, afirmó.
Al dar respuesta a los legisladores, apuntó que el objetivo de este organismo de seguridad es desmilitarizar al país; es decir, regresar a la Fuerzas Armadas a los cuarteles y que la Guardia Nacional cumpla con la tarea de seguridad.
Subrayó que en la actualidad existe una debilidad de las policías municipales, ya que de los casi 2 mil 500 municipios que hay en el país, sólo en mil 800 hay policías, de estas, 900 alcaldías tienen cuerpos policiacos de más de 20 elementos, “esto es preocupante, pues entre más pequeñas sean las agrupaciones más susceptibles son a la infiltración y la corrupción.
Añadió que se iniciará un proceso de depuración de los cuerpos de seguridad y aquellos integrantes que no pasen los exámenes de certificación de confianza, van a quedar fuera de ellos, y a quienes se les despida se les dará el debido seguimiento.
Insistió que todo integrante de la Guardia Nacional será capacitado, evaluado y certificado, para crear una organización de élite. El objetivo, indicó, es convertir a esta agrupación en un organismo de seguridad pública que sea un referente internacional por su calidad, eficacia, respeto a los derechos humanos y su desempeño en un marco de legalidad.
Aseguró que habrá transparencia no sólo en el ejercicio de los recursos, sino en el uso de la fuerza, pues estará sujeto a un control legislativo. “El que no cumpla, que pague. No vamos a ser cómplices de nadie que cometa una ilegalidad o viole los derechos humanos, y en caso de que el Estado incumpla con la investigación de una falta grave a las garantías individuales, reconoceremos la jurisdicción de la Corte Internacional, para que sustituya alguna eventual ineficacia o complicidad del gobierno”, concluyó.
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