Nunca como hoy la necesidad de contar con liquidez hace apremiante la autorización del préstamo por 1,728 millones de pesos para reactivar la economía del estado mediante la construcción de obra pública, que ante la Pandemia por el Coroavirus, ha sometido a la población a vivir una crisis histórica, cruel y dolorosa. No falta mucho para que el Congreso del Estado lo apruebe y con ello, pasemos a la siguiente etapa de esta situación que a todos nos tiene a la expectativa.
Será entonces cuando los ciudadanos tengamos que plantearnos la obligación de formar parte de una acción de auditoría social, que ayude al gobierno del estado a cumplir con los compromisos de forma rápida y transparente.
Quedará prohibido no vigilar, no estar pendientes de las acciones de gobierno. Tendremos que estar muy atentos para impedir que algunos funcionarios beneficien sus bolsillos o en su defecto de sus parientes o amigos o compadres.
Tendremos que vigilar que las obras no se concentren en grupos de empresas predilectas, ni que aparezcan empresas “fantasmas” o “fachadas” como les llama la SHCP.
Será deber de todos los ciudadanos usar las redes sociales para cuidar que cada obra se realice sin contratiempos, sin sorpresas, sin sobresaltos.
Siempre habrá debate sobre la conveniencia del endeudamiento, pero debemos partir de las condiciones en las que nos ha sujetado la crisis. El gobierno del estado y el gobierno federal no han caminado juntos en esta crisis. De hecho, el gobierno del estado no ha recibido recursos adicionales del gobierno federal, sino que ha tenido que encarar con el presupuesto acotado la terrible Pandemia.
Hay quienes sugieren al gobierno del estado hacer adecuaciones al presupuesto. Alegan que el gobierno del estado tiene dinero para realizar obra pública. Sin embargo, realizar esos movimientos no es rápido, ni sencillo, pues al estar programado, están regulados por una normatividad que de por sí es lenta. Tal vez los críticos se imaginan que ese dinero está en el “sabucán” y el Gobernador puede cada que quiere, meter y sacar la mano para disponer a la hora que sea, como sea, y dárselo a quien sea. La normatividad que regula la operación del servicio público en México es en verdad engorrosa. De hecho, los gobiernos siempre tienen problemas con los subejercicios, que son dinero que no se pudo ejercer, pues los proyectos que soportan la inversión siempre tienen observaciones y al final, no se aprueban, resultando que ese dinero asignado se devuelva a la federación.
No son tiempos de estorbarnos. El apalancamiento es una herramienta financiera que es de mucha ayuda cuando se trata de impulsar acciones para reactivar la economía. Apretar al gobierno del estado poniéndolo en una encrucijada es de entenderse, políticamente hablando, pero también políticamente hablando es necesario entender que hay que ayudar al pueblo a salir de esta crisis, generando cadenas de valor mediante la reactivación del empleo. La construcción de obra pública es un eje valioso.
Ya vendrán los tiempos electorales y cada quien asumirá sus responsabilidades. Lo importante hoy, es que no nos quedemos inmóviles ante la crisis. Porque la gente está en sus hogares padeciéndola, sufriendo con los gastos, preocupados por la falta de empleos, por ende, de ingresos, angustiados por la carencia de seguridad ante los compromisos hipotecarios, los bancarios, de no poder pagar la luz, el gas, la comida, la medicina.
Llegó el tiempo de dejar las discusiones estériles y de asumir el rol que nos corresponde. Mientras más rápido será mejor.
