Un servidor público, por definición es la persona que desempeña un empleo, cargo o comisión subordinada al Estado y está obligada a apegar su conducta a los principios de legalidad, lealtad, honradez, imparcialidad y eficiencia. Concepto que además está plasmado en nuestra normatividad y cuyas responsabilidades están enumeradas en la ley de la materia.
No obstante en la práctica, en toda la República Mexicana se conocen casos grandes y pequeños de actos de corrupción, mismos que deben ser combatidos pues al no hacerlo es que la sociedad mexicana pierde su confianza en las instituciones, situación que se vive en el día a día desde hace mucho tiempo.
Lamentablemente en Yucatán, no se está exento de esta problemática y cada vez se hace más visible gracias a la valentía de quienes hablan, escriben, se manifiestan y luchan por sus derechos y los de los demás. En ese tenor, me permito esta ocasión compartirles fragmentos de un texto que me fue compartido junto a otros columnistas, activistas y medios de comunicación, mismos que ya comenzaron a difundir.
El siguiente texto fue escrito a escasos meses de haber obtenido el cargo el Fiscal General del Estado y en su momento nadie le tomó importancia a pesa de estar sustentado con múltiples testimonios del personal tanto de los que pudieron permanecer en su trabajo como de quienes desafortunadamente padecieron de despidos injustificados, sin resolverse hasta la presente fecha; hasta hoy que sin remedio (no porque quisieran hacer algo al respecto, ni limpiar la institución) sino porque ante los audios tan infames filtrados no había nada más que hacer, y renunció este personaje que en primer lugar nunca debió llegar a un cargo tan delicado e importante.
“La información es sobre lo que acontece en la Fiscalía General del Estado y donde se refiere a actos de corrupción que van desde el titular de la Institución hasta un pasante que sirve como intermediario en asuntos que se ven en la fiscalía y a la vez en el despacho privado de su titular y de algunos de sus directores y gente más cercana, obteniendo información privilegiada para ganar los asuntos de la defensa frente a fiscalía, poniendo como referencia específica la carpeta número H1/4/18, cuya sentencia fue favorable para la defensa.
Si esto fuera (y debe ser) investigado y corroborado la situación es grave, pues el protocolo indica la inhabilitación inmediata de los servidores públicos involucrados y la familia afectada puede impugnar el proceso debiéndose indagar sobre la carpeta y su integración y al ser corroborada la corrupción, se debe proceder a la investigación de cada una de las carpetas en las que dichos servidores públicos hayan trabajado desde su nombramiento y hasta la fecha, poniendo en tela de juicio su trabajo en cada expediente; lo cual obligaría a que el gobierno del estado tome las medidas pertinentes ante esto evitando perpetuar no solo la corrupción que se menciona; sino la probable violación de derechos humanos de las víctimas directas, familiares (víctimas indirectas) y hasta de los trabajadores de la institución que se ven afectados con las acciones y omisiones que se mencionan.
Siendo que los posibles derechos humanos que se estarían violentando son la legalidad y seguridad jurídica, derechos de las víctimas, derecho al trabajo seguro y digno y todos aquellos que deriven de la minuciosa investigación que se debe realizar ante la gravedad de los actos planteados, con nombres y apellidos, mismos que se transcriben a continuación:
“Creo que la irregularidad más grande ha sido que el nuevo Fiscal General se ha servido del cargo para posicionar a los integrantes de su despacho tanto dentro de la institución como fuera de ella, facilitando el beneficio para sus litigios particulares. Es pertinente mencionar que Cetina, casi nunca está en la Fiscalía, pues sus problemas de alcoholismo lo tiene en un estado lamentable: Cuando preside las juntas de trabajo (las pocas veces que lo hace), de forma cotidiana, se le ve esgrimiendo su vaso de whisky, tratando al personal de forma poco respetuosa y en algunas ocasiones humillante.
Así las cosas aparece Juan José Góngora Puerto, como el segundo a bordo, moviendo los hilos de la Institución, facilitando la operación de su hijo del mismo nombre y de Augusto Zapata Martínez, quienes tienen acceso libre a toda la información de las carpetas de investigación, lucrando para su beneficio y en detrimento de los Derechos que asisten a las partes contrarias que no pueden hacer absolutamente nada para acceder de manera imparcial a la justicia.
Miguel Escamilla Herrera, es el Director del Ministerio Publico, pero su papel ha sido de triste comparsa, no se mete absolutamente en nada y en apariencia, nadie lo toma en cuenta, aconteciendo lo mismo con el Vicefiscal del Control de Procesos, Rafael Pinzón, quien por no ser del equipo cercano al Fiscal, no ha tenido margen de acción, pese a su probada experiencia en el ramo de procuración de justicia.
Gabriela Guadalupe Romero Solis, también colaboradora del despacho de la Benito Juárez Norte, es esposa de Augusto Zapata Martínez, consentida de Cetina y nueva Directora de prevención.
En el Instituto de Ciencias Forenses, se ha desatado una guerra para sacar al Director General José Manuel Flores Acosta, y para ello le han quitado todo margen de acción al colocar en la Dirección de Dictaminación Pericial a Héctor José Farías Echeverría, quien se autoproclama Director General Adjunto (Ese puesto no existe). En dos meses de administración, el acoso al personal ha sido ostensible, realizando movimientos no justificados y colocando a personas de dudosa reputación y capacidad en puestos clave para la operatividad:
Abril Sánchez Correa, es la actual jefa de Criminalística, ha girado instrucciones para que no se proporcione ninguna información al Director General; sin gran vocación por el servicio, su paso por la Institución se ha visto siempre manchado por su actuar prepotente. En varias ocasiones ha sido sorprendida en actos lascivos con personal bajo su mando.
Shubert Irak Arjona, ha sido promovido como coordinador del área de Identificación, sin tomar en consideración que en administraciones anteriores fue dado de baja por haber falsificado documentos para acreditar sus estudios.
Jorge Canché Calan, fue nombrado el encargado del Departamento de Identificación, sin que haya tenido experiencia previa en las labores que dicho departamento realiza, además de haber sido señalado igual por conductas impropias por el personal femenino bajo su mando.
Francisco Valerio MayKu, ha sido nombrado jefe de Documentos Cuestionados, además de gozar de dudosa reputación en los tribunales, su experiencia no rebasa los tres o cuatro años en la materia, algo absurdo si se toma en cuenta la naturaleza de los asuntos que dicho departamento atiende y en donde los intereses económicos suelen ser grandes.
Erik Tun Pool, acaba de ser enviado al departamento de Balística, increíblemente sigue cobrando como jefe de departamento, sus problemas de alcohol lo han orillado a cometer numerosas faltas administrativas en el servicio público, lo que le valió ser relevado como jefe de criminalística el año anterior.
Eduardo Bolio, es jefe de tres departamentos sin tener siquiera una licenciatura concluida.
Actualmente se lleva a cabo un juicio por homicidio donde la defensa se encuentra asesorada técnicamente por Adrián Álvarez Ramírez, quien no solo ha sido el pasante de Héctor Farías, sino que cotidianamente se encuentra en el Laboratorio de Inteligencia Pericial y ha tenido acceso a las carpetas de investigación y dictámenes que se realizan en los diferentes departamentos: Esto último es gravísimo si se toma en cuenta que el Director de Dictaminación tiene intereses particulares y se encuentra dobleteando al tener a su cargo los servicios periciales oficiales y formar parte de la defensa”.———————–
Cabe mencionar que ya se hizo referencia a este número de carpeta, la cual ya tiene sentencia favorable para la defensa. AUTORIDADES COMPETENTES Y FAMILIA QUE SE VE AFECTADA CON ESTOS ACTOS, ATENCIÓN, ESTA SITUACIÓN ES GRAVE!!!!!
Finalmente la información refiere que en ésta administración los cargos no están definidos y en definitiva no corresponden con el Directorio Oficial que aparece en la página oficial de la Fiscalía: “Ejemplo de ello es que Juan Góngora no aparece en dicho organigrama, pero desempeña el puesto de Director General de la Fiscalía, puesto que en la normatividad no existe.
Lo mismo acontece con Héctor José Farías Echeverría, que tomó el cargo de Director de Dictaminación, se autoproclama Director General Adjunto, pero su plaza es de Secretario Técnico del Fiscal.”—————————————————————————–“
Pero el Fiscal fue solo uno de los tres cargos públicos colocados a modo luego de un infame pacto que solo ha dañado a la sociedad y a la credibilidad de las instituciones; en su momento además de negociar y colocar al Fiscal, hoy objeto del escarnio de nuestra sociedad; también se pactaron a los titulares de Transparencia y de Derechos Humanos del Estado, quienes su actuación u omisiones constantes ameritan que se abra una investigación formal, trasparente, exhaustiva y determinante donde al encontrarse irregularidades los suspendan de sus cargos y les apliquen las sanciones administrativas e incluso penales; no solo a ellos sino a todo aquel recomendado o empleado que haya gozado de beneficios laborales o económicos derivados de dichas irregularidades.
En concordancia y siendo una defensora de la legalidad y de los derechos humanos de TODAS LAS PERSONAS, extiendo una cordial invitación a quien tenga información que corrobore o desmienta lo aquí compartido a efecto de que las partes interesadas cuenten con su derecho de réplica. Sin embargo lo más importante es que si tienen información acudan ante las autoridades competentes para que sean ellas las que en el ámbito de su competencia trabajen e investiguen y en su caso sancionen TODO ACTO DE CORRUPCIÓN QUE HAYA SIDO DENUNCIADO Y CORROBORADO.
