Se trató de un fraude maquinado en el que Flores Argáez actuaba como
banco e incluso con pago de intereses, pero usando al Ayuntamiento de
Mérida para garantizar el funcionamiento de los espectáculos.
Bojórquez
Zapata y el PAN, con ayuda de su periódico a modo, han intentado
desviar la atención de los ciudadanos ofreciendo “transparencia” en las
cuentas del Ayuntamiento, pero esto no es más que un ardid porque saben
que lo que hizo Flores Argáez con su consentimiento no fue tomar
recursos del erario, sino traficar influencias en la Comuna,
institución que presentó como respaldo de sus fraudulentas operaciones.
Al
hablar con los “inversionistas” los convencía rápidamente con el hecho
de que los permisos de los espectáculos ya estaban listos, sin mayores
problemas, gracias a su puesto en el Ayuntamiento de la capital.
Las
dos denuncias que se presentaron ayer se hicieron luego de que Uribe
Capetillo fracasó en sus intentos por convencer a los afectados de que
sí se devolvería su dinero, pero que por favor ya no hicieran más
grande el escándalo.
No se logró averiguar los nombres completos de
los que denunciaron y sólo se obtuvo que uno es de apellido Osorio y el
otro se llama Miguel Medellín. Ambos reclaman a Flores Argáez 300 mil
pesos como inversionistas de una banca paralela, “igualita, pero en
menor medida, a la de Stanford”.
El esquema de Ponzi es un sistema
de fraude piramidal en el que un fondo toma dinero recolectado entre
los inversores para pagarles intereses, sin que se realicen los
rendimientos prometidos.
No obstante, en el caso de Flores Argáez lo
que ocurrió fue un desfase administrativo que la obligó a tomar
recursos de lo que le iban aportando para repartir los pagos, pero como
ofreció atractivas ganancias relativamente fáciles, pronto se vio en la
quiebra.
En este asunto, los regidores de Acción Nacional supieron
pronto de los negocios que hacía Flores Argáez algunos de ellos se lo
hicieron saber al alcalde para que pusiera orden. No obstante,
Bojórquez Zapata hizo caso omiso, pues en el “negocio” se encontraba su
hermana Martha y Julio Cosgaya Ceballos, hijo de Rosa Ceballos Madera,
a quien tratan de deslindar a toda costa de los hechos.
De hecho, la
ex directora de Comunicación Social de la Comuna aprovechó sus
relaciones con los medios de comunicación afines al panismo, a los que
pagaba millonarias sumas de dinero para que no publicaran ninguna queja
de los regidores que se relacionara con ella.
Pero el escándalo la
alcanzó en pleno carnaval. De hecho la última ocasión que se le vio en
público fue el miércoles 18 durante la quema del mal humor en la plaza
principal. Después desapareció y nadie pudo dar explicaciones de su
paradero.
Policías judiciales fueron a la oficina de comunicación
social del Ayuntamiento el jueves pasado a entregarle un citatorio. Los
agentes grabaron la diligencia y como sólo estaba presente un reportero
del periódico Milenio Novedades los subalternos de Flores Argáez lo
“convencieron” de no publicar nada pues los judiciales fueron “por el
cristalazo que le dieron al coche de Ceci”.
Flores Argáez, por
cierto, es defendida por Armín Villalobos Martínez, especialista en
defender a defraudadores, pues es socio de García Millán, el famoso
lavador de dinero.
Asimismo, quien presentó la denuncia penal el 19
de febrero, Alejandro de la Cruz Vázquez Favela, por el fraude de siete
millones de pesos, actualmente se desempeña como funcionario en la
delegación del Instituto Nacional de Migración, con un sueldo no mayor
a 20 mil pesos mensuales.
Si Vázquez Favela fungía antes como
auxiliar de la Dirección de Averiguaciones Previas en el sexenio de
Patricio Patrón Laviada y ahora trabaja para el gobierno federal con un
salario medio, llama la atención que haya entregado a Flores Argáez
siete millones de pesos.
Otro empresarios que ya denunciaron o están
a punto de hacerlo son Eloy Cáceres Wejebe, Benjamín Paredes Camino,
Alejandro Meza Corrales, Fernando Guash Madáhuar, Fernando Jorge
Esquivel, Eric José Germon Pinelo, Carlos Abraham Goff, Alfredo Dájer,
Dafne López Martínez y Bernardo Mier y Terán Díaz.
Este escándalo
alcanza a Bojórquez Zapata y a Uribe Capetillo, a quienes se les señala
como los artífices del megafraude que envuelve a connotados políticos
del PAN y a empresarios yucatecos.
Como socio de Flores Argáez
aparece en la empresa Héctor Pino Torres, quien es subdirector de
Atención Ciudadana del Ayuntamiento de Mérida, y como apoderado legal
Alfonso Eusebio Flores Argáez. Otro nombre que sale a relucir es el de
César Silva, un alto funcionario de una empresa cervecera, novio de
Flores Argáez.
Como informamos, en cada transacción para “traer”
artistas a Yucatán, nunca faltó la presencia de Martha Bojórquez
Zapata, hermana del alcalde. Gente cercana a Rosa Ceballos Madera, ex
presidenta del PAN municipal, trató en vano de explicar que su hijo
Julio Cosgaya Ceballos no estaba involucrado en el caso.
(Rafael Gómez Chi)
