La palabra “fuero” entre sus acepciones se encuentra “ley o conjunto de derechos que en la Edad Media un monarca concedía a un territorio, ciudad o persona”, y posteriormente en la actualidad, “conjunto de privilegios o exenciones jurídicas de las que goza un territorio o persona”.
En nuestra legislación se considera el fuero como un “derecho constitucional” que consiste en el privilegio que se les otorga a algunos cargos públicos y de gobierno para procurar en el futuro problemas o acusaciones sin ninguna base o fundamento legal. Especialmente en un sistema democrático donde hay división de poderes y es necesario establecer una regla de respeto institucional que impide la acción de un poder en contra del otro.
Lamentablemente se ha usado el término del fuero en nuestro país como una forma de garantizar impunidad a quienes desde un cargo público se les acusa de corrupción y otros delitos. Lo que ha motivado que existan reclamos sociales para su extinción y así poder castigar a los funcionarios que corrompen la función pública al cometer supuestos delitos.
En los últimos días se ha hecho noticia el caso de la imputación que se hace al presidente municipal de Cuernavaca Cuauhtémoc Blanco, supuestamente por ordenar la ejecución de un empresario. Esto a decir de uno de los ejecutores de tal crimen que afirma que fue él quien le dio la orden para su asesinato.
Si algo podemos decir de Blanco es que su presidencia municipal ha sido duramente golpeada por el gobierno estatal de Graco Ramírez con denuncias mediáticas y operación política que no ha dado resultado: sacar de la presidencia al ex futbolista americanista. Por lo cual se puede percibir en esta supuesta vinculación una intención más de querer quebrar a Cuauhtémoc Blanco.
Esto revive la necesidad de la protección constitucional del fuero. Se tendría que ejecutar un juicio de procedencia para eliminar esa protección y, en caso de proceder, estar sujeto un presunto responsable al juicio en materia penal por los delitos que le puedan acreditar.
El nuevo sistema procesal penal ya no basta la simple declaración para imputar. El trabajo forense exige de integrar diferentes pruebas para llegar a una verdad legal que sustente y acredite la comisión de un delito. Por lo cual el caso de acusar solo por una declaración resulta infundado y parcial.
El problema en este caso es el contexto político que rodea la intencionalidad de “derrocar” a una presidencia municipal constituida legalmente y sustentada en un proceso constitucional vigente.
Esto abre la necesidad de considerar la trascendencia e importancia de contar en el sistema democrático mexicano del fuero. No por la impunidad, sino para el sistema político no actúe sin fundamento contra una autoridad legalmente constituida.
