El domingo fue una jornada sangrienta en la región de Cataluña, España. El movimiento independista había convocado a un referendo sobre el tema de la separación de esa zona de la nación española. Un referendo que había sido declarado ilegal por un tribunal nacional español.
Como consecuencia de la negación judicial y la insistencia en su celebración al final se suscitaron actos de violencia entre la policía nacional española y grupos simpatizantes del referendo. Se menciona en la prensa nacional ibérica más de 800 heridos y un llamado de los grupos que promueven la independencia a una huelga general en la zona para el próximo martes.
En alusión a los hechos, un político español declaró ante la prensa que los actos de violencia se propiciaron por llevar “la política a la calle”. Algunos otros sectores de España han insistido que el tema de la independencia de Cataluña no es un tema solo de quienes viven en la zona, sino también, de todos los españoles. No hay duda de que Barcelona, es una de las más importantes ciudades referentes de la península ibérica.
Es curioso e irónico al mismo tiempo que en una sociedad democrática se condene el hecho de llevar la “política a la calle”. ¿No deberíamos fortalecer más el involucramiento social en los temas de interés común y general?
Es cierto que estamos muy lejos de sentido de la democracia que nació en la Atenas Clásica hace unos dos milenios cuando los temas de la polis se discutía de manera abierta en la ágora, es decir, en la plaza pública.
A lo largo de la evolución social y política se construyó tanta una teoría como praxis política que ha concebido que un Estado Moderno debe estar cimentado en las instituciones. Entendiendo la institucionalidad como los organismos que el mismo Estado crea para darle una viabilidad jurídica, legal y política a los intereses comunes de la sociedad a la cual sirve.
Así es como se entiende el principio constitucional mexicano que afirma que “el poder dimana del pueblo”, pero que acota “que se institucionaliza para su ejercicio”.
Esto nos enfrenta a un reto. Por un lado, es cierto que en las manos de los mexicanos se define la capacidad de elegir nuestra forma de gobierno u otras decisiones, pero al mismo tiempo, nos debe quedar claro que para que eso se pueda concretar se tiene que seguir las vías institucionales. En otras palabras y de manera más coloquial: tenemos el pueblo mexicano un poder que no podemos ejercerlo de manera directa, inmediata o expedita o por propia mano; sino que, debemos acudir a los mismos organismos que el Estado ha creado y nos representan para hacer valer lo que es de interés general.
Recuerda cuando se pedía la renuncia del presidente Enrique Peña Nieto en los dos primeros años de su gestión. Muchos lo replicaron sin darse cuenta de que tras la petición se ocultaba la intención de forzar a un proceso electoral tal y como lo establece la Constitución. Después del segundo año hubiera tenido que ser el Congreso quien eligiera a quien terminaría el periodo sexenal presidencial. Es decir, la renuncia y la sustitución del presidente no solo es que lo mande el pueblo. Al final lo puede desear o querer, pero no poder por no poseer en sí mismo la capacidad a menos que sea activen los procedimientos jurídicos institucionales correspondientes.
Esto nos lleva a cuestionar ¿Es compatible estos preceptos democráticos e institucionales en un contexto social cada vez más abierto y plural como son las redes sociales?
La sociedad actual por el uso de lo tecnología viene abrir el tema de la discusión de los asuntos nacionales e incluir en los ánimos de la población.
Es sin duda un contrasentido afirmar que es malo llevar la política a la calle y ser causante esto de violencia. No se puede justificar una acción del estado ante la participación ciudadana. Al parecer hoy los gobiernos no saben lidiar con la manifestación popular que supuestamente sería un estadio de desarrollo democrático superior o más representativo.
Esto es lo que podemos analizar de este caso, más allá de la consideración si realmente es positivo o no para el pueblo español el movimiento independista catalán.
Hasta qué punto y de qué manera se puede validar o no, sin llegar al uso de la fuerza, el clamor ciudadano dentro de la vía institucional que los Estados reconocen.
