La Cámara de Diputados aprobó un acuerdo para que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, exijan el cumplimiento de los compromisos de Grupo México para remediar, reparar y compensar los daños ambientales, económicos y de salud, de las comunidades afectadas por el derrame tóxico, en los ríos Sonora y Bacanuchi, el 6 de agosto del 2014.
El acuerdo considerado como urgente, presentado por la diputada Susana Corella Platt (PRI), manifiesta un enérgico rechazo de esta Cámara, al incumplimiento de los compromisos de esa empresa, particularmente en lo relacionado con la construcción y operación de 23 plantas potabilizadoras para la eliminación de metales pesados, y de una clínica para la atención de ciudadanos afectados.
El documento indica que la derrama de más de 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre en los ríos de Sonora, afectó a 7 municipios de la región.
Derivado del hecho, miles de sonorenses quedaron sin agua para consumo humano y actividades productivas; cientos enfermaron por la contaminación de los ríos, y se generó el colapso de la economía local y una situación de crisis para los gobiernos municipales.
La diputada explicó que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), multó a Grupo México con 23 millones 565 mil 938 pesos, correspondientes a la comisión de 50 irregularidades en la operación de la mina Buenavista del Cobre.
Asimismo, se pactó la creación de un fideicomiso de 2 mil millones de pesos para la remediación, reparación y compensación de los daños ambientales y a la salud causados por el derrame.
Se contempló construir 23 plantas potabilizadoras para eliminar metales pesados y una clínica especializada para la atención de las personas afectadas en su salud.
Sin embargo, Corella Platt, secretaria de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, mencionó que la única planta que pudiera operar en la región se encuentra paralizada ante la negativa de pagar los costos de energía por parte de la mina.
El gobierno del estado ha tenido que proveer agua potable a las comunidades dañadas y brindar atención médica a los afectados
“Sonora no cuenta con instrumentos legales ni financieros para obligar a que la mina resarza los daños, por lo que es necesaria la intervención de la Federación”, explicó.
El diputado Francisco Javier Pinto Torres (NA) señaló que las políticas ambientales deben ser fuertes para castigar conductas que dañen a los ecosistemas. “Estamos a favor de exigir que Grupo México cumpla sus compromisos”.
El suceso de la mina del municipio de Cananea afectó a 22 mil habitantes que aún resienten el hecho. “Se quedaron sin agua y muchos más enfermaron por contaminación de ríos; además colapsó la economía local, lo que generó crisis para municipios”.
Diana Marcela Márquez Canales (Morena) comentó que a raíz del desastre provocado por la falta de mantenimiento, la minera se comprometió a formar un fideicomiso como fuente de pago único, y pese a eso no cumple.
“A poco más de dos años, la minera se ha desentendido de sus compromisos como las plantas potabilizadoras. Se afectó a muchos habitantes y sólo se le sancionó con 23 millones de pesos, insuficientes si se comparan los daños”, precisó.
De Movimiento Ciudadano, Refugio Trinidad Garzón Canchola refirió que existe negligencia de Grupo México. “Se les debe obligar a cumplir todos sus compromisos anunciados y postergados de manera perversa, sobre todo los que tienen que ver con la salud de las comunidades.
Alma Lucia Arzaluz Alonso del PVEM, dijo que además de los 7 municipios contaminados por la contingencia, se cerraron pozos, que afectaron a agricultores y ganaderos, que pusieron en riesgo el derecho al agua. La Ley Federal de Responsabilidad Ambiental garantiza que los daños al ambiente sean reparados, pero va más allá de una indemnización económica, expuso.
“Hay una falta de seriedad de Grupo México. No se debe permitir que siga incumpliendo, pues además ocultó los hechos, hasta que se vio obligado a reconocerlos”, expresó.
El diputado Juan Fernando Rubio Quiroz (PRD) aseguró que la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental dice que el que paga manda, pero cuestionó si realmente se reparan esos hechos ocurridos en el país. “Lo sucedido en Sonora no sólo afectó a 7 municipios, sino al abastecimiento de agua en el municipio de Hermosillo.
Ante crisis ambientales no se pueden permitir recortes presupuestales en esa materia. “Es momento de darle su lugar al tema”, señaló.
Del PAN, Leticia Amparano Gamez refirió que el asunto ha cumplido dos años y las autoridades han sido omisas. “Hay normas que establecen criterios obligatorios. Las leyes para castigar a responsables son claras, pero no se han tomado medidas para resarcir el daño”.
Grupo México, sostuvo, debe cumplir con sus compromisos, pero de la mano con la Semarnat, Profepa y Conagua, quienes deben ser vigilantes de que se cumpla su propia normatividad.
Desde su curul, la diputada Cecilia Soto González (PRD) solicitó integrar al exhorto su punto de acuerdo presentado en la Comisión Permanente, donde exhortó a las secretarías del Trabajo y Previsión Social y del Medio Ambiente y Recursos Naturales, a revisar el posible incumplimiento de normas laborales fundamentales en la mina de Grupo México, así como incumplimiento en cuanto a remediar el desastre ecológico en Sonora.
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