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Diputados modifican monto de la Ley de Ingresos; será de 5 billones 838 mil 059.7 millones de pesos

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La Cámara de Diputados aprobó con cambios, en lo particular, el dictamen con proyecto de decreto que expide la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2019, y lo remitió al Senado de la República para sus efectos constitucionales.

Con 350 votos a favor, 108 en contra y una abstención, se avalaron las modificaciones a los artículos 1, 27, Séptimo Transitorio, Décimo Transitorio, Décimo Segundo y adición de un Artículo Transitorio.

En términos del dictamen quedaron los artículos 2, 11, 12, 16, 21, 23, 24 y 25 de la Ley de Ingresos 2019. La votación fue 307 votos a favor y 152 en contra.

Se modificó la carátula del dictamen, para que la estimación a recaudar ascienda a 5 billones 838 mil 059.7 millones de pesos (mdp), es decir, 23 mil 768 millones de pesos más a lo planteado por el Ejecutivo federal, y aprobado ayer martes en lo general, que fue de 5 billones 814 mil 291.7 mdp.

Del nuevo monto, tres billones 311 mil 373.4 mdp corresponden a impuestos. Es decir: un billón 752 mil 500.2 mdp por Impuestos Sobre los Ingresos; un billón 752 mil 500.2 mdp por Impuesto Sobre la Renta; un billón 441 mil 843.3 de Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones, y 995 mil 203.3 mdp por Impuesto al Valor Agregado.

También se acordó reformar el párrafo quinto del artículo 1, para que derivado del monto de ingresos fiscales a obtener durante el ejercicio fiscal de 2019, la recaudación federal participativa pase de los tres billones 264 mil 822.4 mdp a tres billones 288 mil 590.4 mdp.

Al presentar la reserva en la carátula y al quinto párrafo del artículo 1, el diputado Carol Antonio Altamirano (Morena) expresó que la finalidad es mejorar los ingresos públicos y realizar un ajuste al alza que dé transparencia a las implicaciones que tienen para la recaudación, y las ganancias por mayor eficiencia administrativa, toda vez que se buscará de manera conjunta con la ciudadanía reducir las prácticas de evasión y elusión fiscal que han dañado las finanzas públicas del país.

Agregó que una vez que se hizo una revisión sobre las facturaciones falsas y la eliminación de la compensación universal, se podrán tener 23 mil 768 millones de pesos adicionales.

Indicó que el número de contribuyentes detectados que han emitido comprobantes fiscales por actividades inexistentes, aumentó en más de 3.7 veces entre 2016 y 2018. “En los últimos años el crecimiento de operaciones con facturas falsas se ha convertido en un problema serio para las finanzas del país. Consideramos que existe un área de enorme oportunidad para atacar la facturación fantasma y lograr que esos recursos ingresen al erario público. Esas prácticas deshonestas serán combatidas frontalmente”.

Afirmó que la capacidad técnica del Servicio de Administración Tributaria (SAT) para identificar estas prácticas fraudulentas ha mejorado significativamente. En consecuencia, se prevé alcanzar mayores ingresos a los presupuestados inicialmente en la Ley de Ingresos 2019.

“Si en lo anterior se agrega el efecto de eliminar la compensación universal, es correcto calcular que se incrementará la recaudación tributaria, porque no se devolverán aquellos saldos a favor que no sean legítimos por provenir de actos amparados por facturas apócrifas, cerrando la posibilidad de devolver saldos de impuestos no enterados al SAT”, añadió.

Por ello, dijo, se estima necesario y responsable modificar la carátula del artículo 1, así como su párrafo quinto, para que el total de los ingresos para 2019 pase de 5 billones 814 mil 291.7 mdp a 5 billones 838 mil 59.7 mdp. Es decir, un incremento de 23 mil 768 mdp.

Tal ampliación beneficiará a la recaudación federal participable, lo cual representa una muy buena noticia que ayudará a las entidades federativas con un aumento en sus participaciones. “De esta manera, actuando con responsabilidad, consideramos pertinente actualizar y transparentar el mejor resultado que tendrá la actividad recaudatoria, en beneficio de las finanzas públicas federales y estatales”.

Antonio Altamirano subrayó que este incremento deberá destinarse con transparencia, legalidad, y para que en los ramos administrativos se atiendan las necesidades prioritarias del país. “Nunca más asignaciones discrecionales y opacas”, expresó.

De igual modo, el Pleno modificó la fracción III del artículo 27, para adicionar las actividades de expendio al público de gas licuado de petróleo (LP), de manera que la Comisión Reguladora de Energía pueda establecer la regulación de precios, cuando la Comisión Federal de Competencia Económica determine que no existen condiciones de competencia efectiva.

Tal fracción queda: “En las actividades de expendio al público de gasolinas, diésel y gas licuado de petróleo, la Comisión Reguladora de Energía podrá establecer la regulación de precios cuando la Comisión Federal de Competencia Económica determine que no existen condiciones de competencia efectiva”.

Al presentar la reserva, el diputado Manuel Rodríguez González (Morena) señaló que el alza en el precio de gas LP tiene un impacto en la economía de las familias mexicanas, si se considera que 76 por ciento de los hogares usan este insumo como principal combustible para el uso doméstico.

Por ello, dijo, es necesario promover la sana competencia en el sector, proteger los intereses de los usuarios, propiciar una adecuada cobertura nacional y garantizar la confiabilidad, estabilidad y seguridad en el suministro y la prestación de servicios. Además, garantizar de manera continua la sana competencia de los precios al público del gas LP.

También, se aprobó modificar el Artículo Séptimo Transitorio, para que los recursos que no sean devengados por las entidades federativas, se destinen, por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), al fortalecimiento financiero en las entidades federativas y/o para la atención de desastres naturales.

La diputada Cynthia Iliana López Castro (PRI) explicó que la intención es que el dinero que sobre en los estados y que no se terminan de gastar, no regrese a la Tesorería de la Federación sino quede en las entidades y vaya destinado al fortalecimiento de los daños por desastres naturales o saneamiento de los estados.

“Se está haciendo que los estados puedan tener un ahorro en el presupuesto que tienen y, si no lo llegan a gastar al cien por ciento, se lo queden, y en el caso de un desastre natural, puedan usar ese fondo, para subsanar los daños”, añadió.

De igual forma, se reformó el Artículo Décimo Transitorio para quedar: “Las dependencias y entidades que coordinen la operación de fideicomisos públicos sin estructura orgánica, mandatos y análogos, salvo los que determine la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, concentrarán en la Tesorería de la Federación, a más tardar el 28 de febrero de 2019, los recursos públicos disponibles no comprometidos al 31 de diciembre de 2018 en dichos vehículos, salvaguardando en todo momento los derechos de terceros, a efecto de que sean destinados a gastos de inversión, así como a programas de inversión que permitan cumplir con los objetivos que se establezcan en el Plan Nacional de Desarrollo y a programas y proyectos que cuentan con registro en la cartera de inversión de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público …”

La diputada Mariana Rodríguez Mier y Terán (PRI), quien presentó la reserva, aceptó incorporar las adiciones y modificaciones del diputado Mario Delgado Carrillo (Morena).

Mariana Rodríguez expuso que la intención es que los recursos de los fideicomisos que no se hayan gastado o comprometido para el 31 de diciembre de 2018, se destinen a programas y proyectos que cuenten con registro en la cartera de inversión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Es decir, “tendrán un expediente completo y transparente que podrá ser verificable en qué se gastó”.

Asimismo, se incorporó un Artículo Transitorio, el cual quedó como sigue: “En el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019 aprobado deberá prever una asignación de la recaudación estimada para la Federación por concepto de Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios aplicable a las bebidas saborizadas, de acuerdo con lo previsto en el artículo 1º de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2019, una vez descontadas las participaciones que correspondan a las entidades federativas, para destinarse a programas de promoción, prevención, detección, tratamiento, control y combate a la desnutrición, sobrepeso, obesidad y enfermedades crónico degenerativas relativas, así como para apoyar el incremento en la cobertura de los servicios de agua potable en localidades rurales, y proveer bebederos con suministro continuo de agua potable en inmuebles escolares públicos con mayor rezago educativo, de conformidad con los artículos 7 y 11 de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa”.

Carlos Alberto Puente Salas, diputado del PVEM, indicó que se trata que una parte de lo que se logra recaudar por el IEPS a bebidas saborizadas, siga atendiendo el origen para el cual es este impuesto especial y así realizar campañas de concientización, trabajar contra las enfermedades crónico degenerativas y se dote de infraestructura a los planteles escolares más necesitados, con bebederos de agua potables. “Esto es para darle un verdadero sentido al impuesto que se recauda y se cobra”.

Además, se modificó el Artículo Décimo Segundo Transitorio, para adicionar el siguiente texto: “… Asimismo, en el marco de la celebración de los referidos convenios, se podrán otorgar descuentos en los accesorios generados a las contribuciones adeudadas…”

Daniel Gutiérrez Gutiérrez, diputado de Morena explicó que se trata de dar certeza y viabilidad jurídica a los convenios establecidos por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), y facultarlo a suscribirlos con las entidades federativas y, en su caso, los municipios para regularizar los adeudos que están con dicha institución, por concepto de cuotas, aportaciones y descuentos.

Mencionó que el ISSSTE, las entidades federativas y los municipios se han encontrado con la dificultad de que estos pasivos se han incrementado en un cien por ciento, debido a los recargos, lo que hace poco viable para estados y ayuntamientos el poder firmar los convenios de acuerdo para los pagos; por lo que esto da un incentivo.

Con este agregado, dijo, se podrá dar un incentivo de apoyo a las entidades federativas y municipios para resolver este problema que cada día afecta a las haciendas locales, ya que los recargos van en aumento, pero lo más importante es cumplirle a quienes perjudica, como son los trabajadores, y que se ven dañados porque sus cuotas no son pagadas al momento.

Boletín de prensa