La Cámara de Diputados aprobó con la unanimidad de 429 votos, el dictamen a la minuta que reforma el artículo 93 de la Ley de Migración, para que el Instituto Nacional de Migración (INM) solicite información al Ministerio Público sobre las denuncias formuladas en contra de los extranjeros por la presunta comisión de delitos, sólo para efectos de control, verificación o revisión migratoria.
Además, cuando los particulares presenten denuncias ante el INM, éste deberá informar a los particulares que no es la autoridad competente para conocer y enviará de forma inmediata al interesado ante la autoridad adecuada para que presente la denuncia correspondiente.
En la fundamentación del documento devuelto al Senado de la República para efectos de la fracción E del artículo 72 Constitucional, la presidenta de la Comisión de Asuntos Migratorios, diputada Julieta Kristal Vences Valencia (Morena), expresó que se busca evitar posibles errores de interpretación que ocasionen conflictos por invasión de competencias, para precisar la facultad de control, verificación y revisión del INM.
La reforma aprobada evitará que haya interpretaciones que den lugar a considerar que el Instituto tiene funciones ministeriales y policiales, de recibir e investigar denuncias penales, que son exclusivas del Ministerio Público, añadió.
“Ninguna autoridad migratoria debe contar con la facultad en materia de persecución de delitos, así sean cometidos por migrantes en situación irregular, en tanto que se trata de una obligación exclusiva de las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia”, aclaró.
Vences Valencia mencionó que la naturaleza jurídica del INM no le permite facultades de investigación tratándose de la posible comisión de un acto delictivo y mucho menos con actividades jurisdiccionales, ya que existen órganos para tal efecto.
En la actualidad, dijo, se siguen presentando denuncias de violaciones a los derechos humanos de los migrantes por parte del Instituto Nacional de Migración, por lo que deberá de cambiar la redacción de la ley a fin de que sea el propio Instituto el que solicite la información de las denuncias realizadas a extranjeros por la comisión de un delito, o en su caso que la autoridad responsable de recibir dicha denuncia informe al INM y no que éste sea el que reciba y turne a la autoridad competente.
En los posicionamientos, el diputado Óscar Rafael Novella Macías (Morena) precisó que este dictamen abonará a dar certeza jurídica a las y los migrantes que se internen al país. Se “ha reclamado por décadas la probidad de la certeza jurídica del INM, dado que es una de las instituciones más corruptas del gobierno”.
Señaló que con estas reformas se buscan erradicar los vicios que han sido señalados y denunciados de manera reiterada. Además, se clarifica la esfera de competencias del INM y del Ministerio Público para garantizar transparencia en la información pública y brindar seguridad jurídica a las y los migrantes.
Su compañera de bancada, diputada Ana Patricia Peralta de la Peña, puntualizó que las reformas derivan de la necesidad de evitar posibles errores de interpretación que provoquen conflictos por invasión de competencias, entre el INM y el Ministerio Público.
Añadió que es importante que quede plasmado en la ley que el Instituto Nacional de Migración deberá solicitar información al Ministerio Público sobre las denuncias formuladas en contra de extranjeros por la presunta comisión de delitos, sólo para efectos de control, verificación o revisión migratoria.
Por el PAN, el diputado Francisco Javier Luévano Núñez expresó: para que se aplique la ley de manera adecuada debe haber claridad en cuanto a las facultades que tienen las autoridades, pues en la actualidad, “la ley deja abierta la posibilidad de una interpretación incorrecta de las facultades del INM, llevando a que abarque facultades exclusivas de los ministerios públicos”.
Aclaró que de ninguna manera se limita al Instituto, ni en sus facultades ni en la información a la que pueda acceder con el objetivo de cumplir sus funciones. Por el contrario, se busca que las instituciones sean más fuertes y sólidas, empezando por sus acciones y la información que manejan. Además, se pretende dar transparencia a las actividades de las autoridades migratorias y evitar abusos de sus funcionarios.
La diputada del PRI, María Ester Alonzo Morales, precisó que México, como un país de tránsito y destino migrante, debe contar con una política pública eficaz que permita garantizar la seguridad, la justicia y los derechos humanos de todas aquellas personas que diariamente ingresan. Requiere tener una legislación efectiva que permita el buen ejercicio de la política con atribuciones bien definidas.
Dijo que la migración es un fenómeno de gran relevancia para México, pues diario ingresan, tanto de manera legal como ilegalmente, distintas personas al país. “El INM tiene la importante obligación de regular los flujos migratorios desde un enfoque de derechos humanos, preservando la seguridad tanto de los mexicanos como de los extranjeros. Debe conocer la información de las personas que ingresan, pero no puede valorar o juzgar un hecho de carácter penal”.
Héctor Joel Villegas González, diputado del PES, expuso que esta reforma permitirá que el Instituto Nacional de Migración no asuma facultades que no le corresponden y que pudieran resultar violatorias de los derechos humanos de los migrantes.
Añadió que si bien se dice que los migrantes son objeto de delitos por su condición vulnerable, también hay extranjeros que ingresan al país y permanecen en él para cometer ilícitos, prueba de ello es que tan sólo en la Ciudad de México hay 576 personas extranjeras sujetas a proceso de 2013 a 2018. “Al ser una realidad que migrantes cometen delitos en el país, resulta fundamental la colaboración del Ministerio Público y del INM”.
Del PT, el diputado Emilio Manzanilla Téllez resaltó que este dictamen tiene un espíritu protector de los derechos humanos de los migrantes y de las normas constitucionales que establecen el principio de presunción de inocencia, sobre todo cuando históricamente México ha sido un país solidario con quienes enfrentan en sus territorios situaciones adversas y cuando millones de mexicanos abandonan nuestra nación con rumbo hacia Estados Unidos.
Se establece que la facultad para perseguir los delitos cometidos por una persona extranjera es del Ministerio Público y no del INM. Agregó que muchos migrantes son violentados en sus derechos, pues ingresan al país y, en ocasiones, “corporaciones policiacas o particulares los secuestran y extorsionan. Debemos protegerlos y defenderlos de las bandas organizadas que en muchas ocasiones operan con el contubernio de las autoridades”.
La diputada de MC, Kehila Abigail Ku Escalante mencionó que en 2018 cerca de 14 mil 500 personas de países de centro y Suramérica, así como del Caribe solicitaron asilo a México en condición de refugiados, y en lo que va de este 2019, más de 12 mil 500 han pedido tarjetas de visitante por razones humanitarias.
Argumentó que la Cámara de Diputados debe actuar como bastión garante de la justicia y del respeto a los derechos humanos de todo individuo en el país, ya sean connacionales o extranjeros. Un gran paso, es erradicar todo posible error de interpretación, en cuanto a las facultades del INM, pues ahora sólo el Ministerio Público podrá ejercer procedimientos penales en contra de los migrantes en tránsito o con residencia.
Norma Azucena Rodríguez Zamora, diputada del PRD, destacó que el problema de la migración es una realidad cada vez más demandante en el país. “Ante las caravanas más numerosas estamos obligados a la implementación de políticas públicas para atender el fenómeno migratorio de manera integral, que nos permitan no sólo atender la emergencia actual sino diseñar programas de atención permanente”.
Este dictamen, añadió, se hace indispensable dado que los agentes del INM “siguen extorsionando, maltratando, violando los derechos humanos de los migrantes e incluso, entregándolos a la delincuencia organizada. Esta reforma no puede verse de manera aislada, ya que se requiere la ley que regule el procedimiento por el cual la Secretaría de Gobernación podrá deportar a los extranjeros a través de un procedimiento individual y no colectivo”.
Al hablar a favor, la diputada Claudia Elena Lastra Muñoz (PT) resaltó que desde esta cámara se debe trabajar para mejorar las leyes migratorias, “uniendo esfuerzos y con la cooperación internacional”. Añadió que se debe asegurar el respeto de los derechos que se demandan para los connacionales en el exterior.
Raúl Eduardo Bonifaz Moedano, diputado de Morena, mencionó que la temática de migración es asunto de trascendencia para las ciudades fronterizas del país; por ello, dijo, el dictamen atiende la necesidad de afrontar los retos y oportunidades en las instituciones encargadas de conducir la política migratoria de México.
Boletín de prensa
