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El PEF 2020 buscará diseñar una nueva política de construcción de vivienda: Ramírez Cuellar

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Se realizó en San Lázaro el Diálogo Nacional, ¡Que ninguna familia pierda su vivienda! Por el Derecho Humano y Constitucional a la Vivienda Adecuada

 

El presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, Alfonso Ramírez Cuéllar (Morena), señaló que para el próximo Presupuesto de Egresos de la Federación 2020, se busca diseñar una nueva política de construcción de vivienda, que se encargue de la situación del alza de los precios del suelo y del acceso a créditos, acorde con las necesidades de millones de familias que demandan tener un techo adecuado.

 

Durante el Diálogo Nacional, ¡Que ninguna familia pierda su vivienda! Por el Derecho Humano y Constitucional a la Vivienda Adecuada, el legislador resaltó que el propósito de este encuentro es analizar los litigios judiciales y la promesa del Ejecutivo de evitar los desalojos y encontrar vías de concordia y reconciliación entre los deudores y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).

 

Subrayó que después de muchos años, un Presidente implantará un programa ambicioso sobre la rectificación para detener el crecimiento de las deudas de los créditos del Infonavit y con ello garantizar el derecho a una vivienda digna y que los financiamientos se adecuen a las posibilidades económicas de los trabajadores.

 

“Creemos que los pasos que se han dado van en la dirección correcta; sin embargo, debemos analizar detalles, ampliar el número de beneficiarios, para que los usuarios de los créditos del Infonavit tengan certeza y claridad de que, en un momento determinado, los montos se pagarán bajo un precio justo con comisiones adecuadas e intereses correctos, y que las unidades de salario mínimo no se disparen”.

 

Por otra parte, informó que solicitó una auditoría para transparentar y castigar, en su caso, a quienes intervinieron en el negocio multimillonario que se generó a partir de la venta de cartera de todas aquellas instituciones bancarias de carácter privado, que entraron en contubernio con la sociedad federal hipotecaria, las cuales hicieron un quebranto al erario.

 

Detalló que en este proceso, los únicos beneficiarios fueron los desarrolladores inmobiliarios que, bajo el objetivo de ganar, especularon con los terrenos, las viviendas; se hicieron en lugares inadecuados, los costos se elevaron significativamente, lo cual originó la declaración de la quiebra de las empresas de este ramo.

 

“Esto nos costó una cantidad cercana a los 50 mil millones de pesos para salvar a compañías que construyeron viviendas, que las dieron muy caras, totalmente alejadas de los centros de transporte y hoy lo que vemos, es un cementerio de viviendas abandonadas y una gran cantidad de casas que no se pueden pagar”.

 

Durante su ponencia, “Problemática general en la vivienda en México”, el diputado Alejandro Carvajal Hidalgo (Morena), resaltó que en la actualidad se vive una crisis en materia habitacional y crediticia, debido a la falta de planeación, por lo que se busca generar una nueva política pública incluyente que no sólo detone la construcción de viviendas, sino que el Estado asuma la rectoría que establece la Constitución.

 

Refirió que un crédito que absorbe más del 35 por ciento del salario mensual de una familia, de manera natural se vuelve algo impagable; “lo que tenemos que hacer, es modificar el paradigma de la vivienda. Nunca más casas sobrevaluadas en más de un 30 o 40 por ciento y también nunca más construcciones y fraccionamientos que se encuentren en lugares deshabitados y alejados, donde no se pueda desarrollar la actividad económica”.

 

Subrayó que en las pasadas administraciones se lucró con este derecho constitucional, se abusó de las instituciones, porque hubo colusión con constructoras, desarrolladores y funcionarios, creando una gran crisis nacional.

 

Por ello, agregó, es necesario informar a los ciudadanos de sus derechos, para que no abandonen sus inmuebles por desesperación o porque no tienen los recursos suficientes para saldar su cuenta crediticia.

 

“Infonavit se ha comprometido a que en los próximos días lanzará un programa para regularizar la cartera vencida”, informó el legislador.

 

Consideró que otro factor a atender, son las comunidades indígenas, las cuales no tienen acceso a una vivienda adecuada, cerca del 10 por ciento de este sector, no cuenta con ninguna oportunidad de un crédito, por lo que acceden a soluciones poco adecuadas en terrenos irregulares, en márgenes de barrancas y ríos, donde después tenemos desastres y muertes; todo ello, por falta de una política pública.

 

También, hemos analizado que el sector informal, trabajadores comisionistas o profesionistas independientes que utilizan plataformas de venta por internet o electrónicas, y que representan ya aproximadamente el 10 por ciento de los empleos, no tienen crédito, porque no cuentan con IMSS, ISSSTE o acceso a un financiamiento hipotecario.

 

La diputada Socorro Irma Andazola Gómez (Morena) mencionó que este diálogo nacional para que nadie pierda su vivienda, es un ejercicio útil y necesario para poner en su justa dimensión, el contexto de la situación de los créditos en México.

 

Apuntó que miles de familias se enfrentan a obstáculos para adquirir una casa de interés social o para pagarla; es por eso que celebró esta reunión porque se conocerá no sólo un diagnóstico, sino las alternativas que tiene la población para que no pierdan su vivienda, “porque si algo tiene que tener seguro el ser humano, es precisamente un techo en dónde resguardarse y construir una vida al lado de su familia, y el Estado tiene la obligación de procurar esas condiciones”, por lo que se comprometió a trabajar para incluir en el presupuesto este tema.

 

La diputada Carmen Patricia Palma Olvera (Morena) informó que trabaja en una propuesta para que se le quite al Infonavit, el Premio Internacional de Dubái a las Mejores Prácticas para Mejorar las Condiciones de Vida de las Personas, el cual reconoce iniciativas globales que sobresalen por su contribución al desarrollo urbano sostenible, pues es evidente que este instituto, no cumple con el propósito para el que fue creado: beneficiar a los trabajadores.

 

Relató que en Playa del Carmen, taparon miles de cenotes para poder construir; sin embargo, las casas poseen un deterioro significativo, porque tienen un altísimo grado de humedad que no sólo enferman a las familias por los hongos, sino que las paredes se caen, los techos se derrumban cuando las personas cuelgan sus hamacas; de ahí la importancia de que los diputados trabajen para velar por los derechos de los acreedores del Infonavit.

 

María Fernanda Aguilar Cortés, gerente de Cumplimiento Legal de la Subdirección General de Administración de Cartera del Infonavit, señaló que en la visión expansiva de la política crediticia del Programa de Vivienda 2007-2012, se determinó como eje fundamental la generación de un millón de créditos, lo que provocó que los desarrolladores construyeran complejos inmobiliarios alejados de los centros urbanos, con la promesa de crear servicios de infraestructura y movilidad.

 

Aunado a lo anterior, en el 2008, durante la época de crisis financiera, se ofrecieron facilidades financieras para adquirir viviendas; sin embargo, la mala planeación de los proyectos, propició el abandono de las viviendas y el aumento de la cartera vencida.

 

Ante este panorama, explicó que la actual administración detectó que la problemática de la vivienda no se puede resolver únicamente a través de la política comercial, sino por medio de una regeneración urbana y social.

 

En este año se han detectado 14 ciudades necesitadas de intervención urgente, conocidas como polígonos de atención prioritaria; en estas regiones el Infonavit pretende crear alianzas con los municipios, para reinsertar a las viviendas abandonadas en el esquema del desarrollo urbano.

 

La representante de la asociación civil USFIN, Rocío Hernández Mendoza, añadió que existen tres millones 682 mil 621 créditos, en Veces Salario Mínimo (VSM), de los cuales, un millón 107 mil 990 han sido objeto de reestructuración, 300 mil 671 se encuentran en cartera vencida y 173 mil 503 más, se localizan en el estatus de prórroga; es decir, un millón 582 mil 164 créditos, tienen mensualidades con sobrepago.

 

Detalló que ante estas cifras es claro que los financiamientos hipotecarios en el esquema de VSM, no resulta viable para los trabajadores, ya que es lesivo para la economía de las familias, por lo que es urgente que los créditos sean trasladados a pesos, con mensualidades fijas, de acuerdo a la capacidad de pago de los beneficiarios y se defina una tregua judicial en tanto se regularicen los procesos.

 

La dirigente del Barzón en la Ciudad de México, Griselda Sosa Beltrán, expuso que el Infonavit, si bien es cierto cambió el esquema de sus créditos para salvar las casas de los trabajadores, lo cierto es que aún persisten los despojos; por lo que pidió a los legisladores integrar en las políticas públicas este tema, a fin de salvaguardar el derecho a la vivienda.

 

Añadió que es preciso que las diputadas y los diputados de la Comisión de Vivienda, diseñen un mecanismo que permita salvaguardar los derechos de los trabajadores que tienen un crédito y ahora se enfrentan a un litigio con el Infonavit, sólo por el hecho de adquirir un contrato con el sistema de VSM o UDIS.

 

Martha Rueda Naranjo, dirigente del Barzón en Baja California, explicó que en esta entidad, se pierden miles de viviendas, no sólo por los créditos del Infonavit, sino por las hipotecas bancarias que dejan en la calle a muchas familias, después de haber sido atrapadas en un sistema financiero rapaz.

 

Agregó que lamentablemente el Sistema de Justicia, ha sucumbido al interés de estas entidades financieras al ir estrechando los márgenes de actuación en defensa de los poseedores de la vivienda, lo que da paso a desalojos y a la recuperación de los inmuebles en favor de las empresas. “Estas familias cubrieron sus créditos por años; sin embargo, el esquema de UDIS, le hace imposible saldar su costo, pues llegan hasta siete veces el precio del valor original”.

 

Rosa Blanca Ramírez, representante del Barzón en el estado de México, pidió poner fin al saqueo del que han sido objeto las familias deudoras del Infonavit; flexibilidad en los créditos que se otorgaron en los esquemas de UDIS o VSM y establecer convenios a plazos no mayores a cinco años con mensualidades fijas.

 

Subrayó que es necesario que se cancelen contratos a las constructoras que defraudaron a los acreditados y se restituya la vivienda de los afectados.

 

El dirigente del Frente Nacional Zapata en Guanajuato, Juan José Brizuela, solicitó a los legisladores derogar el artículo 44; que se entreguen las escrituras a todos los derechohabientes afectados de 1992, que exista un órgano de revisión de los casos, donde el Infonavit incurrió en irregularidades y se reparen los daños.

 

Además, demandó que se realicen auditorías a este Instituto, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera y se forme un nuevo sistema de administración de vivienda, integrado por personas con sensibilidad humana, y se sancione a quienes se beneficiaron de estos actos de corrupción.

 

Álvaro Zárate Vélez, representante del Movimiento Social en Defensa del Patrimonio, mencionó que se tiene que revisar a fondo la política en la materia, para que ésta de certeza a los trabajadores de que su vivienda va a ser su patrimonio y no estén con la incertidumbre y las amenazas de que les despiojen de su inmueble.

 

Finalmente, Artemio Velázquez, representante del Movimiento Social del Patrimonio Familiar, propuso que se vendan las casas adjudicadas, preferentemente a los acreditados despojados y se les otorguen facilidades de pago en pesos y sin intereses; que el precio de la venta se determine con el mismo criterio que se aplica a las inmobiliarias; es decir, a una cuarta parte del valor del inmueble.

 

Indicó que es urgente que cese de inmediato el acoso por los despachos de recuperación hacia los acreditados afectados. “Con esto se estaría cumpliendo con la obligación del Estado mexicano de promover, respetar, proteger y garantizar el derecho a disfrutar a una vivienda digna y decorosa y, al mismo tiempo, se repararía la vulneración de este derecho cometido por las anteriores autoridades.

 

 

 

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