El Pleno de la Cámara de Diputados, aprobó que el presidente de la Mesa Directiva, Francisco Ramírez Acuña, interponga, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dos controversias constitucionales relativas al Reglamento de la Ley de Petróleos Mexicanos y a la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional, en el ramo del petróleo.
La Junta de Coordinación Política hizo suya la proposición del punto de acuerdo del grupo parlamentario del PRI, por lo que se instruyó al diputado Ramírez Acuña, presente las controversias constitucionales antes mencionadas ante la SCJN.
Ambos ordenamientos fueron emitidos por el Ejecutivo Federal, debido a que estos contienen diversas violaciones a los principios rectores de los hidrocarburos plasmados en los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En noviembre de 2008, como resultado de la Reforma Energética ampliamente discutida y consensuada en el Congreso de la Unión, se publicó una nueva Ley de Petróleos Mexicanos, así como reformas y adiciones a la Ley Reglamentaria del artículo 27 constitucional en materia de petróleo.
En ambas legislaciones se ratificaron los principios de propiedad exclusiva y dominio directo de la Nación sobre el petróleo y demás hidrocarburos, así como el carácter estratégico y explotación exclusiva por parte del Estado de la industria petrolera, principios contenidos en los artículos 25, 27 y 28 constitucionales.
En septiembre del presente fueron publicados los reglamentos antes mencionados, varios de sus artículos son la materia para la presentación de la controversia constitucional.
Los argumentos principales para interponer la citada controversia se refieren a que en los reglamentos se pretende, mediante conceptos y figuras gramaticales, la permisión de contratos de riesgo, la posibilidad de que puedan cederse alguna propiedad de los hidrocarburos a las empresas contratadas para la explotación, permitir el surgimiento de una industria paralela privada y la participación de particulares en actividades exclusivas para PEMEX.
Todo lo anterior evidencia la necesidad de que la Corte revise la reglamentación a la que se ha hecho referencia y en la que se ha encontrado disposiciones anticonstitucionales.
La propuesta hecha por el legislador César Augusto Santiago, a nombre del Grupo Parlamentario del PRI, fue acogida con amplio respaldo por el Pleno e incluso suscrita por los diputados del PRD, PVEM, PT y Nueva Alianza, por lo que antes del 16 de octubre, la Mesa Directiva de la Cámara deberá interponer formalmente la controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
