El pasado lunes se dio un paso significativo en la consolidación de la estructura esencial y fundamental de la sociedad: la familia que surge de la concepción del matrimonio. Un acto jurídico donde un hombre y una mujer expresan su libre voluntad para constituir, junto con los hijos venideros producto de la relación, una familia. A partir de ahí se derivan varios conceptos jurídicos trascendentales entre ellos la filiación, parentesco, adopción, patria potestad.
Mucho se ha querido imponer que la negación del matrimonio a los que tienen una relación homosexual es un acto de discriminación que atenta contra la igualdad y la justicia. Sin embargo, el Derecho como ciencia debe determinar las normas jurídicas en función de la naturaleza de los hechos sociales. De tal modo, que el matrimonio queda plenamente definido como la relación entre un hombre y una mujer, que le imponen derechos y obligaciones propios de la naturaleza de esa relación. Por el acto de manifestación del consentimiento ante la autoridad competente exige de procesos como el divorcio para romper con el compromiso social y jurídico asumido de manera libre y voluntaria.
Igualmente la ley prevé que aquellos que por decisión personal y conjunta no desean cumplir con el requisito de fondo del matrimonio, la manifestación de la voluntad y consentimiento ante una autoridad, se les otorga la figura del concubinato. A la cual se le otorgan derechos y obligaciones inherentes a su realidad. Un concubinato no es menor ni excluyente ni discriminatorio del matrimonio. Son evidentemente dos realidades diferentes, que como tal, requieren ser reconocidas por el Derecho en su propia naturaleza.
Un hecho indiscutible es la relación entre homosexuales. Una realidad que recientemente se ha dado importancia en la búsqueda de los derechos que la relación se merece. Es simplemente el cumplimiento de la justicia que demanda el trato igual entre iguales y diferentes entre los diferentes.
Los grupos que quieren hoy quebrantar un paradigma social y jurídico se alega que en todo el mundo se han dado los pasos para reconocer el matrimonio universal. Sin embargo es interesante descubrir que en Francia, la cuna del liberalismo y de los derechos del hombre y del ciudadano – el primer gran manifiesto, antecedente de los derechos humanos –, existe el grupo Homovox (http://www.homovox.com/) constituido por una gran comunidad homosexual. La lideresa y fundadora del grupo, la francesa Nathalie de Williencourt en una entrevista concedida el 11 de enero de 2013 en el sitio web Tempi.it señaló “… la pareja homosexual es diferente de la heterosexual por un simple detalle: no podemos dar origen a la vida”.
En otro momento es más precisa “la mayoría de los homosexuales no queremos ni el matrimonio, ni la adopción de los niños, sobre todo no queremos ser tratados del mismo modo que los heterosexuales porque somos diferentes, no queremos igualdad, pero si justicia.”
¿Si tanto dicen que hoy los matrimonios, por ser heterosexuales están en quiebra o descrédito, quieren ser tratados de forma más que igual en una institución jurídica decadente?
Lo acontecido en el Tribunal Superior del Estado, instituido como Tribunal Constitucional, abre la puerta para que los grupos que quieren legalizar su relación homosexual lo hagan, que busquen su propia definición de derecho y desde la cual se les otorguen sus derechos y obligaciones en función de su relación. No es necesario confundir términos con tal de arrebatar realidades. Aceptemos que existe democracia en función de la misma diferencia social, de grupos, ideologías y hasta de preferencias sexuales, donde el respeto a los derechos de cada grupo estén fundamentado en la democracia como estilo de vida donde todos tienen la oportunidad de hacer valer sus derechos y obligaciones. Aceptar la diferencia y darle la oportunidad de su certidumbre jurídica no es caer en la discriminación, por lo menos en aquella que denigra, porque al final enaltece y dignifica cada realidad social
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