Robustecer el sistema, acceso a energía confiable, mejores tarifas y libertad de consumidores, entre sus propuestas
Participaron en el Parlamento Abierto organizado por la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados
En el primer día del Parlamento Abierto “Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Industria Eléctrica”, representantes del sector empresarial, especialistas, consultores y académicos fijaron sus posturas sobre la iniciativa preferente del Ejecutivo Federal en esta materia.
El segundo bloque del evento organizado por la Comisión de Energía fue moderado por la diputada María de los Ángeles Huerta del Río (Morena).
Posturas sobre iniciativa preferente
Régulo Salinas Garza, presidente de la Comisión de Energía de la Concamin, afirmó que la industria requiere acceso a energía confiable y de bajo costo, por lo que preocupa que se busque eliminar la competencia en el sector. “La propuesta crea un régimen de excepción para un solo jugador del sector: la CFE, quien tiene costos más altos que sus competidores; afectará al consumidor final o al contribuyente con el empleo de mayores subsidios para compensar el alza en los costos”.
Reiteró que se desplaza la electricidad más barata y limpia y se privilegia la más cara. Subrayó que el autoabasto es necesario para que las industrias mantengan la competitividad, “14 por ciento del PIB se abastece con la electricidad generada bajo este esquema que, de eliminarse este régimen, los consumidores de diversos sectores pagarían energía más cara generando un incremento en el precio de bienes y servicios”.
El investigador del Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Humberto Morales Moreno, indicó que decir que la iniciativa del Ejecutivo está enfocada a sacar del mercado al sector privado, nacionalizar o volver al modelo corporativo o monopolio de Estado, es retórica que no se sustenta con datos duros.
Indicó que si bien la Reforma Energética abrió el abanico y permitió la entrada de productores privados, quienes obtuvieron beneficios que no se tradujeron en ayudarle a la CFE a abaratar sus costos de despacho, transmisión y distribución, lo cual permitiría mantener tarifas que no necesitarían subsidios estatales y que el mercado se ajustara a la baja.
El especialista en energía, Santiago Barcón, resaltó que el objetivo debe ser que todos cuenten con el servicio de energía. Además, tanto CFE como antes la compañía Luz y Fuerza del Centro siempre han favorecido las compras nacionales, lo que ha creado un grupo eléctrico que exporta 40 mil millones de dólares al año y da empleo a 205 mil personas.
Calificó de acierto revisar la Reforma Energética; sin embargo, pidió no comparar las infraestructuras de otros países con México y que se verifique la planeación, porque en el Noreste se tiene embotellada la energía. “Debemos ver dónde se otorgan los permisos para robustecer el sistema”.
Paul Alejandro Sánchez Campos, consultor independiente, mencionó que la iniciativa del Ejecutivo no abona a dejar un México mejor para todos en materia ambiental, ni a tener finanzas públicas sólidas o generar un mayor mecanismo de rendición de cuentas.
En México, dijo, “hemos crecido con la idea de no tener la capacidad de elegir al más básico de los servicios, como es la energía eléctrica”. La propuesta, subrayó, tampoco abona a la libertad como consumidores, “se nos ve más como contribuyentes; parece que es patriótico pagar y hacerlo por la fuerza”.
José Luis Luege Tamargo, especialista en energía, sostuvo que la iniciativa es violatoria de diversas leyes y de preceptos constitucionales; promueve un retroceso al uso excesivo de combustóleo sucio y contaminante en detrimento de la ecología y de la salud de millones de personas, lo que provocará el incumplimiento de los compromisos signados por México en los acuerdos de París para el combate al cambio climático.
Además, dijo, provocará que no se cumpla la meta aprobada por México de generar, a través de energías renovables, el 35 por ciento del fluido eléctrico en el 2024; provocará un sinnúmero de amparos o controversias y ocasionará un grave daño económico por la pérdida de miles de millones de pesos de inversión en proyectos de energía renovables.
Fernando Zendejas, profesor de Derecho Energético en la UNAM, indicó que CFE suministra energía a 45 millones de usuarios; y subrayó que, favorecer exclusivamente a un participante generaría ineficiencias en el sistema e implicaría mandar al final a las plantas que hoy dan muy buenos precios y que no contaminan.
Comentó que, si se aprobara esta propuesta, el problema del subsidio que siempre lo tiene CFE se agravaría aún más. Estimó que lo principal debería ser buscar eficiencias y que se obtenga la energía lo más barata posible. Mencionó que limitar el otorgamiento de permisos en una actividad liberalizada, como la generación de energía, violaría el artículo 28 constitucional y los tratados que a nivel mundial ha signado México.
A su vez, la especialista en energía, Rosanety Barrios Beltrán, resaltó que se requiere de una Comisión Federal de Electricidad fuerte, que no necesite evitar la competencia, sino que la enfrente y salga adelante, que tome ventaja de aquellas actividades en donde tiene el monopolio y es rentable, como la distribución y la transmisión.
Enfatizó que en el supuesto de que se incrementara la participación de las plantas de la CFE, el costo de la generación se va a elevar y llevará a mayores emisiones de sustancias contaminantes del ambiente.
Katya Somohano Silva, de la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero, refirió que se requiere un marco legal apropiado, instrumentos de política pública acordes a los retos globales, así como mecanismos que garanticen el mejor uso de los recursos naturales y de la infraestructura pública del país.
Pidió a los legisladores que analicen, debatan y valoren el alcance y profundidad del impacto en la competitividad de la política industrial. “La magnitud y trascendencia del cambio que se plantea amerita una reflexión profunda e incluyente. Proponemos llevar a cabo estudios técnicos y económicos que permitan esclarecer con objetividad e imparcialidad el impacto de esta iniciativa en materia tarifaria y fiscal”.
Preguntas y respuestas
Como parte del Parlamento Abierto, diputadas y diputados de diversos grupos parlamentarios cuestionaron a los ponentes sobre la proyección de pérdidas en inversiones.
También preguntaron respecto del riesgo en el abasto de agua para riego, en caso de sequías, así como el uso doméstico y generación de energía, además de los estudios técnicos del impacto fiscal de la iniciativa y el despacho de combustóleo y diésel.
De igual modo, respecto de cuántos barriles están produciendo las refinerías y qué cantidad de ellos utilizarían las plantas de CFE para producir energía, si se daría abasto y el costo que ocasionaría.
Fernando Zendejas expresó que las inversiones que se han recibido por medio de las tres subastas realizadas suman nueve mil millones de dólares, sólo en materia de construcción de plantas eólicas y fotovoltaicas, ya que adicionalmente se han establecido plantas privadas.
Consideró importante tomar en cuenta todas las implicaciones y los compromisos internacionales del país, en caso de que esta iniciativa sea aprobada en sus términos; es el caso del T-MEC, pues podría ocasionar la imposición de aranceles.
Rosanety Barrios dijo que los gasoductos se planearon para permitir la incorporación gradual de todas las plantas eléctricas. “Son necesarios para la generación eléctrica, uso industrial, comercial y de servicio”.
José Luis Luege Tamargo precisó que hay una mala operación de las presas y falta comunicación entre los responsables de Conagua y la CFE, porque con los actuales sistemas se pueden seguir los fenómenos meteorológicos. Comentó que se están reactivando viejas termoeléctricas que, incluso, deberían ya salir de operación porque algunas tienen más de 40 años de operación y son equipos obsoletos.
Katya Somohano Silva resaltó que existen diversos estudios que ayudan estimar el impacto que podría tener el despacho de una tecnología diferente a la que hoy existe; hay que considerar esos elementos objetivos para decidir sobre la iniciativa de fortalecer a CFE y tener tarifas competitivas.
Humberto Morales Moreno indicó que lo que plantea la iniciativa preferente no es liquidar el mercado privado de generación de electricidad. “Al contrario, se trata de que este aumente porque CFE no se va a dar abasto en los próximos años; la idea es poner orden en el mercado”.
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