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Estados de la región deben adoptar medidas urgentes para la protección de la salud mental en contexto de COVID-19 y la garantía de su acceso universal

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2 de octubre de 2020

Washington, D.C. – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) hacen un llamado especial a los Estados para que garanticen la atención y el tratamiento de la salud mental al momento de adoptar políticas de salud y otros ámbitos para hacer frente a la pandemia, y avanzar decididamente en garantizar su acceso universal. Lo anterior, en tanto la salud es un derecho humano fundamental e indispensable reconocido en el marco jurídico interamericano, entendido como un estado completo de bienestar físico, mental y social, derivado de un estilo de vida que permita alcanzar a las personas un balance integral. Asimismo, la garantía del acceso universal a la salud mental es un determinante para que las sociedades puedan funcionar adecuadamente y las persona puedan desarrollarse plenamente en sus proyectos de vida, siendo que el bienestar psicológico y emocional facilita que las personas utilicen sus habilidades y contribuiyan efectivamente con su bienestar personal, sus entornos y comunidades.

En ese marco, la CIDH recuerda que, mediante sus Resoluciones 1/20 y 4/20, instó a que los Estados tomen las medidas específicas y urgentes para garantizar efectivamente el derecho a la salud -incluyendo la salud mental-, al tener en cuenta que los contextos de pandemia y sus medidas de contención generan serios impactos sobre la misma. De esta manera, se integra el derecho a la salud mental expresamente y se busca que los Estados no ignoren sus obligaciones dirigidas a cumplir sin discriminación la provisión de servicios y bienes de salud mental desde los elementos de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad.

Dado que esta pandemia no sólo ha generado una crisis de salud física, sino también impactos sustantivos en la salud mental de la población del continente, es necesario reconocer la actual situación de vulnerabilidad psicológica y psicosocial a la que todas las personas han sido expuestas de forma transversal, aunque algunos grupos estén enfrentado mayores niveles de riesgo en este ámbito, tales como: personas trabajadoras de la salud, personas con COVID-19 – en los términos de la Resolución 4/20-, personas en condición de discapacidad, personas mayores y/o con preexistencias médicas, mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas LGBTI o en situación de pobreza, entre otras.

Para la CIDH y su REDESCA es de suma preocupación las amenazas que la pandemia representa en la salud mental de la población mediante la generación o agravamiento de trastornos psicológicos, neuropsiquiátricos y emocionales; la depresión, los trastornos generados por el uso de sustancias adictivas, así como la ansiedad, el estrés, el pánico o riesgos de suicidio, entre otros. De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), en América hay una crisis de salud mental sin precedentes, producto del aumento del estrés, como del consumo de alcohol y drogas ante las medidas de restricción a la movilidad que se han impuesto frente a la pandemia. A su vez, esta situación se ha visto agravada porque los Estados, al dirigir sus esfuerzos para dar respuesta a las afectaciones físicas relacionadas con el Covid-19, estarían descuidando la atención de la salud mental de la población, en un escenario donde las necesidades son visiblemente crecientes y los recursos existentes para abordarlas insuficientes.

Es pertinente recalcar que el financiamiento de estos servicios relacionados con la salud mental ya era limitado antes de la pandemia. Lo anterior, en un contexto en el que el nivel de ingreso de los países determinaba la proporción de gasto a la salud mental del presupuesto de salud, y con ello, su disponibilidad y calidad. Aún de esta manera, todos los Estados de la región tenían un desequilibrio entre el gasto en salud mental y la carga causada por trastornos mentales. Así, según la OPS, a 2018 los países con ingresos altos tenían una brecha entre la carga y el gasto de 3 veces, mientras los de bajos ingresos hasta de 435 veces, con una mediana regional de 34. Adicionalmente, la misma Organización constató recientemente que en las Américas las enfermedades de salud mental han sido una epidemia silenciosa, que lleva a la región a tener el segundo nivel más alto de consumo de alcohol a nivel mundial, así como la ansiedad y la depresión como las dos principales causas de discapacidad.

Teniendo en cuenta solamente los efectos previsibles de la pandemia sobre la salud mental, el panorama regional va a implicar una gran cantidad de desafíos, por lo que la atención al servicio de salud mental es esencial para la actualidad, así como a mediano y largo plazo. De acuerdo con la CEPAL, esta será “la peor contracción económica de los últimos 100 años”, pues se calcula que el PIB regional se contraerá en aproximadamente 9,1%; que se perderán 2,7 millones de empresas pequeñas y medianas formales; que la tasa de desempleo aumentaría significativamente -con una estimación de 41,1 millones de personas desempleadas-, y que durante el 2020, el número de personas viviendo en pobreza se incrementaría en casi 45,4 millones de personas, mientras otras 28,5 millones ingresarían a condiciones de pobreza extrema. Esta proyección implicaría que 230,9 millones de personas estarían en condición de pobreza a 2020 -37,3% de la población latinoamericana-, mientras 96,2 millones de personas estarían en condición de pobreza extrema, lo que representa el 15,5% de la población.

Así, la ansiedad y los trastornos mentales no sólo están asociados al temor al contagio, al sufrimiento propio o de seres queridos, sino también por la estigmatización, la discriminación y falta de solidaridad, la escasez de recursos económicos familiares, la inestabilidad e incertidumbre, el desempleo, la sobrecarga de tareas -particularmente por parte de las mujeres con las tareas de cuidado-, el temor al futuro, las restricciones a la circulación, el aislamiento, las dificultades de la dinámica familiar, el incremento de la violencia doméstica, la falta de acceso o precariedad en la atención sanitaria y acceso a alimentos, agua o vivienda, por solo mencionar algunos.

Ante este escenario, es indispensable que los Estados incluyan la salud mental como un derecho en la cobertura sanitaria, y no solo atiendan las problemáticas, síntomas y padecimientos físicos derivados del COVID-19. Asimismo, que estos servicios respondan a las necesidades particulares de los diferentes grupos poblacionales impactados y tenga un abordaje de derechos humanos y que vaya mucho más allá de su entendimiento biomédico. La salud mental es componente inextricable del derecho a la salud, y su realización está intrínsecamente ligada al pleno disfrute de los derechos humanos. Por esta razón, hay una imperativa necesidad de adoptar un enfoque de derechos humanos en esta materia, mediante el que se persiga la dignidad y el bienestar psicológico y psicosocial de todas las personas.

Por lo anterior, la CIDH y su REDESCA recuerdan a los Estados su obligación de garantizar el derecho a la salud mental- bajo los criterios establecidos por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos tales como: disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad. En atención a ello, recomienda:

1. Incluir servicios de atención integral a la salud mental y su financiación como un factor esencial en los sistemas de salud, desde un enfoque de derechos humanos y bajo una perspectiva interseccional, de género y de diversidad étnico-cultural, tanto durante como después de la emergencia sanitaria actual.
2. Considerar la salud mental en los distintos ámbitos en que se adopten políticas frente a la pandemia (sanitario, laboral, educativo, fiscal, entre otros), en los que deben incluir servicios de bienestar psicológico y psicosocial, cuidados paliativos y tratamiento de adicciones.
3. Combatir activamente la estigmatización y abandono de los servicios de salud mental.
4. Garantizar el derecho a la información oportuna, veraz e imparcial, culturalmente adecuada y sin censura, para reducir la incertidumbre y los principales impactos mentales de la población frente a la pandemia.
5. Adelantar campañas de bienestar emocional y psicológico accesible a la población, que incluya las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas para asegurar su recepción por parte de las personas en condición de discapacidad, niños, niñas y adolescentes o pueblos indígenas.

La REDESCA es una Oficina de la CIDH, especialmente creada para apoyar a la Comisión en el cumplimiento de su mandato de promoción y protección de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en el continente americano.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia

 

 

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