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Feminicidios y violencia de género ¿por culpa del neoliberalismo?

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Hace como un mes leía un pensamiento en una red social que no estaba lejos el día en que le estallará un problema social al gobierno federal de López Obrador. Ya debe ser un signo de preocupación la simpleza en el diagnóstico de la problemática de violencia de género y feminicidio que han encendido el clamor ya no solo de mujeres feministas, sino encendido el repudio de una sociedad que no percibe políticas públicas contundentes para atender estas circunstancias que, aunque siempre han estado presentes, ahora retoman una importancia y relevancia social
Un claro ejemplo lo tenemos desde la semana pasada, cuando para el presidente lo más importante de su mañanera era la noticia del cheque de 2 mil millones de pesos recuperados del Infonavit como consecuencia del combate de la corrupción, la presencia del fiscal general de la república Alejandro Gertz Manero motivó a un cuestionamiento sobre la retipificación del delito de feminicidio en una reducción simplista que molestaba a ciertos grupos feministas. El insistente cuestionamiento provocó la molestia del mandatario porque la prensa se desviaba de lo que para él era más importante, el cheque y la vinculación con la rifa del avión presidencial.
Para entonces ya teníamos en la conciencia colectiva el caso de Ingrid y el conocimiento de muchas otras más mujeres desaparecidas, algunas de ellas encontradas muertas de manera violenta y denigrante para la condición femenina.
Pero la gota que derrama el vaso es el caso de Fátima, una niña de escasos 7 años de edad, que sufrió la peor de las torturas y sufrimiento.
¿Cómo conceder el respeto a los “derechos humanos”, tal y como lo pidió el presidente a los elementos de la Guardia Nacional, de quien se atrevió a aplicar ese grado violencia contra una menor de edad?
Es entendible ese reclamo y por parte del gobierno se espera una mayor sensibilidad a la molestia y repudio ciudadano en lugar de continuar con el discurso campañero que responsabiliza todos los males sociales, económicos y político, al contrincante.
Al entrar este gobierno, el tema de la mujer y su empoderamiento ha ido en retroceso. Por ser un símbolo de los gobiernos anteriores se cancelaron las estancias infantiles, así como también, se disminuyó significativamente el apoyo económico federal para los centros de atención de violencia contra las mujeres, propiciando el cierre de esas instituciones que brindaban asesoría legal y jurídica, así como también, de albergue temporal como medida apremiante ante hechos de violencia.
La fiscalía ha pretendido reclasificar la tipicidad legal del feminicidio, un logro social y herencia de los pasados sexenios “neoliberales” que reconocieron la importancia del problema y plantearon una estrategia legal para sustentar acciones contra los agresores. Aunque falta mucho por hacer, no es posible que no se quiere reconocer un avance social y hoy se pretenda disminuir la trascendencia de la violencia y la necesidad de consolidar espacios libres de violencia para mujeres y niñas.
Esto no se trata de ni de opositores ni de fifis ni de grupos del pasado desestabilizadores. Es muy cierto que se ejerce mucha violencia contra las mujeres en diferentes ámbitos de la sociedad.
El gobierno debe establecer instrumentos, estrategias y medios para prevenir y disminuir la incidencia de violencia de género. No basta un catálogo de buenas intenciones que además resulta simplista e irrespetuoso para quienes han sufrido de las graves consecuencias que provoca la violencia de género.
Pero como dijo el presidente, hay “cosas” mucho más importantes que ver y apurarnos, como lo es, la manera de garantizar que se venda los boletos para la rifa del avión presidencial.