Presidente del IFT pide a diputados recursos por mil 730 mdp
Justifica percibir sueldo por arriba del presidencial
El consejero presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), Gabriel Oswaldo Contreras Saldívar, solicitó un presupuesto por mil 730 millones de pesos, para 2020, que implica una reducción de 50 millones respecto del año anterior.
Durante la mesa de diálogo con organismos autónomos sobre el presupuesto, señaló que el recurso solicitado es el necesario para cumplir con sus funciones constitucionales y legales. El gasto corriente no se incrementa, cumple con lo dispuesto por la ley, y el de inversión aumenta en 27 millones de pesos en equipo de monitoreo y medición, aseguró.
Ante integrantes de las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Radio y Televisión, que presiden los diputados Alfonso Ramírez Cuéllar (Morena), e Isabel Margarita Guerra Villarreal (PAN), respectivamente, señaló que los gastos de comisiones, difusión y actividades se destinan a labores sustantivas.
Básicamente el 80 por ciento está canalizado a lo que hacen “nuestros trabajadores en compañía de la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Seguridad Pública, y la Fiscalía General de la República en el monitoreo del uso ilegal del espectro radioeléctrico”, subrayó.
El funcionario advirtió que hay un grave problema debido al uso ilegal de este espectro por el crimen organizado y estaciones de radio ilegales. Ante ello, el equipo de trabajo del IFT trabaja las 24 horas de los siete días de la semana. Participa en operativos con las secretarías de Marina, de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional para apoyar en radio-monitoreo.
Detalló que el aprovechamiento ilegal “interfiere, incluso, en servicios públicos y en la navegación aérea. Ése es el problema, a eso se refiere la partida de comunicaciones y viajes”.
Sobre el presupuesto que propone, dijo que incluye proyectos cancelados el año pasado que se consideran de importancia, especialmente la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de las Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH), que permite obtener datos para la toma de decisiones de política pública, no sólo por autoridades federales, también en el ámbito estatal y municipal.
Respecto de los salarios, detalló que mil 335 plazas del instituto son de directores de área hacia abajo; es decir, las personas que realizan las funciones sustantivas. “No existen sueldos monumentales y toda la información es pública”.
Agregó que el sueldo propuesto para el comisionado presidente del IFT, para 2020 es de 141 mil 539 pesos, 26 por ciento más que el salario nominal que el sueldo del Presidente de la República. “El artículo 127 fracción III establece que se puede ganar más que el superior jerárquico, pero sin exceder el 50 por ciento del salario del Ejecutivo”.
Expresó que el instituto le cuesta al Estado una décima parte de lo que le genera en materia recaudatoria, sin considerar el impacto que tiene directa e indirectamente en la población el ejercicio de la función regulatoria.
“Por las licitaciones, las multas y las funciones sustantivas que desarrolla, ha recaudado al gobierno 106 mil millones de pesos desde su creación. No es su función principal la recaudatoria, pero se ha recaudado a lo largo del tiempo cada vez más para el gobierno, por el ejercicio efectivo de nuestras funciones. En este año van cerca de 25 mil millones de pesos, cuando se nos asignaron mil quinientos millones de pesos”.
Este es un sector creciente que cada vez tiene más participación en el Producto Interno Bruto, se contabiliza como participación directa a marzo de este año 2.5 puntos porcentuales.
Refirió que desde la creación de este instituto los precios de las telecomunicaciones han descendido 26 por ciento. En telefonía móvil, la reducción fue de 43 por ciento; el precio de gigabyte por segundo cayó 70 por ciento; esta disminución de precios en el sector ha anclado a la baja el índice de precios a los consumidores.
Añadió que las funciones del IFT y la forma en que las ejerce impactan directamente en el bolsillo y calidad de vida de los usuarios. “La eliminación de la larga distancia nacional y la política de interconexión entre operadores de red, generaron, en dos años, de 2015 a 2017, ahorros a los mexicanos por 133 mil 720 millones de pesos”.
Se presenta un proyecto no inercial, un ejercicio de conciencia de hacer las reducciones necesarias para contribuir al gasto público que requiere el gobierno federal. “No hemos subido el presupuesto desde que nacimos, por el contrario, en términos reales ha sido reducido; el que solicitamos el año pasado implicó una disminución respecto a los anteriores”.
Explicó que de los mil 700 millones de pesos solicitados para 2019, se asignaron mil 500 millones, lo que implicó una reducción en términos reales de cerca de 40 por ciento, comparado con el que se otorgó en el primer año de la institución.
La diputada Isabel Margarita Guerra Villarreal (PAN), presidenta de la Comisión de Radio y Televisión, apuntó que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) ha regulado a los agentes económicos preponderantes y a los sectores de comunicaciones y radiodifusión a través de procesos públicos y transparentes, para reducir las barreras a la competencia, generar certidumbre y facilitar la innovación de inversión en beneficio de los usuarios y audiencias.
Asimismo, ha conducido procesos de licitación del espectro radioeléctrico y trabajado en su reordenamiento y mejor aprovechamiento.
La legisladora reconoció la importancia del diálogo convocado por la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, presidida por el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, con los órganos autónomos, que permite saber los retos y relevancia de este organismo en el marco de la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el próximo año.
“Queremos escuchar todas las voces para saber dónde estamos y hacia dónde vamos en materia de telecomunicaciones”, subrayó.
El legislador Irineo Molina Espinoza (Morena) dijo que el país requiere de una regulación eficiente que promueva la competencia, y mejore la calidad y cobertura. Mencionó que en la partida presupuestal para la operación de programas, presenta incremento, y preguntó su opinión sobre las radios comunitarias y qué se debe hacer para establecer la base legal.
Erasmo González Robledo, diputado de Morena, afirmó que con el objetivo de analizar mejor el presupuesto es importante saber la razón de solicitar un incremento real en sus prestaciones laborales por 43.9 por ciento y la justificación de los sueldos elevados.
La diputada Erika Mariana Rosas Uribe (Morena) mencionó que el instituto requiere un presupuesto de mil 730 millones de pesos, lo que representa un incremento de 230 millones respecto al presupuesto que la Cámara de Diputados le asignó, lo que deja ver que no le interesa sumarse a los esfuerzos de austeridad republicana. Por sus decisiones de continuar con privilegios personales y derrochar recursos, “el IFT no merece un incremento; incluso, merece menos de lo que obtuvo para este año”.
La diputada María de los Ángeles Huerta del Río (Morena) dijo no estar de acuerdo en incrementar el presupuesto para el IFT, porque no se justifica el alza de alrededor de 200 millones de pesos, ni tampoco destinar 50 millones de pesos al año en publicidad. También estimó que los 2 mil 648 empleados con los que cuenta el instituto es una cantidad exagerada, por lo que habría que hacer una revisión puntual del tema, se paga por consultorías externas.
También de Morena, la diputada Simey Olvera Bautista preguntó cuáles son los salarios, máximo y mínimo, y quién los obtiene. También inquirió la opinión del comisionado sobre la estipulación de que nadie debe ganar más que el Presidente de la República.
De la misma bancada, el diputado Ignacio Benjamín Campos Equihua afirmó que se debe valorar la profesionalización y el tiempo que invirtieron los empleados del IFT en especializarse. Propuso buscar mecanismos a fin de ser más eficientes y eficaces en el uso y transparencia del presupuesto. ¿Cómo ha influido el IFT en el otorgamiento de las concesiones radiofónicas comunitarias, porque muchos pueblos indígenas buscan una estación de radio, sin lograrlo?, advirtió.
Al dar respuesta, Contreras Saldívar propuso a los diputados revisar el marco legal en comunicaciones con el propósito de superar la restricción de disponibilidad espectral existente. Se piensa que con un equipo se puede radiar, pero no es así, porque eso podría poner en peligro servicios públicos como la comunicación de emisiones críticas, incluso de navegación. “El principal obstáculo es que exista espectro, la tramitología con los pueblos autóctonos no existe, porque se trabaja con ellos directamente para que presenten su propuesta”, aseguró.
Refirió que se ha hecho un esfuerzo decidido para abatir el rezago histórico en el otorgamiento de concesiones indígenas y comunitarias. Se han dado 291 concesiones no comerciales: ocho indígenas, 63 comunitarias y 143 sociales. El reto que se ha enfrentado es la dificultad de acreditar los requisitos previstos en la ley.
Consideró que el Congreso puede adoptar medidas legales con el fin de agilizar el acceso. Mencionó que trabajan con el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas en asesorar sobre cómo obtener una concesión donde hay disponibilidad.
Sobre la ENDUTIH, dijo que es muy importante para la toma de decisiones y es una herramienta que aporta información valiosa a todos; ejemplo de ello, es que hoy sabemos que cerca del cinco por ciento de la población vive en 36 mil localidades con muy baja densidad poblacional, con alta y muy alta marginación y se ubica esencialmente en el sureste mexicano.
“Hoy las telecomunicaciones nos sirven para todo, bueno, sólo algunos, los que no están conectados no; por ello, es importante identificarlos y orientar programas hacia allá, ese es el valor que tiene la ENDUTIH”, señaló.
Contreras Saldívar explicó que el incremento en las prestaciones salariales obedece a que la ley obliga a tener un sistema profesional de carrera y que prevé condiciones generales de trabajo. “A esto obedece el aumento, en la monetización de estas prestaciones que con base en la sentencia que emitió la Suprema Corte debemos mantener para todo el personal”.
Detalló que la Constitución, en el artículo 127 fracción II, establece que es posible ganar más que el superior jerárquico sin exceder el 50 por ciento del salario del Presidente de la República cuando se esté, así previsto, por trabajo de alta especialización técnica.
El funcionario reiteró que el IFT nació austero. Concentró funciones que tenían las secretarías de Gobernación, de Comunicaciones y Transportes, la Comisión Federal de Telecomunicaciones, la Comisión Federal de Competencia Económica y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, aseguró. No existe una agencia en el mundo que tenga este cúmulo de atribuciones.
El instituto tiene una reducción real de cerca de 40 por ciento. “El año pasado, por esta convicción de austeridad, se hizo un esfuerzo adicional y se presentó un presupuesto de mil 780 millones, subrayó, 200 millones de pesos menos que el año anterior. No existe, de forma alguna, derroches ni privilegios”.
Puntualizó que hay un desconocimiento sobre todo lo que implica un sector tan complejo. “Regular espectro radio-eléctrico, asignarlo, armonizarlo, coordinarlo, transparentar licitaciones, cuestiones de concesionarios indígenas y sociales, regular redes, interoperabilidad, interconexión, protocolos de señalización, de IP, nuevas tecnologías, regular la prestación de servicios, derechos de usuarios, audiencias y accesibilidad, requiere una muy alta especialización técnica”.
“Estoy convencido de que muchos servidores públicos del Instituto merecen un sueldo mucho mayor del que hoy tienen. Nuestra gente no está ahí por un sueldo, está por un compromiso, porque oferta laboral hay y mucha”, subrayó.
El titular del IFT dijo que los gastos en publicidad obedecen a los derechos de los ciudadanos. En cuanto al número de empleados, señaló que por medio de información pública se puede corroborar que hay mil 428.
Explicó que el IFT se apega a lo que marca la ley y subrayó que se han fusionado funciones de la Segob, SHCP, Cofece, Cofetel y Comunicaciones y Transportes.
Mencionó que las consultorías externas se realizan a través de licitaciones públicas, cuya información puede consultarse en Internet. “El IFT tiene un cúmulo de funciones muy específicas y coyunturales; sin embargo, estamos de acuerdo en que se revise a qué se destina cada peso público”.
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