Una cosa es muy clara en las personas que ostentan un cargo público y el ejercicio de poder: un gobierno no puede estar acusando de manera mediática sin contar con un fundamento respaldado por los procesos de investigación y sanción institucionales. Mucho más si se trata de la máxima autoridad en un órgano público y de gobierno de un estado como lo es la presidencia de la república. Y no hablo específicamente de un nombre, sino de toda la investidura e institución.
Es preciso establecer que la limitación de ese poder, en el caso de México, se encuentra en el principio de legalidad constitucional que establece la realidad irrefutable de que la autoridad se debe limitar a las facultades, competencias y jurisdicción que la ley le determina para el ejercicio de su cargo público. La extralimitación de esta frontera legal se debe calificar como un acto de autoritarismo que contraviene los derechos civiles y políticos del ciudadano.
Grave resulta, entonces, que un gobierno emprenda acusaciones mediáticas sin contar con el fundamento de la denuncia y del debido proceso que implica someterse a las vías institucionales.
Ahora se va confirmando que no existe la corrupción tan rampante como se nos hizo saber en el caso del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México que justificó la cancelación de este por el gobierno federal. Un tema que nos debería preocupar por el costo económico que significa cancelar una obra de tal envergadura. Pero, además, que responde no a un lujo sino a una necesidad de contar con mayor infraestructura aeroportuaria que no es nueva, sino que desde hace ya dos décadas se había prevista tal circunstancia.
Tenemos también el caso de las estancias infantiles que se planteó su cancelación por encontrar muchas desviaciones. Sin embargo, no existen procedimientos ni administrativos menos panales de responsabilidad en actos ilícitos de los funcionarios o personas que cometieron actos de corrupción en este rubro.
En la semana se ha dado a conocer indicios de corrupción en distribuidoras farmacéuticas. Por lo cual, de manera unilateral se toma de la decisión de cancelarles los contratos que tenían con el gobierno federal. Las instancias del gobierno federal ya dieron a conocer que solo en un caso existe una denuncia y los otros se están investigando. Aún y a pesar de esta carencia legal de fundamento comprobado de manera inequívoca y fehacientemente el gobierno federal no solo toma una decisión, sino que enloda la imagen pública de una institución.
Ahora resulta que la carestía de las gasolinas es culpa de los concesionarios de gasolinerías que abusan del subsidio que el gobierno otorga por asumirlo como parte de la utilidad de la empresa en detrimento de la economía de los clientes, es decir, de los mexicanos. Por lo cual, se anuncia que para el próximo lunes se dará a conocer las lista de quienes abusan, como una primera llamada de atención y con la esperanza de que retomen el camino de la corrección y no abusen.
Un gobierno no puede ni debe acusar a la ligera.
Como en cualquier otro caso, si alguien abusa o comete un ilícito, se deben iniciar los procesos administrativos y/o penales que correspondan.
La presunción de inocencia, uno de los principios fundamentales para la legalidad de cualquier ámbito o conflicto jurídico, no debe ser vulnerado, mucho menos por quien tiene la obligación de hacer valer el correcto estado de derecho.
Este rasgo del nuevo régimen nos debe preocupar por configurarse y caracterizarse como actos que deben ser calificados como autoritarios, por extralimitarse de las facultades legales constitucionales y los principios básicos de nuestro sistema jurídico.
