Managua, 24 dic (EFE).- El movimiento Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN) lamentó este jueves “el sistemático deterioro de la libertad de prensa” en este país centroamericano, que está inmerso en una grave crisis sociopolítica desde abril de 2018.
En específico, criticaron la formalización de la “expropiación” por parte del Estado de los edificios donde funcionaba el canal de televisión 100 % Noticias y el de las revistas digitales Confidencial y Niú y los programas televisivos “Esta Semana” y “Esta Noche”, que se encuentran resguardados por policías desde hace dos años.
El Estado de Nicaragua cedió al Ministerio de Salud (Minsa) los edificios donde funcionaban los dos medios críticos con el Gobierno del presidente Daniel Ortega.
Las instalaciones de esos medios amanecieron el miércoles con el rótulo “esta propiedad pertenece al Ministerio de Salud”, según constató Efe.
Efe ha intentado obtener una explicación oficial por parte del Gobierno sobre el procedimiento en contra de esos edificios, pero esta no ha sido posible.
En diciembre de 2018, la Policía de Nicaragua allanó y se tomó por la fuerza los edificios privados donde funcionaban el canal de televisión 100 % Noticias, dirigido por el periodista Miguel Mora, que estuvo encarcelado; así como las salas de redacción de los medios Esta Semana, Esta Noche, Confidencial y Niú, dirigido por el periodista Carlos Fernando Chamorro, que estuvo exiliado.
PIDEN TOLERANCIA AL GOBIERNO
“Esta situación afecta gravemente los derechos de sus propietarios, a los periodistas y comunicadores que colaboran en estos medios, así como a sus audiencias y al sistema democrático del país”, señaló esa organización gremial.
“La expropiación (confiscación ilegal) se ejecuta luego que por dos años el Gobierno de Ortega mantuviera tomados por la fuerza los edificios y equipos de estos medios de comunicación, sin un proceso judicial legítimo, ni respetando los derechos que le asisten a las personas jurídicas y naturales”, continuó el PCIN.
Ese gremio se solidarizó con el grupo de medios de comunicación afectados y exigió al Gobierno revertir “este y otros procesos lesivos a los derechos de la ciudadanía, a la libertad de prensa, y en general a la democracia de nuestro país”.
Asimismo, instó al Ejecutivo a “adoptar una actitud tolerante frente al disenso, el periodismo independiente y medios de comunicación que permiten la pluralidad de voces y diversidad de opiniones, pilar fundamental para el Estado de Derecho”.
Las agresiones del Estado y de la Policía Nacional contra periodistas u otros trabajadores de medios de comunicación no oficialistas ocurren con frecuencia en Nicaragua desde abril de 2018 cuando estalló la crisis, según ha denunciado la no gubernamental Fundación Violeta Barrios de Chamorro.
Desde abril de 2018, Nicaragua vive una crisis sociopolítica que ha dejado al menos 328 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque organismos locales elevan la cifra a 684 y el Gobierno reconoce 200 y denuncia un supuesto intento de golpe de Estado.
