Inicio Análisis político Enrique Vidales Ripoll IFE ¿amigo de AMLO y enemigo de la inversión privada?

IFE ¿amigo de AMLO y enemigo de la inversión privada?

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Ser arbitro de cualquier contienda implica una responsabilidad que se debe cumplir a cabalidad, inclusive contra los propios temores o demonios ajenos.

Las empresas SORIANA y MONEX, así como también la periodista Carmen Aristegui – conocida como una defensora de la causa de AMLO – han denunciado y solicitado al IFE que se deje de transmitir el spot que utiliza a los anteriores por considerar que son calumniosos, difamadores y que afectan por ello a la reputación de cada uno.

Según el equipo que rodea a Andrés Manuel López Obrador la defensa del voto se centra en la batalla legal que hoy está interpuesta ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Pero en los hechos, por el discurso y el spot mismo, el equipo está trastocando el respeto a la misma legalidad al utilizar descalificativos infundados, ya que hasta ahora no hay un veredicto final de la autoridad electoral que confirme que realmente las empresas SORIANA o MONEX han incurrido en prácticas fuera del marco legal electoral.

Por lo tanto, el pretender publicitar la base de sus alegatos en contra de estas empresas en una evidente campaña publicataria y mediática es trasgredir la garantía de protección constitucional de presunción de inocencia al hacer de éstas ya responsables de la derrota del candidato perredista Manuel López Obrador.

Al IFE por lo que se puede observar no le interesa garantizar los derechos de ciudadanos y empresas que hacen un trabajo lícito y que además son fuente de ingresos para miles de familia cuyos miembros trabajos en ellas.

¿En dónde queda pues la responsabilidad y la mano firme del arbitro electoral que hoy tiene miedo a las “tribus” y “huestes” perredistas?

Esto tampoco significa que no se deba culpar y sancionar a quien es responsable de un delito. Si alguien fuese responsable, debe pagar con la sanción correspondiente y en la justa medida como lo afirma el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos, que tácitamente prohibe entre otras penas como la infamia u otras que sean inusitadas o trascendentales. “Toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico tutelado”.

Pero a los consejeros del IFE no les importa que se dañe por infamia a instituciones que han hecho bien a México cuando aún NO HAY VEREDICTO JUDICIAL ALGUNO QUE LO SOSTENGA