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Impunidad a los corruptos, el sistema político mexicano se protege

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La esperanza es un buen desayuno, pero una mala cena

Francis Bacon

 

El 1 de julio de 2018, al igual como han sido en las anteriores citas electorales, el pueblo eligió a las nuevas autoridades con la firme convicción de que era necesario un cambio en la acción política.

Es claro que los mexicanos se cansaron de la corrupción, el abuso de los servidores públicos, de la soberbia en el acto de gobierno, de la insensibilidad de los actores políticos para entender y resolver las deficiencias sociales.

El discurso de campaña que se nutrió de datos y hechos que denunciaban una corrupción rampante se acompañaba de promesas de que habría denuncias y castigos para los que “han saqueado al país”.

Sin embargo, es muy claro y evidente de que, a meses de haber tomado posesión en el gobierno, tanto a nivel federal como en nuestro caso en Yucatán, el gobierno parece “dejar pasar” la tarea prometida de sancionar y castigar los hechos corruptos de administraciones pasadas, aún cuando fueron promesas de campaña.

En el caso de Yucatán, de nada le sirvió al entonces candidato y hoy gobernador Mauricio Vila presentar un presunto mal ejercicio del gasto presupuestado en el sector salud en el primer debate de campaña el año pasado. Ahora, la Auditoría Superior del Estado de Yucatán y el Congreso de Yucatán, con la aprobación de los diputados de Acción Nacional, se aprobó en días pasados la cuenta pública 2017 de Rolando Zapata Bello.

Con ello se asienta en la decisión del Congreso del Estado que no hay mayores observaciones al ejercicio presupuestal de la administración de Zapata Bello. Con lo cual, habría entonces razones para suponer que las denuncias interpuestas por la administración de Vila no tienen materia u objeto ilícito.

¿Cómo terminará está historia? ¿El panismo yucateco está de acuerdo con los legisladores que refuerzan, con esta decisión, la calificación a Rolando Zapata como el mejor gobernante en el sexenio pasado?

Por su parte, en la administración federal se ha utilizado el tema de la corrupción como justificación para romper tanto con el modelo económico neoliberal, sino también, para redefinir políticas públicas, obras de infraestructura y alcances de los programas sociales. Sin embargo, no existe hasta ahora ningún funcionario procesado por prácticas deshonestas y corruptas. Tan solo parecería que la utilidad está en el discurso político que justifica las acciones.

De tal modo, que se confirma que el sistema político mexicano arraiga en su naturaleza y estructura una protección a los actos de corrupción de las administraciones de gobierno pasadas alentando con ello la impunidad e inmunidad política.

Esto abona a la desconfianza en las instituciones y parece que cada vez se marca más por el circulo vicioso en cada renovación política, sin importar que el cambio sea de un partido a otro. La confabulación proteccionista mantiene la impunidad a quienes han robado y saqueado las finanzas públicas y, con ello, se han enriquecido al servirse del poder en lugar de estar al servicio del pueblo.

¿Tendremos que seguir esperando que para el próximo sexenio si existan autoridades valientes que castiguen la corrupción del pasado?