La presidenta de la Comisión de Salud, diputada Miroslava Sánchez Galván, inauguró el foro Panorama médico-jurídico de la cirugía estética en México. Impacto en la salud de la población por la formación inadecuada de médicos en cirugía estética, cuyo propósito es analizar la regulación de esos procedimientos y quienes son considerados como peritos o profesionales para realizarlos.
Destacó que para proteger la salud de hombres y mujeres que deciden ponerse en manos de una persona para una cirugía estética o reconstructiva se debe delimitar el hacer de los médicos de especialidad y los que no lo son, pero que se dedican a la estética.
Es importante escuchar a todos los sectores involucrados en esta práctica, para allegarse elementos y fundamentos para que la medicina estética tenga los cauces legales que se requieren para un buen ejercicio.
Se necesita contar con argumentos que permitan incidir en la legislación, para impulsar una práctica ética que dé certeza y seguridad a pacientes en cualquier procedimiento, agregó.
La organizadora del foro, diputada Graciela Zavaleta Sánchez (Morena), explicó que en anteriores legislaturas se han presentado iniciativas para reformar las leyes generales de Salud y de Educación, así como el Código Penal Federal, propuestas de puntos de acuerdo para abordar esta problemática, que demuestran el interés de legisladores y grupos parlamentarios en esta temática, cuyas propuestas no serán estériles y desembocan en este ejercicio de parlamento abierto.
“Queremos una visión amplia de lo que el tema conlleva e implica, conocer la opinión de especialistas para cubrir lagunas legislativas y explorar lo que rige actualmente, respecto del derecho al ejercicio de la libre profesión”.
Se pronunció por construir una legislación respetuosa de derechos humanos, relativos a la vida, la salud, libre ejercicio de la profesión, seguridad jurídica y derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.
“Es un debate no menor cuando se trata de la salud y la vida, así como la erradicación de la violencia cometida contra las mujeres”.
La secretaria de la Comisión de Salud, diputada Martha Estela Romo Cuéllar (PAN), afirmó que a lo largo de los años se ha platicado y hablado sobre el tema, acciones que no se han visto reflejadas en una regulación adecuada “ni en un combate directo a la charlatanería y la problemática con la que se encuentran todos los días”.
Consideró necesario tomar con seriedad el impacto que estas malas prácticas tiene en la salud pública con medidas legislativas. “Es una prioridad y trabajaremos en este tema”.
Del Comité Médico Legal de la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva, Mario Pantoja Ludueña, manifestó: “estamos invadidos por instituciones que ofrecen cursos con escasa o nula práctica con pacientes y ofrecen maestría en cirugía estética; así salen a operar e inyectar sustancias ocasionando múltiples complicaciones desde daños físicos hasta fallecimientos”.
Esta problemática es violatoria de los derechos humanos y “constituye un problema de género porque alrededor de 85 por ciento de los fallecimientos son de mujeres, y 90 por ciento queda con secuelas consecuentes”.
También es un problema de salud pública porque cuando el médico que operó no resuelve la complicación causada por su mal procedimiento, los pacientes acuden a hospitales públicos donde hay servicios de cirugía plástica, estética y reconstructiva, y se utilizan recursos humanos y materiales que pudieran haberse usado en pacientes con secuela de cáncer o niños con malformaciones.
Refirió que en 2010 el Hospital General de México reportó en una casuística, 279 pacientes complicados con secuelas de procedimientos estéticos, 84 por ciento eran mujeres en edad productiva, con una media de edad de 36 años, y 87 por ciento eran de nivel socioeconómico medio.
Respecto a 2011 se atendieron 177 nuevos casos; al 23.72 por ciento se les realizó algún procedimiento quirúrgico costoso y utilizaron cuidados intensivos, complejas cirugías en varios tiempos; se reportaron varios fallecimientos y múltiples amputaciones de áreas glúteas, senos y miembros inferiores. El último estudio contiene datos a 2018 con 213 nuevos casos.
El presidente de la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva, Lázaro Cárdenas Camarena, explicó que México ocupa el 4°lugar en cirugías estéticas en el mundo, realizadas por cirujanos plásticos, cuya preparación implica “un camino largo y no sencillo”.
“El cirujano plástico tiene que cursar seis años de la carrera de medicina; dos o tres años de cirugía general y después la especialidad en cirugía estética” y debe presentar el Examen Nacional de Aspirantes a Residencias Médicas, filtro para que los mejores doctores sean quienes puedan desarrollarse en una especialidad.
Este año se presentaron 55 mil aspirantes, de los cuales sólo 15 por ciento pudo acreditar los conocimientos para pasar a una especialidad; de ellos 1.3 por ciento (762) entró a cirugía general y sólo .1 por ciento ingresó a cirugía plástica.
Además, la especialidad debe abarcar habilidades quirúrgicas por lo que la práctica es indispensable. En una institución de salud, el cirujano plástico realiza, como cirujano, 167 procedimientos en promedio, y como primer asistente 142; en total 309 cirugías durante su residencia, cifra por encima de Brasil y de Estados Unidos.
A su vez, el director general de Calidad y Educación en Salud de la Secretaría de Salud, Sebastián García Saisó, afirmó que la Ley General de Salud manifestó una falta de congruencia entre la Ley General de Salud y la de Educción que pone en riesgo a personas “que no pueden distinguir si el médico que tiene enfrente es un especialista certificado, o si es alguien con un título que le otorgó una institución educativa, pero no tiene la certificación”.
Existen maestrías en áreas de competencia de los especialistas, en el marco de la ley de Educación, pero no de la de Salud. “Hay una asimetría de información entre el profesionista y el paciente y esta exposición a riesgos innecesarios es lo que debemos abordar desde las leyes, y que el Estado mexicano proteja esta seguridad ante riesgos que pueden exponer la vida y la salud”.
“La Ley General de Salud es clara y contundente, es en la de Educación donde están los problemas de interpretación”. Explicó que el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios Superiores (RVOES) se otorga en el ámbito local, no en el federal, “por eso pueden dar esos cursos, que no profesionalizan ni habilitan para la práctica de un área específica del conocimiento”.
Añadió que en México se gradúan más de 18 mil médicos al año, de más de 160 escuelas de medicina; todas tienen RVOES o son autónomas; en 73 universidades públicas y 88 privadas se forman médicos y hay una matrícula de 120 mil doctores entre el primero y el sexto año de la carrera.
El presidente del Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas (Conacem), Onofre Muñoz Hernández dijo que este organismo, se encarga de vigilar y regular el funcionamiento de los 47 consejos que lo integran, que certifican igual número de especialidades y 77 subespecialidades.
Informó que entre 1995 y 2011, la certificación de médicos especialistas que querían contar con un papel que reconociera su capacidad, era voluntaria. Fue en 2011 cuando se modificó la Ley General de Salud y estableció la obligatoriedad de hacerlo para ejercer especialidad médica.
Así, se otorgó al Conacem, una asociación civil, la característica de ser organismo auxiliar para regular y vigilar que los consejos hagan su papel en forma adecuada, porque la hacía desde 1995 “y lo hacía bien”.
Indicó que cada cinco años se deben certificar los médicos en una especialidad quirúrgica y hay mil 696 médicos certificados por el consejo, en la especialidad de cirugía plástica, estética y reconstructiva.
Durante el acto se conoció el testimonio de sobrevivientes y víctimas de mala praxis médica que denunciaron fue realizada por quienes se dijeron cirujanos plásticos sin serlo y realizan operaciones quirúrgicas estéticas en consultorios, clínicas clandestinas y hospitales que no exigen la presentación de cédulas de la especialidad.
“Se deben tomar medidas legislativas federales para que esos establecimientos sean corresponsables al no exigir cédulas de especialidad”. Además, propusieron que el fallecimiento de pacientes en estos casos, sea considerado como homicidio doloso, “no culposo, porque al realizar una operación sabiendo que no tienen la certificación, hay dolo”.
Boletín de prensa
