Pleno avaló, con 414 votos, el dictamen por el que faculta a la Secretaría de Gobernación a analizar y coadyuvar con la de Turismo los casos en que sea necesaria la protección de la integridad física de los turistas.
El documento, que reforma la fracción IX del artículo 7 de la Ley General de Turismo y enviado al Senado de la Republica para sus efectos constitucionales, refiere que la incidencia delictiva es un factor que debilita exponencialmente al sector turístico en varias entidades federativas, provocando pérdida de competitividad respecto a otras naciones; basta mencionar, precisa, que la incidencia delictiva creció un 79 por ciento de 2007 a 2015.
Agrega que la relación inversa entre el aumento de la incidencia delictiva y la disminución del turismo, también ha sido evidenciada a través de las alertas de viaje emitidas por algunos países. Tan solo en 2015, Estados Unidos emitió 19 para el mismo número de destinos, entre los cuales se encuentra Cancún, Acapulco, Oaxaca, Puerto Vallarta y la Ciudad de México, principales zonas turísticas del país.
De Estados Unidos, procede el 53 por ciento del turismo que recibe México y dichas alertas de viaje afectan de manera directa al empleo e indirectamente a los agregados macroeconómicos más importantes como el Producto Interno Bruto (PIB) y la balanza de pagos.
Por lo tanto, continua, se requiere armonizar la Ley General de Turismo con la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, derivada de la reciente reforma a ésta última, por la que se faculta a la Secretaría de Gobernación para formular y ejecutar las políticas, programas y acciones tendentes a garantizar la seguridad pública del país y de sus habitantes.
En la fundamentación, la presidenta de la Comisión de Turismo, diputada Gretel Culin Jaime (PAN), señaló que la seguridad es un factor determinante que incide en la decisión de las personas al momento de elegir el destino de sus próximas vacaciones.
Con el dictamen, expuso, se propiciarán condiciones de certidumbre jurídica y eficacia en la aplicación de la ley para todos los que convergen dentro del sector turístico del país, pues el tema reviste gran importancia por tratarse de la seguridad interna del país y la protección de la integridad y los derechos de los ciudadanos, incluidos los turistas nacionales y extranjeros.
Recordó que la hoy extinta Secretaría de Seguridad Pública tuvo en su momento la facultad de salvaguardar la seguridad interna de México, así como proteger la integridad y derechos de los ciudadanos; por ello, justificó, se necesita actualizar la Ley General de Turismo con las nuevas facultades transferidas a la Secretaría de Gobernación.
Al iniciar los posicionamientos, el diputado Gonzalo Guízar Valladares (Encuentro Social) mencionó que como “Estado-Nación tenemos la obligación de brindar seguridad a los ciudadanos, extranjeros y nacionales. Este dictamen se da en el contexto de las alertas para turistas emitidas por diferentes países”.
De Nueva Alianza, la diputada Mirna Isabel Saldívar Paz argumentó que las divisas que genera la actividad turística en el país son una forma de fomentar el crecimiento económico. “No podemos permitir que la inseguridad y la criminalidad arrebaten a la ciudadanía esta oportunidad de desarrollo”.
La diputada Delfina Gómez Álvarez (Morena) aplaudió la importancia de implementar todas las medidas necesarias para establecer un control efectivo de la delincuencia que afecta a las zonas turísticas e hizo votos por contar con padrones actualizados y certificados de prestadores de servicios. “Que México sea un país con destinos turísticos sanos, seguros, para que visitantes disfruten de toda la riqueza cultural que se ofrece”.
Por el PVEM, el diputado Luis Ignacio Avendaño Bermúdez puntualizó que en los últimos años el turismo ha contribuido a generar una bonanza económica, pues de enero a mayo de 2016 llegaron por vía aérea 11 millones de pasajeros; sin embargo, dijo, a pesar de las positivas cifras, “no se puede soslayar que existe un inconveniente que tiene el potencial de dañar gravemente el auge de la industria turística mexicana, como es la percepción de inseguridad, generada por el crimen organizado”.
El legislador Luis Ernesto Munguía González (Movimiento Ciudadano) añadió que la inseguridad en las zonas turísticas del país incide directamente en la afluencia de viajeros, pues esto solo genera mala publicidad que disminuye su competitividad. La falta de seguridad en estas regiones es un gran obstáculo que diezma la calidad de vida de las personas que dependen directamente del turismo, enfatizó.
Araceli Saucedo Reyes, diputada del PRD, consideró que este dictamen abona a la seguridad y al fomento a la actividad turística, pues desde ahora será vista bajo el lente de los derechos humanos y, por lo tanto, lo vuelve en un interés público. “Se está mandando un mensaje optimista a los ciudadanos nacionales y extranjeros”, pues espacios turísticos como la Ciudad de México, Cuernavaca, Villahermosa y Morelia, “deben ser lugares que aseguren la paz y la tranquilidad de las personas”.
El diputado Francisco Ricardo Shefield Padilla (PAN) resaltó que el hecho de que la Secretaría de Turismo coadyuve con la de Gobernación para desarrollar programas y acciones de protección y atención a los turistas, tanto los nacionales como lo extranjeros, cuidando la integridad y el patrimonio de todas las personas que viajan, permitirá abonar para que pueda “seguir creciendo este sector y (México) seguir siendo uno de los destinos turísticos más importantes a nivel mundial”.
Del PRI, la diputada Azul Etcheverry Aranda precisó que tan sólo en 2015, Estados Unidos emitió 19 alertas de viaje con avisos de prevención para distintos lugares, entre ellos Cancún, Acapulco, Oaxaca, Guanajuato, Puerto Vallarta y Ciudad de México. “La incidencia delictiva tiene un efecto muy negativo en el sector turístico y de la derrama económica; es necesario que se promuevan más acciones especiales en materia de seguridad para los turistas nacionales y extranjeros”.
