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Independencia judicial … ¿un mal necesario?

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No hay duda que hay muchos motivos que fomentan la necesidad de un cambio en el régimen político en México. Aun y a pesar de haber transitado, desde hace 20 años, por el proceso de consolidación de la democracia con más apertura y respeto a la pluralidad política e ideológica, la corrupción sigue siendo el talón de Aquiles que vulnera la confianza de las instituciones políticas y públicas.

La conformación del Estado mexicano se sustenta en la teoría de división del poder, postulada en el Espíritu de las Leyes del Barón de Montesquieu. Dicha teoría surge como reacción al autoritarismo de la monarquía donde el monarca era el amo supremo, el soberano sobre el cual recaía todo el poder para legislar, juzgar y ejecutar las leyes. Por lo cual, Montesquieu determinó que era necesario segmentar el poder en tres entidades que funcionarán de manera independiente, nunca una encima de la otra, sino que “hombro con hombro” conduciendo los destino de gobierno.

En el artículo 49 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se establece que “El Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial”. Con lo cual se impide que dos o más poderes pueden reunirse en una sola persona o entidad de gobierno.

En los libros de texto se desprende que la representación del Estado mexicano recae en el presidente de la república, titular del Poder Ejecutivo. El legislativo, en el Congreso de la Unión, que a su vez se divide en las Cámaras de Senadores y Diputados, y tiene la facultad de crear, modificar o suprimir las normas del sistema jurídico mexicano. Por último, el Poder Judicial que tiene a su encargo la resolución de los casos que son de su conocimiento interpretando las leyes que corresponda a cada situación.

Sin embargo, más allá de la teoría política de división de poderes y por la misma conformación del quehacer político en México, la división de poderes constituye una ficción y simulación que no abona a verdaderamente construir un auténtico estado de derecho.

¿Cuándo ha existido realmente una independencia real entre los poderes, que no estén sojuzgados a la figura presidencial?

En la conciencia social del mexicano predomina la figura presidencial como el máximo poder político en México. La frase “No se mueve la hoja de un árbol si no es la voluntad de dios” se convierte en México “No se mueve la hoja de un árbol si es por orden del presidente”.

De tal manera que el presidencialismo succionaba todas las competencias y facultades de los dos poderes del Estado. Políticamente el poder de la conducción de la nación estaba en manos del todopoderoso presidente. Con la transición democrática y el advenimiento de la oposición política al poder no significó una renovación de este paradigma. No existió distancia entre el presidente ni con su partido político y mucho menos con su propia fuerza política en las cámaras legislativas y hasta cierto punto con los miembros de la corte.

El poder judicial como un organismo de poder independiente y supuestamente soberano en definición quedaba supeditado tanto a los poderes ejecutivo y legislativo, por lo menos de forma presupuestaria. El presupuesto de egresos de la federación es una iniciativa propuesta por el ejecutivo federal y discutido y aprobado por el legislativo. El judicial no tiene capacidad de generar ingresos que le permitan cumplir cabalmente con todas sus funciones. Por lo cual siempre tiene que proponer y cabildear, tanto con los dos otros poderes, los montos de los recursos que se le asignarían.

Es por ello, que desde hace algunos años, los integrantes de los poderes judiciales de la federación y de las entidades federativas, han abogado por una independencia que les permita consolidarse como un verdadero contrapeso institucional, tal y como se afirma en la teoría y doctrina política del sentido y valor de la democracia.

No hay duda que hay motivos de desconfianza ciudadana en la procuración e impartición de justicia. No es expedita, como tampoco termina siendo en algunos casos justa a la perspectiva y percepción ciudadana. Que escandaliza a la sociedad cuando nos enteramos de la corrupción, del nepotismo y del tráfico de influencias que vulneran la solidez de las instituciones jurisdiccionales.

¿Es motivo más que suficiente para descalificar per se a todo el poder judicial?

El Poder Judicial ha estado fuera de los ojos del escrutinio social. No están en el flechero directo del cuestionamiento social porque sus acciones permanecen ocultas en la justificación de que la conducta discrecional de las acciones, fallos y sentencias son para hacer valer los principios procesales y no viciar los procesos judiciales.

El pueblo no sabe que sucede dentro de los muros de los edificios donde despachan los jueces, magistrados y ministros. No hay transparencia ni tampoco una rendición de cuentas efectivo y a la luz pública. Resulta difícil comprender e interiorizar la naturaleza de los grandes sueldos ni tampoco del pago del riesgo.

¿Cómo puede ser posible que el presidente de la SCJN sea al mismo tiempo el presidente del Consejo de la Judicatura que en definición se encarga de vigilar y sancionar la labor del mismo Poder Judicial? ¿Cómo se garantiza entonces la imparcialidad y objetividad para analizar el cabal cumplimiento de las funciones de los jueces, magistrados y ministros?

Pero hoy se han puesto en la discusión nacional ante el hartazgo social que nos ha conducido un sistema que ha privilegiado a unos pocos en detrimento de los intereses públicos y de la voluntad general.

Es cierto que hay graves riesgos en la polarización en la división de poderes. Eso no ayuda ni al diálogo ni la colaboración interinstitucional que se requiere para constituir un sistema de pesos y contrapesos que fortalezca a la democracia.

La división de poderes debe prevalecer y fortalecerse. Lo que tampoco debe ser considerado como una oportunidad para la impunidad y la opacidad.