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La caridad no debe confundirse con el derecho a la alimentación, asegura experta independiente

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Con un PIB estimado de 284.000 millones de dólares, Italia es conocida mundialmente por sus innovadora industria, el vasto sector agrícola y una moderna capacidad de producción. Sin embargo, hay un lado oscuro porque, debido al complejo sistema alimentario italiano, los trabajadores y los pequeños productores en el sector agrícola son aplastados por una pesada carga, dijo este viernes la relatora especial* de la ONU sobre el derecho a la alimentación, Hilal Elver.

La experta independiente, que acaba de terminar una visita de once días al país, explicó que “en la escena internacional, Italia es un país muy activo en la promoción de los derechos humanos, especialmente en lo que respecta al derecho a la alimentación; pero esto no se refleja completamente a nivel nacional”.

Para un país desarrollado, tales niveles de pobreza y carestía de alimentos son inaceptables.

“Durante mi visita conocí a muchas personas que dependen de bancos de alimentos y organizaciones benéficas para su próxima comida, migrantes sin hogar y sin alojamiento seguro para pasar la noche, trabajadores agrícolas sometidos a horas de trabajo excesivas en condiciones difíciles y con salarios bajos, que no les permiten satisfacer las necesidades básicas, trabajadores migrantes indocumentados y, por lo tanto, relegados al limbo sin acceso a trabajos regulares o la posibilidad de alquilar un lugar digno para vivir y estudiantes cuyas familias son demasiado pobres para pagar los precios requeridos por los comedores escolares”, afirmó.

Por eso dijo que, como país desarrollado, así como la tercera economía más grande de Europa, tales niveles de pobreza y carestía de alimentos “son inaceptables”.

Y añadió: “El Gobierno italiano debería entender que la caridad alimentaria no debe confundirse con el derecho a la alimentación”.

Medio millón de migrantes trabajan en el campo
Los migrantes que trabajan en la agricultura son uno de los grupos más vulnerables en Italia.

Dentro del sector agrícola italiano hay entre 450.000 y 500.000 trabajadores migrantes, que representan aproximadamente la mitad de la fuerza laboral en el sector.

La agricultura es a menudo el único campo en el que los trabajadores poco calificados logran encontrar empleo. El mayor porcentaje de trabajadores irregulares en relación con el número total de trabajadores migrantes se encuentra en la agricultura.

“De norte a sur, cientos de miles de trabajadores cultivan la tierra o cuidan el ganado sin protección legal y social adecuada, con bajos salarios y viviendo con la amenaza constante de perder su trabajo, la repatriación forzada o de sufrir violencia física y psicológica”, continuó la relatora.

Mediante la ley 199/2016 contra la explotación laboral, Italia ha ampliado el alcance de la disposición ya existente contra los trabajadores contratados.

 “En cualquier caso, la ley es incapaz de apoyar los derechos humanos de todos los trabajadores agrícolas, específicamente de los inmigrantes indocumentados, relegados a una condición de invisibilidad y miedo”, observa Elver.

Una compleja situación
La explotación en el lugar de trabajo no es la única forma en que la ilegalidad se infiltra en el sistema alimentario italiano.

También hay otros aspectos inaceptables, incluido el abandono de productos contaminados en las zonas rurales, que también se incineran o vierten en las aguas de los ríos.

La presencia de fertilizantes tóxicos y falsificados bastante extendidos, que se importan o ensamblan en Italia y a menudo son utilizados por trabajadores sin las habilidades adecuadas y en ausencia de medidas de seguridad son solo algunas de las diversas prácticas ilegales generalizadas.

Además, existen mercados mayoristas donde los agricultores se ven obligados a aceptar precios tan bajos que corren el riesgo de comprometer su sustento.

Otro aspecto en esta compleja situación son las compras de tierras con ganancias de actividades ilegales.

Finalmente, el aumento en la distribución a gran escala ha llevado a una reorganización significativa del sector alimentario, ya que las principales cadenas de distribución controlan la mayor parte del mercado agroalimentario, imponiendo precios bajos, que los pequeños agricultores no pueden igualar.

La experta independiente también ha podido comprobar que la aprobación en 2018 del decreto de seguridad e inmigración, conocido como el “decreto Salvini”, contribuyó al aumento en el número de trabajadores migrantes indocumentados, acelerando la ilegalización de los solicitantes de asilo y estimulando aún más el trabajo irregular sin ninguna protección.

Actualmente, se estima que el número de inmigrantes indocumentados es de 680.000, el doble que hace cinco años.

Los relatores especiales forman parte de lo que se conoce como los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Los Procedimientos Especiales, el mayor órgano de expertos independientes del sistema de derechos humanos de las Naciones Unidas, es el nombre general de los mecanismos independientes de investigación y supervisión del Consejo que se ocupan de situaciones de países concretos o de cuestiones temáticas en todas las partes del mundo. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de forma voluntaria; no son personal de la ONU y no reciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y prestan servicios a título individual.

Boletín de prensa de la ONU