La operación del gobierno federal en Yucatán resiente en la actualidad un severo retraso, toda vez que los relevos en la titularidad de las diversas delegaciones federales en la entidad están en suspenso.
Los esperados cambios en las delegaciones y representaciones del gobierno federal no se han dado con la misma rapidez con la que se han nombrado los titulares de las dependencias federales.
Todo apunta a que el coordinador de Programas Integrales de la Federación, Joaquín Díaz Mena no ha cumplido con la encomienda que le dieron. Como se recordará ofreció en diciembre pasado un plazo de 180 días para revisar la conveniencia de fusionar o desaparecer las oficinas. Sin embargo, no ha informado de avance alguno y sí en cambio, la operación del servicio público federal está en zozobra.
El período de revisión empezó el 30 de noviembre con la publicación de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que creó las nuevas secretarías de Bienestar y de Seguridad Ciudadana. También se inició el análisis de la normatividad de cada una de las dependencias federales.
En Yucatán hay 64 representaciones del gobierno federal, incluyendo las Fuerzas Armadas, muchas de las cuales están acéfalas tras la renuncia de sus delegados por motivos personales.
Aunque hay representaciones que tienen jurisdicción regional, algunos funcionarios son nombrados por una Junta de Gobierno y hay cargos jerárquicos de nivel gerencial, administradores y delegados que todavía no han sido nombrados o que están en situación irregular.
Para citar dos ejemplos:
En la delegación de la antigua CDI, se designó a Pablo Duarte, pero se afirma que Díaz Mena echó abajo tal movimiento, y todavía no se define oficialmente quién se encargará de la aplicación de programas a favor de los indígenas de Yucatán.
En el caso del Infonavit, más de 7,500 acreditados están esperando ser incluidos en el nuevo programa federal “Responsabilidad Compartida” y a la fecha, esta dependencia no ha definido a los yucatecos; lo que impide saber el cómo se aplicará y el cuándo iniciará con este beneficio en Yucatán.
Esta situación pone en apremio el desarrollo integral de Yucatán, poniendo en el ojo del huracán al “Supér Delegado” federal, ya que sobre él pesa el vital deber público. El Presidente Andrés Manuel López Obrador deberá prestar atención a la irregular actuación de su subalterno.
