Durante una plática con los alumnos del cuarto semestre de ese posgrado y el maestro Mario Pavía Aguilar, el funcionario recalcó que con el nuevo sistema de justicia acusatorio se adoptará un esquema de medios alternativos para que sólo delitos graves como el homicidio o narcotráfico, por citar algunos, tengan que pagarse con la cárcel.
Robos menores o conducir alcoholizado, podrían sancionarse con trabajo comunitario o el retiro de la licencia de conducir; el confesarse culpable y colaborar con la autoridad para aclarar ciertos delitos podrían reducir las condenas de los implicados, las reparaciones al daño e incluso las medidas para quienes reincidan, están en análisis y serán plasmadas en ordenamientos legales.
Luego de que el Congreso del Estado aprobó las Reformas a la Constitución de Yucatán, se tiene un plazo de 10 meses para crear o actualizar 17 leyes, modificar el Código de Procedimientos Penales y el Código Penal, de tal manera que, el “antes muerto que confeso” deberá quedará en la historia para dar paso a la honestidad.
-Es difícil de creer pero es un esquema que ha tenido éxito en Chile y que de alguna manera permite que la sociedad siga adelante; esos valores cívicos y el cambio de mentalidad han permitido también un avance económico y el desarrollo de esa nación-dijo.
En la sesión de preguntas y respuestas los alumnos los profesionales en Economía, Contaduría, Derecho y Ciencias Políticas entre otras especialidades, manifestaron interés por la implementación de un sistema en el que las pruebas y diligencias se realizarán ante un juez y en el que tanto el fiscal como el defensor argumentan y desahogan pruebas ante esa autoridad y no de forma escrita como se hace ahora.
Cuevas González señaló que el papel de los defensores de estado en ese país de América del Sur es tan destacado que incluso las personas con poder económico recurren a ellos debido a su excelente preparación y que en esos casos el estado cobra por esos servicios, recursos que son utilizados ya sea para programas readaptación social o para proporcionar estudios de actualización a los abogados públicos.
Finalmente señaló que la reforma no sólo pretende modernizar la justicia penal con la creación de la Fiscalía General y el Instituto de Defensoría Pública, sino que se reforzará al Poder Judicial y se creará el Consejo de la Judicatura, entre otras acciones de justicia que harán de Yucatán un estado modelo sobre el tema.
