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La OCDE realizará un Estudio sobre las Políticas de Integridad de la Ciudad de México

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30 May 2016 - Miguel Angel Mancera, Mayor of Mexico City and and Angel Gurría, Secretary-General of the OECD signing of collaboration at the OECD. Photo: MarcoIlluminati/OECD

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el Gobierno de la Ciudad de México firmaron un acuerdo para que la OCDE lleve a cabo una revisión de las políticas de integridad del Gobierno de la Ciudad de México. Dicho evento fue presidido por el Secretario General de la OCDE, Ángel Gurría, y el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera.

Dicho estudio tiene por objetivo apoyar al Gobierno de la Ciudad de México en el desarrollo de políticas para fortalecer la integridad en el servicio público. El trabajo se realizará con base en las buenas prácticas de los países miembros de la OCDE y abarcará temas como los arreglos institucionales para la integridad (instituciones, cooperación y gobernanza multinivel); el desarrollo de una cultura de integridad entre funcionarios públicos, el sector privado y los ciudadanos (ética y estándares en el servicio público, gestión y prevención de conflictos de interés); y control, gestión y cumplimiento efectivos (control interno, gestión de riesgos de corrupción, protección de denunciantes y sistema disciplinario).

Además de llevar a cabo el estudio, la OCDE capacitará a funcionarios públicos del Gobierno de la Ciudad de México en las áreas mencionadas y proporcionará metodologías y herramientas prácticas para fortalecer el sistema de integridad.  De igual forma y como resultado de los trabajos, la OCDE y el Gobierno de la Ciudad de México definirán un plan de implementación de las reformas necesarias, el cual será acompañado por expertos de la OCDE.

La OCDE da la bienvenida a la disposición del Gobierno de la Ciudad de México por adoptar buenas prácticas en materia de integridad, en una coyuntura clave para la discusión y aprobación del paquete legislativo que dará sustento al Sistema Nacional Anticorrupción, dispuesto por la reforma constitucional en dicha materia, así como para las discusiones sobre la Constitución de la Ciudad de México. La reforma constitucional establece que las entidades federativas deberán implementar sistemas locales anticorrupción con el objeto de coordinar a las autoridades locales competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción.