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La UADY comprometida con la sociedad yucateca

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Se presenta al Consejo Universitario propuesta para modificar el Reglamento de Incorporación y Revalidación de Estudios

Mérida, Yucatán, 26 de septiembre 2018.- Dentro de los trabajos realizados en la sexta agenda estratégica y con el objetivo de garantizar que las instituciones incorporadas funcionen con los mismos estándares de calidad que imperan en las dependencias académicas de la Universidad y contribuir con la responsabilidad que tiene la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY) con la sociedad yucateca, se detectó la necesidad de actualizar el Reglamento de Incorporación y Revalidación de Estudios.

La propuesta de reforma al reglamento consideró la modificación de 26 artículos, la adición de tres y la derogación de nueve, así como la modificación del nombre del Capítulo Tercero, con base en el cumplimiento de la misión “la formación integral y humanista de personas, con carácter profesional y científico, en un marco de apertura a todos los campos del conocimiento y a todos los sectores de la sociedad” y así llegar al logro de la visión 2022.

Dicha propuesta fue presentada por el rector Dr. José de Jesús Williams al Consejo Universitario en la Sesión Ordinaria del día 30 de agosto del año en curso.

 

El Abogado General Renán Ermilo Solís Sánchez, quien dio lectura a la exposición de motivos, explicó que la atribución de la UADY de incorporar instituciones conlleva un compromiso ético y responsable con la sociedad, por lo que se determinó como una tarea prioritaria establecer mecanismos de seguimiento, supervisión y evaluación académico administrativa a las instituciones incorporadas, así como la emisión de lineamientos a fin de garantizar el interés social por impartir los planes y programas de estudio de la Universidad y, en consecuencia, la promoción de la expansión del sistema de instituciones incorporadas, sin menoscabo de la calidad y pertinencia de los servicios educativos.

 

La propuesta de modificación contempla, entre otros aspectos, los siguientes:

 

  • La adopción de la terminología adecuada en cuanto a los tipos de educación y sus niveles en concordancia con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Educación.
  • La actualización y precisión de las áreas de la estructura organizativa de la Universidad relacionadas directamente con los procedimientos de incorporación.
  • La supresión de la opción de incorporar estudios distintos a los que imparte la Universidad.
  • La fijación de derechos arancelarios por la revisión y calificación de las solicitudes de incorporación.
  • La actualización, precisión y simplificación de los requisitos para las solicitudes de incorporación, así como del procedimiento para su otorgamiento.
  • La ampliación de las obligaciones de las instituciones incorporadas, para brindarles mayor claridad y certeza jurídica.
  • El establecimiento de un procedimiento de ratificación del derecho de incorporación cuatrienal.
  • La determinación de sanciones cuando se incumplan las obligaciones inherentes al derecho de incorporación o se incurra en algunos supuestos, así como los criterios y responsables para la aplicación de las mencionadas sanciones.
  • La modificación de los mecanismos de desincorporación, para facilitar el trámite a las instituciones que así lo soliciten.
  • La precisión de la función e integración de los comités consultivos de las instituciones incorporadas.
  • La adecuación de los requisitos para ser director, secretario académico o administrativo de una institución incorporada, así como de las facultades y obligaciones de los mismos.

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