Inicio Análisis político Enrique Vidales Ripoll La verdadera “mano negra” contra la policía federal

La verdadera “mano negra” contra la policía federal

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Que quede muy claro: de acuerdo con la legislación laboral, la relación de trabajo se define en función de vinculación de sumisión del trabajo a las ordenes de un patrón a cambio de una contraprestación económica por el trabajo realizado. Es decir, que no se trata de temas de empresas, siempre y cuando se trate del mismo patrón, la relación laboral es subsistente y con pleno respeto de todos los derechos y obligaciones adquiridos.

Es cierto que se ha creado una nueva Guardia Nacional y se deberá integrarse a ella los elementos de la policía judicial. Por lo que se ha dicho, los elementos de seguridad que ahora se manifiestan afirman que se pretende que se den de baja para ser parte del nuevo cuerpo de seguridad, que conlleva la perdida de algunos derechos o prestaciones laborales.

Si el gobierno federal se dice respetuoso de los derechos laborales debería en su caso abrir procesos de liquidación que implica cumplir con la obligación del pago de la indemnización constitucional de 90 días y todas las prestaciones laborales.

Pretender que los elementos simplemente se den de baja, es decir, que renuncien para después incorporarlos al nuevo organismo de seguridad pública, es violatorio de los principios que fundamentan la legislación laboral y, por ende, una vulneración de derechos humanos.

En situación alternativa y como debería proceder el gobierno con pleno respeto a la legislación laboral, aun cuando el nombre del organismo cambie o sea otro organismo diferente, los policías deberían ser trasferidos con el sueldo y las prestaciones laborales existentes, así como el reconocimiento de su antigüedad, porque siguen estando a la orden y sumisión del mismo patrón.

Por otro lado, no es admisible que el gobierno siga azuzando a sus fervientes seguidores con el discurso justificante de la podredumbre y la corrupción sin que se inicien procesos formales administrativos y judiciales contra los supuestos corruptos. Seguir con ese discurso sin acciones concretas para procesar a los responsables de la corrupción, es vulnerar otro derecho fundamental que es la presunción de la inocencia, tan importante en esta nueva generación de derechos judiciales y procesales.

Para el gobierno federal hay “mano negra” en el conflicto de policías, que no hay causa justa. Lo grave es la “soberbia” de que todo lo que hacen está bien y que todos los que se oponen o critican son los verdaderos enemigos de “auténtica transformación” de México.

Lo que es cierto y está en evidencia a partir de los hechos, es que hay un nuevo problema en México y que resulta grave porque se trata de un descontento en los cuerpos de seguridad del estado que, por estar distraídos en una lucha por sus derechos, deja vulnerable a la sociedad que sufre día a día el aumento de la violencia y la inseguridad.